La reciente denuncia de la sección sindical de CGT sobre la falta de protocolos y la obsolescencia de las comunicaciones revela que la Administración supedita la vida a la disponibilidad de redes privadas y a la improvisación de las trabajadoras.
La gestión de las crisis en el Estado español suele oscilar entre el espectáculo mediático y el abandono burocrático. El último comunicado de la sección sindical de CGT en Cantabria pone sobre la mesa la precariedad del servicio 061, la falta de un sistema de comunicaciones propio y de procedimientos operativos claros ante catástrofes. Esta situación evidencia la prioridad de una institución volcada en su propia supervivencia administrativa antes que en la integridad de los cuerpos que dice proteger.
La obsolescencia como desresponsabilización institucional
En un contexto de hipervigilancia y control biométrico, resulta paradójico que un servicio esencial para la comunidad dependa de canales de comunicación saturados. Según la denuncia, las comunicaciones internas se realizan mediante teléfonos móviles convencionales, utilizando las mismas líneas que el resto de la población.
Esta dependencia de la red comercial constituye una vulnerabilidad política deliberada. En un escenario de colapso de red o apagón —eventos previsibles en la actual crisis sistémica— el servicio quedaría incomunicado. La ausencia de terminales digitales de radio independientes de las empresas de telefonía privadas muestra que la Administración prefiere mantener una estructura de mínimos. Al no dotar al servicio de autonomía técnica, el Estado delega la responsabilidad última en la capacidad de improvisación de las trabajadoras, lavándose las manos ante el caos operativo.
Herramientas de autoorganización frente al desastre
La exigencia de «protocolos» se presenta aquí como la necesidad de herramientas técnicas que permitan la autoorganización frente al desastre. Sucesos recientes en Santander, como los incendios de La Albericia o el incidente en El Bocal, han demostrado que la parálisis institucional se traduce directamente en un castigo para quienes sufren la emergencia.
«El modelo actual se encuentra claramente obsoleto… la falta de un gestor de recursos provoca una saturación que recae sobre las espaldas de quienes están en primera línea», señalan desde el sindicato.
No se trata de pedir «más autoridad», sino de señalar que la jerarquía actual es inoperante para el cuidado. El sistema actual no protege; simplemente administra la precariedad: la falta de un «gestor de recursos» técnico refleja una visión donde el paciente es un número estadístico y la trabajadora una pieza sustituible de una maquinaria gripada.
El derecho a la verdad frente al secreto de gestión
Hacer pública esta situación rompe la paz social que la Administración intenta imponer mediante el silencio. Tras la pandemia de COVID-19, que debería haber servido de punto de inflexión en la gestión de los cuidados comunitarios, la Administración cántabra ha optado por el inmovilismo.
Este escenario obliga a reflexionar sobre la peligrosa dependencia de estructuras estatales incapaces de garantizar la seguridad básica, entendida esta como el apoyo mutuo en la vulnerabilidad (no como orden policial). La ciudadanía no debe ser una usuaria pasiva de un servicio deficiente, sino un sujeto activo que conozca que el sistema de protección está sostenido por hilos.
La mejora del 061 no es una petición de reformas cosméticas al poder, sino la defensa de una infraestructura de cuidados que debería ser de todas y para todas que, por desidia e intereses políticos, se encuentra al borde del colapso técnico. Frente al abandono institucional, la información y la solidaridad técnica entre trabajadoras y comunidad aparecen como las únicas vías de autodefensa real.
