La Asamblea por las Libertades y Contra la Represión celebra este viernes su segundo encuentro de trabajo donde se expondrían las líneas de trabajo e ideas de futuro para este colectivo.
La reunión se produce un día después de que la Policía dislocase un hombro a una persona durante un intento de desahucio en Nueva Montaña, y en la semana en que miles de personas se solidarizaban en diferentes lugares, uno de ellos Santander, con las protestas de los vecinos del barrio Gamonal, en Burgos.
La asamblea surgió ante la preocupación de un grupo de personas por la criminalización de las protestas que supone la combinación de la Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley de Seguridad.
En Cantabria, además, ya se han dado diferentes situaciones represivas que pueden verse como la antesala de lo que puede pasar con la entrada en vigor estas leyes.
Recientemente, María Jesús Cedrún, secretaria general de UGT Cantabria, ha sido condenada a una multa de cien euros por arrojar clavos a la calzada en la huelga general (en unos hechos que ella siempre ha negado) y en los que al final se produjo una rebaja en la petición de penas que se planteaba inicialmente, y que rondaba los 30.000 euros de multa.
En la misma línea, Paco Gómez Nadal, periodista y activista impulsor de La Vorágine, resultó finalmente absuelto de una falta de alteración del orden público por participar en una protesta en una oficina bancaria en Torrelavega, pero el juicio llegó a celebrarse y en un primer momento se le quiso aplicar un tipo penal previsto en la Ley, que aún no había sido aprobada.
En Torrelavega, varias personas que participaron el pasado mes de abril en el escrache a Calderón, han sido sancionadas, apesar de que dichas personas no habían sido identificadas y de haber una sentencia judicial que descartaba las sanciones.
También en la capital del Besaya, durante la última huelga general se sancionó a otras dos personas por un incidente con la Policía, por el que la Fiscalía les pide 16 meses de prisión y multa de 4.000 euros.
Al margen de esto, otro caso siginificativo en Cantabria es el de Oscar Manteca, miembro del Frente Cívico y de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Santander, que pasó este verano una semana de arresto domiciliario por negarse a pagar la multa que le impuso una sentencia por participar, hace un año, en las protestas que recibieron al ministro de Educación, José Ignacio Wert, a su llegada a un curso de la UIMP. La condena fue por los “insultos” al ministro.
