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El Parlamento de Cantabria ha aprobado la Ley de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, presentada por el Ejecutivo como un avance en transparencia, calidad democrática e implicación social. Sin embargo, un análisis más detenido revela que la norma no transfiere poder real a la ciudadanía, sino que institucionaliza una forma de participación controlada que refuerza el papel del Estado como gestor exclusivo de lo público canalizando y domesticando el descontento social.
El aislamiento como método de control
La ley apuesta por mecanismos como consultas públicas, portales digitales, iniciativas individuales y procesos participativos diseñados, moderados y evaluados íntegramente por la Administración. El sujeto de la participación que promueve no es la comunidad organizada ni el colectivo social, sino el individuo aislado, interpelado de forma puntual y descontextualizada.
Este enfoque de participación mediante encuestas personalizadas y canales digitales, desplaza la deliberación colectiva y debilita la construcción de posiciones comunes. La norma no crea ni reconoce espacios autónomos donde las personas podamos debatir entre iguales, contrastar argumentos o elaborar criterios colectivos antes de intervenir en la esfera pública. La reflexión social no se genera desde abajo: se recopila y elabora desde arriba.
En este esquema, la Administración conserva el control completo del proceso. Pregunta, recoge respuestas, interpreta los datos y adopta la decisión final. La participación se limita a una fase inicial y no vinculante, sin capacidad de seguimiento, corrección o revocación. El flujo de poder nunca se invierte.
Participar sin pensar juntos: un riesgo político evidente
La ausencia de estructuras autónomas de deliberación no es un defecto técnico, sino político. Sin espacios donde se forme criterio colectivo, la opinión social se fragmenta y se diluye en una en pro de una ‘opinión ciudadana’ débil, mediatizada por la agenda institucional, tutelada por el Poder y a merced de la propaganda y el populismo gubernamental.
Cuando la participación se reduce a la suma de opiniones individuales, sin debate previo ni construcción colectiva, lo que emerge no es una voluntad popular consciente, sino su trampantojo: una agregación de percepciones dispersas, fácilmente orientables mediante campañas mediáticas, discursos simplificados o apelaciones emocionales. En ese contexto, la participación deja de ser una herramienta de emancipación y se convierte en un mecanismo de validación de decisiones previamente encauzadas.
Un barniz democrático para una estructura intacta
Lejos de descentralizar el poder, la ley introduce procedimientos más sofisticados —consultas, informes técnicos, evaluaciones de viabilidad— que amplían la distancia entre la sociedad y la decisión final. Se nos permite dar una opinión —de forma no vinculante— sobre cuestiones acotadas, generando una apariencia de participación que legitima decisiones ya encauzadas y refuerza el control del resultado.
Las personas, convertidas en `’ciudadanía’, intervenimos al inicio del proceso, pero quedamos completamente ausentes de su desarrollo y su cierre. No podemos corregir, revocar ni imponer. No gestionamos ni ejecutamos. Solo aportamos información que otros administran.
La ley no descentraliza el poder: lo refina. No lo cuestiona: lo hace más eficiente, más legítimo y menos visible.
El llamado ‘gobierno abierto’ profundiza esta lógica. La transparencia, los datos abiertos y la rendición de cuentas amplían el acceso a la información, pero no alteran la relación de dominación. El poder se muestra, se explica y se justifica, pero no se somete a control directo ni a decisión popular.
La jaula se amplía, se ilumina y se decora. Los barrotes se difuminan. Y precisamente por eso resulta más eficaz: cuando el espacio es suficientemente grande y agradable, el encierro deja de percibirse como tal.
Participación como contención del conflicto social
Al canalizar la intervención social exclusivamente por cauces institucionales, reglados y lentos, la ley convierte el conflicto en procedimiento. La protesta se transforma en expediente; la movilización, en formulario; la demanda colectiva, en estadística. El resultado es una participación que no incomoda al Poder, no altera las prioridades estratégicas ni cuestiona los fundamentos del modelo político y económico. Una participación que pacifica más de lo que transforma.
Un obstáculo para la emancipación social
Lejos de impulsar procesos de autonomía colectiva, la norma refuerza el papel del Estado como gestor exclusivo de lo común. No fomenta comunidades con capacidad de deliberar y decidir por sí mismas, sino ciudadanos-clientes que opinan dentro de un marco ajeno.
En este sentido, la Ley de Participación Ciudadana de Cantabria no solo es limitada: resulta nociva para cualquier proceso verdaderamente emancipador. Al sustituir la construcción de poder popular por la gestión institucional de la opinión, consolida una democracia de baja intensidad que ofrece participación sin soberanía y voz sin capacidad de mando.
La cuestión de fondo no es cuántas personas participan, sino quién piensa, quién decide y quién controla el resultado. Y en ese punto, la nueva Ley de Participación Ciudadana de Cantabria ofrece una respuesta clara: el Poder sigue exactamente donde estaba, aunque ahora se presente con un rostro más amable.
