El Grupo Antimilitarista Tortuga ha presentado este martes el informe La política del miedo: 80.000 millones de gasto militar para 2026. Un trabajo que desmonta las cifras oficiales del gasto en defensa y pone de relieve el avance sostenido del militarismo en el Estado español, incluso en un contexto de emergencia social y deterioro de los servicios públicos.
El informe, elaborado por Juan Carlos Rois, explica que el gasto militar real va mucho más allá de lo que aparece en los Presupuestos Generales del Estado. No se trata solo del dinero asignado al Ministerio de Defensa. También cuentan las partidas escondidas en otros ministerios, los programas de armamento, la investigación militar, los pagos de deuda y los gastos aprobados sin apenas control parlamentario.
El informe calcula que en 2025 el gasto militar superó los 65.000 millones de euros, una cifra que multiplica por más de cuatro la reconocida oficialmente por el Gobierno y que equivale aproximadamente al 4,1 % del PIB. Si nada cambia, en 2026 esa cantidad podría superar los 80.000 millones, incluso aunque los presupuestos se presenten como “congelados”.
Estos datos desmontan la idea de que España gasta poco en ejército o que tiene un papel secundario en la OTAN. Según el informe, el Estado español se encuentra entre los países que más dinero aportan a la alianza militar y mantiene una política claramente intervencionista. Actualmente participa en 19 misiones militares en el exterior, siete de ellas de la OTAN, con un coste que supera los 1.700 millones de euros.
Más allá de los números, el informe muestra como el rearme se apoya en un discurso permanente de amenaza e inseguridad que normaliza la militarización de la vida pública y justifica la transferencia masiva de recursos hacia la industria armamentística, mientras se cronifican la precariedad, la falta de acceso a la vivienda y el deterioro de la sanidad, la educación y los cuidados.
Desde el Grupo Antimilitarista Tortuga denuncian también la falta de transparencia. Estas decisiones se toman con el acuerdo de gran parte del arco parlamentario y sin un debate público real. El resultado es un modelo de “seguridad” basado en el control, la vigilancia y la violencia, que beneficia a la industria armamentística y refuerza la militarización de la sociedad.
Frente a esta lógica, el informe reivindica la idea de seguridad humana y plantea la necesidad de reorientar las prioridades presupuestarias hacia políticas sociales, ambientales y de cuidados que permitan construir condiciones de vida dignas y sociedades realmente seguras. Para sus autores, más armas no significan más seguridad, sino más desigualdad y más conflicto y apelan a la movilización social como herramienta imprescindible para disputar el sentido común militarista y abrir un debate colectivo sobre el uso de los recursos comunes.
El informe será presentado en distintos puntos del Estado en los próximos meses, con el objetivo de abrir espacios de debate y fortalecer la respuesta social frente a una escalada militar que avanza sin ruido, pero con consecuencias muy reales para la vida cotidiana.
