La polémica sobre la apertura de un centro de acogida para menores migrantes en Cartes (Cantabria) es un ejemplo claro de cómo la política del miedo convierte la infancia en moneda de cambio y oculta las causas profundas de la migración. Los niños y niñas que llegan a Europa no son una anomalía: son víctimas de desigualdades globales, de guerras, de la explotación económica, del saqueo de recursos y de fronteras que criminalizan el desplazamiento. Presentarlos como «problema local» o amenaza para una comunidad ignora la responsabilidad de sistemas políticos y económicos que producen estas situaciones.
La propuesta de habilitar un recurso de acogida para una veintena de menores no acompañados ha sido presentada en el debate público como una imposición, una carga desproporcionada o incluso una amenaza. Sin embargo, los datos desmontan ese relato con facilidad: el número de plazas previstas supone una fracción mínima de la población del municipio y es muy inferior a otros impactos que Cartes ha asumido sin apenas cuestionamiento, como eventos turísticos masivos o infraestructuras pensadas para visitantes. El problema, por tanto, no es cuantitativo, sino político y, sobre todo, simbólico.
El conflicto se construye
El «conflicto» en Cartes no surgió de manera espontánea. Se ha ido construyendo mediante la manipulación del lenguaje, la ausencia de participación real y la presentación de la acogida como un problema de orden o seguridad. Así, se criminaliza preventivamente a quienes llegan y se instala un marco mental que legitima la exclusión, la hostilidad y prepara el terreno para el rechazo, mientras se invisibiliza la solidaridad que ya existe en el territorio.
En contextos de incertidumbre, señalar a colectivos vulnerables desvía la atención de la raíz de los problemas: la sobreexplotación económica, la violencia estructural, la precariedad de los servicios y la ausencia de políticas que reconozcan la movilidad como un derecho humano. El miedo se fabrica y se amplifica como un producto político que diluye la responsabilidad real.
Infancia migrante y criminalización preventiva
Antes de que los menores siquiera lleguen, ya se habla de seguridad, control y orden público. Esta criminalización preventiva no responde a hechos ni en experiencias reales, sino a estereotipos raciales y culturales que se reproducen para justificar políticas de contención y segregación. Demandas populares escalofriantes que piden un control casi carcelario sobre menos de 20 menores: personas que vienen de un proceso migratorio que viven en absoluta soledad.
Colectivos como Pasaje Seguro han señalado que este marco discursivo convierte a niños y niñas en chivos expiatorios, normalizando respuestas basadas en vigilancia y castigo en lugar de solidaridad y cuidado colectivo. Esta narrativa erosiona la comunidad: legitima la jerarquía entre vidas y normaliza que unos grupos tengan derechos plenos y otros sean considerados riesgos o problemas.
Lo que no se dice
No se habla de las trayectorias reales de estos menores: desplazamientos forzados por conflictos, pobreza extrema o políticas de saqueo global; ni de las redes de apoyo que ya existen fuera de las instituciones. Tampoco se reconoce que cuando la comunidad se organiza y se moviliza, la acogida no es un gesto caritativo, sino una práctica política: la creación de vínculos de solidaridad y cuidado que cuestionan la lógica del control.
En Cantabria, «Vacaciones en Paz», coordinado por Alouda y Cantabria por el Sáhara, es un ejemplo de cómo la solidaridad puede articularse de manera directa y autónoma: menores saharauis conviven con familias locales, intercambian experiencias y construyen vínculos que desactivan prejuicios y desafían la narrativa del miedo. La edición de 2025 acogió a 69 niños y niñas, demostrando que las relaciones horizontales entre comunidades son más efectivas que cualquier medida institucional para enfrentar la migración. La acogida no es un problema: la amenaza es la lógica que busca convertir la movilidad en delito y la empatía en debate político. Silenciar estos ejemplos es una forma de orientar el debate hacia el temor y no hacia la responsabilidad colectiva.
No hacen falta argumentos extremadamente elaborados ni una discursiva muy compleja para poder sacudir y avivar el fuego del miedo. Apelar a la seguridad de nuestras tranquilas vidas, buscar la emocionalidad que despierta la probabilidad (menos que ínfima) de ver alterada nuestra normalidad parece suficiente para ponerlo todo patas arriba y exigir las más descabelladas demandas.
El juego político
El uso incendiario y deshonesto que han demostrado tener los grupos políticos institucionales con este tema han sido la guinda de este amargo pastel. El tira y afloja, la falta de asunción de responsabilidades, el cómo se ha gestionado la situación han puesto sobre la mesa de incapacidad, la incompetencia y la falta de escrúpulos de los partidos políticos y de las instituciones, no sólo a nivel municipal, sino también autonómico y estatal. Una vez más las personas más vulnerables se convierten en una pelota que se pasan los unos a los otros para utilizarla como mejor proceda o para desentenderse dado el caso.
En este escenario es fácil que alcen la voz respuestas políticas que se aprovechen de la situación para hacer campaña. La oleada ultraderechista y conservadora que cubre actualmente el mundo ha sabido construir estas contrariedades y aprovecharlas en beneficio propio. Saben hacer política con el miedo, saben penetrar en la gente, han sabido utilizar el discurso de tal manera que sintamos mayor empatía con quienes nos explotan y precarizan por ser del «lado bueno del mundo» que con todas aquellas personas explotadas, como nosotras, del «otro lado del mundo».
Vecindario y solidaridad activa
En Cartes y en toda Cantabria, vecinas, vecinos y colectivos sociales insisten en otra forma de mirar: la llegada de menores no es una crisis, sino una oportunidad para poner en práctica la cooperación, la reciprocidad y la responsabilidad compartida. Señalan que el miedo no surge solo, sino que se construye y se amplifica mediante discursos que dividen, jerarquizan y criminalizan.
Esta solidaridad activa se basa en la acción directa y la confianza en la comunidad. Acoger es político: es un acto de resistencia frente a la normalización de la exclusión y de reivindicación de que la vida de todas las personas tenga el mismo valor.
Más allá de Cartes
Cartes no es un caso aislado. Forma parte de un sistema global donde las fronteras, la migración y la infancia vulnerable son herramientas para reforzar jerarquías y justificar políticas de represión. La pregunta central no es si un municipio puede acoger a veinte menores, sino qué sociedad queremos construir: una que priorice la solidaridad y el cuidado o una que organice la convivencia en torno al miedo, el control y la exclusión.
Los niños y niñas que hoy se utilizan como argumento no son un problema a contener; son testigos de un mundo que falla en justicia y que necesita ser reconstruido desde la cooperación, la empatía y la acción comunitaria. Y la forma en que una comunidad responde a eso dice mucho más de ella que cualquier consigna electoral.
