Desde 2017, Ecologistas en Acción ha solicitado reiteradamente la declaración de la Ría de San Martín como Área Natural de Especial Interés (ANEI), la implementación de un plan de restauración ecológica y medidas concretas para proteger a las especies en peligro. Sin embargo, pese a promesas y consultas públicas, el proceso sigue estancado por la falta de voluntad política del Gobierno regional, más preocupado por proyectos como el vertedero de residuos inertes en Miengo que por la conservación del medio ambiente.
Un modelo económico que prioriza la explotación del territorio
El Gobierno de Cantabria sigue al pie de la letra la hoja de ruta que históricamente han seguido quienes ostentan el poder: anteponer los intereses del capital a la naturaleza y las comunidades locales. Una vez más, queda claro que la falta de voluntad política para proteger la ría no es un descuido, sino la consecuencia lógica de un sistema basado en la especulación y la explotación, incapaz de preservar lo que su propio modelo de desarrollo destruye.
Este modelo se entiende perfectamente si se observa cómo la «inacción» política ha beneficiado durante años a determinados sectores, especialmente al industrial. Durante más de 70 años, las marismas de Raos fueron un vertedero de residuos industriales altamente tóxicos con la complicidad gubernamental, afectando gravemente al medio ambiente y a la salud de la población. A día de hoy, estas sustancias siguen filtrándose al agua y al suelo, perpetuando un legado de contaminación que las administraciones han preferido ignorar.
Esta política de devastación no ha cesado. La depuradora ilegal de Vuelta Ostrera (1989-2025) , las centrales térmicas de Caelgese y Enel-Viesgo (2003-2011) la planta de bioetanol en Duález (2007-2014) y, más recientemente, el intento de instalar un vertedero en Miengo (2025) son solo algunos ejemplos que confirman la indiferencia institucional hacia la conservación ambiental y el bienestar de las comunidades locales.
Más allá de las instituciones
La inacción del Gobierno obliga a replantear si seguir esperando respuestas de quienes sistemáticamente desoyen las demandas sociales es una estrategia viable.
En este contexto, la autoorganización vecinal y la acción directa cobran relevancia como herramientas fundamentales. Actuar al margen de los tiempos y los intereses del Gobierno no solo ha demostrado ser efectivo en la protección de espacios naturales amenazados, sino que también ha permitido la creación de espacios de resistencia donde repensar y construir modelos de gestión verdaderamente sostenibles.
No se trata solo de defender la ría: se trata de cuestionar un sistema que permite su degradación y de impulsar alternativas desde la comunidad.
