El próximo 21 de febrero, el local de la calle Vistalegre 13 —sede de la Asociación Alfonso I— acogerá un concierto de bandas vinculadas a CasaPound y al circuito supremacista RAC. La alerta social sobre este evento pone de manifiesto la consolidación de un espacio que busca normalizar el discurso del odio en los barrios de la capital cántabra.
La tranquilidad del barrio de Vistalegre se ve amenazada por una preocupante deriva para los movimientos sociales de Cantabria. El número 13 de esta calle se ha convertido en la base de operaciones de la Asociación Alfonso I, una organización neofascista que actúa como correa de transmisión de la extrema derecha identitaria en la región.
Esta asociación, que utiliza el paraguas de la «identidad» y una supuesta «asistencia social» exclusiva para nacionales, ha convocado para el próximo viernes 21 de febrero un evento musical que trasciende lo local para conectarse con las redes más violentas del neofascismo europeo.
La estrategia del «acto privado» como escudo
Desde hace tiempo, la Asociación Alfonso I viene perfeccionando una metodología común en la extrema derecha continental: el uso de locales propios para la creación de «zonas liberadas» ideológicas. Al presentar sus actividades como actos privados y financiarlos mediante «donativos» —en lugar de entradas comerciales—, buscan esquivar no solo el control administrativo, sino también el escrutinio y la respuesta social.
Sin embargo, la difusión pública del cartel desmiente cualquier carácter íntimo. Se trata de un acto de reafirmación política en el corazón de un barrio obrero, cuya finalidad es la captación de jóvenes y la financiación de una infraestructura que sirve de base para discursos que atentan directamente contra la diversidad social, las personas migrantes, el colectivo LGTBI y la militancia de izquierdas.
La asociación Rock Contra el Fascismo ha sido una de las primeras voces en levantar la liebre, señalando la peligrosidad de los grupos que integran el cartel. Sin embargo, más allá de las valoraciones sobre la legalidad del formato, el foco político reside en la naturaleza de los invitados y lo que representan para la convivencia vecinal.
El rock como herramienta de captación neonazi
El principal reclamo del concierto es la banda italiana Zeta Zero Alfa. Su presencia no es una cuestión estética; su líder, Gianluca Iannone, es el fundador de CasaPound, la organización que ha liderado el resurgimiento del fascismo en Italia bajo la etiqueta de «fascistas del tercer milenio». CasaPound ha exportado un modelo de militancia basado en la ocupación de espacios y la acción directa violenta, acumulando un extenso historial de agresiones a estudiantes, periodistas y centros de refugiados.
La música de Zeta Zero Alfa es el vehículo propagandístico de este movimiento, famoso por introducir el cinghiamattanza —un rito de violencia interna donde los asistentes se golpean con cinturones—, diseñado para forjar la disciplina de lo que denominan «soldados políticos». La réplica de este modelo en Santander a través de la Asociación Alfonso I supone la importación de una subcultura que no busca la convivencia, sino la hegemonía territorial mediante la intimidación.
El cartel se completa con Irreductibles, grupo enmarcado en el RAC (Rock Against Communism), un género con una terríble carga política. el RAC nació en los años 80 como una herramienta del National Front británico para introducir el ideario neonazi en las subculturas juveniles.
Lejos de ser música de «resistencia», utiliza letras cargadas de metáforas sobre la «pureza de sangre» y la «reconquista» para bordear las leyes de delitos de odio mientras cohesiona a grupos skinhead de extrema derecha que rinden culto a la fuerza bruta y la exclusión.
Un enclave contra la diversidad
La consolidación de este local supone un riesgo que pone en peligro la seguridad de quienes no encajan en su estrecha y autoritaria visión del mundo. Estos grupos no buscan el intercambio de ideas, sino la ocupación física y simbólica del territorio. El número 13 funciona como un nodo donde se financian y planifican actividades que degradan la convivencia en el barrio, importando estéticas paramilitares y discursos xenófobos.
En sus redes sociales, sus simpatizantes no ocultan sus intenciones, jactándose a menudo de una supuesta «limpieza de las calles», eufemismo que precede a la violencia física contra migrantes, personas no binarias y militantes de izquierda.
La respuesta comunitaria como alternativa a la vía institucional
La consolidación de espacios como el de Vistalegre 13 abre un debate necesario sobre las estrategias para frenar el avance de la extrema derecha. Mientras algunos sectores depositan su confianza en la fiscalización administrativa o en la intervención de las instituciones, desde las vertientes antiautoritarias se advierte que delegar la seguridad de los barrios en la burocracia estatal suele ser una estrategia de corto recorrido y, a menudo, un arma de doble filo que termina volviéndose contra el propio activismo social.
En este contexto, la respuesta que empieza a ganar peso entre el tejido vecinal y los colectivos de base no pasa por la petición de más presencia estatal, sino por la deslegitimación social y el aislamiento del foco de conflicto. El señalamiento del local como un enclave de intolerancia busca romper el espejismo de «normalidad» que la Asociación Alfonso I trata de proyectar hacia el exterior.
Más allá de la resolución de este concierto concreto, el escenario que se dibuja en Santander apunta hacia la necesidad de fortalecer redes de apoyo mutuo que operen de forma independiente. La experiencia histórica sugiere que la eficacia de la lucha contra el fascismo depende más de la capacidad de una comunidad para reconocer y aislar colectivamente estos focos que de las posibles sanciones de un Ayuntamiento. En última instancia, la disputa por el barrio se libra en el día a día, mediante un rechazo cotidiano que impida que el número 13 de la calle Vistalegre logre su objetivo de convertirse en un actor legítimo de la vida social santanderina.
