Alrededor de 130 personas se manifestaron este sábado en Santander en solidaridad con la población palestina y para denunciar la continuidad de los bombardeos, el desplazamiento forzoso de la población civil y el respaldo internacional al Estado de Israel. La convocatoria, impulsada por el Comité de Solidaridad con los Pueblos – Interpueblos y respaldada por diversos colectivos sociales, se enmarcó en una jornada de movilizaciones coordinadas a nivel estatal por la Red de Solidaridad Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP).
La marcha partió del Complejo Municipal de Deportes Ruth Beitia, recorrió varias calles de la ciudad y concluyó frente a la entrada del centro comercial Carrefour. Allí se dio lectura a un manifiesto en el que se reclamó el embargo de armas a Israel, la ruptura de relaciones políticas, económicas y militares y el fin de la impunidad internacional ante las violaciones sistemáticas del derecho internacional humanitario. Durante el recorrido se señalaron también las responsabilidades de empresas como Carrefour, así como de instituciones públicas que mantienen vínculos con la industria militar y con la economía de la ocupación.
La movilización tuvo lugar en un contexto marcado por la persistencia de los ataques sobre la Franja de Gaza y el desplazamiento continuado de población civil, incluso en escenarios presentados oficialmente como periodos de tregua. Según informaciones recientes de organizaciones humanitarias y medios internacionales, los bombardeos han vuelto a afectar a zonas residenciales y a asentamientos precarios de personas desplazadas, agravando una situación humanitaria ya extrema.
Un escenario que se repite, con efectos acumulativos
Para quienes siguen de cerca la situación en Palestina, los acontecimientos de las últimas semanas no suponen una ruptura, sino una nueva fase de una dinámica sostenida en el tiempo. La combinación de ataques militares, órdenes de evacuación, destrucción de infraestructuras civiles y bloqueo de suministros continúa generando desplazamientos masivos y una progresiva inviabilidad de la vida cotidiana, especialmente en Gaza.
Más allá del recuento inmediato de víctimas, el impacto de estas ofensivas se mide también en términos de agotamiento social, desestructuración comunitaria y pérdida de las condiciones mínimas para la reproducción de la vida. En este marco, el desplazamiento forzoso funciona como una herramienta central de control territorial, cuyas consecuencias se extienden mucho más allá del momento concreto del ataque.
Silencios, consensos y límites institucionales
Las respuestas de los gobiernos europeos siguen moviéndose dentro de márgenes estrechos: llamamientos genéricos a la contención, apelaciones formales al derecho internacional sin consecuencias prácticas y mantenimiento de relaciones comerciales y militares que contribuyen a sostener el statu quo. Esta distancia entre el discurso público y la práctica política es uno de los elementos señalados de forma recurrente por los colectivos convocantes.
La movilización en Santander, como otras que se repiten en diferentes puntos del Estado, busca romper la normalización de un escenario de violencia prolongada que se ha vuelto crónicamente aceptable en el marco político internacional. Frente a una gestión del conflicto centrada en equilibrios diplomáticos y cálculos estratégicos, la protesta pone el foco en las vidas concretas afectadas y en las estructuras de poder que hacen posible la repetición de la violencia.
Persistencia de la solidaridad, pese a sus límites
Aunque la convocatoria reunió a un número limitado de personas, se inscribe en una continuidad de acciones que, desde hace años, sostienen una solidaridad activa con Palestina al margen de los picos de atención mediática. En Cantabria, esa persistencia se expresa también en las vigilias regulares que tienen lugar en distintos municipios: en Cabezón de la Sal todos los miércoles, en Castro-Urdiales todos los martes, en Torrelavega todos los jueves y en Santander el primer y tercer jueves de cada mes.
En un contexto marcado por el desgaste, la fragmentación y la saturación informativa, mantener este tipo de movilizaciones implica reconocer sus límites, pero también negarse a asumir la resignación. La protesta en Santander volvió a situar una pregunta que atraviesa buena parte del movimiento de solidaridad: qué formas de presión y de ruptura son posibles cuando las instituciones que deberían garantizar derechos actúan, de facto, como parte del problema.
