La Audiencia Nacional ordena el registro de las sedes de la multinacional —con planta en Reinosa— tras destaparse el posible envío ilegal de material a empresas armamentísticas israelíes, rompiendo el embargo y las promesas de cese de actividad.
El pasado 10 de febrero, la Policía Nacional, por orden de la Audiencia Nacional, procedió al registro de las instalaciones de Sidenor. Esta intervención judicial se produce en el marco de una investigación por presunto contrabando y complicidad en crímenes de lesa humanidad y genocidio. Al parecer Sidenor habría seguido alimentando la maquinaria bélica del Estado de Israel mediante la venta de acero especial, incluso después de haber anunciado públicamente el fin de sus relaciones comerciales con el país ocupante.
De la «promesa» de cese al registro policial
En julio de 2025, tras una intensa campaña de presión por parte de sindicatos como LAB, ELA y ESK, y de colectivos sociales como la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), Sidenor anunció que suspendía sus ventas a Israel. Argumentaron entonces que se alineaban con la decisión del Gobierno español de abril de 2024 de suspender los contratos de defensa.
La querella presentada por la Comunitat Palestina de Catalunya, que motivó que la Audiencia Nacional investigara la venta de acero a empresas armamentísticas israelíes, ya advertía que la empresa envió más de 1.200 toneladas de acero a Israel Military Industries (IMI) sin las autorizaciones pertinentes y ocultando el destino real del material.
Una empresa con fábrica en Reinosa
Sidenor no es una empresa ajena a Cantabria; su planta en Reinosa es un motor industrial clave en la comarca de Campoo. El caso de Sidenor resuena con fuerza en una región donde el Banco Santander ha sido señalado repetidamente por informes de organizaciones como el Centre Delàs por ser el mayor financiador español de las empresas armamentísticas que suministran a Israel (como Boeing o Leonardo).
Esta complicidad financiera no ha pasado desapercibida en nuestras calles: en las recientes movilizaciones convocadas por colectivos locales como Interpueblos, cientos de personas han realizado paradas de protesta frente a las sucursales del Santander para denunciar su papel necesario en la masacre. Como se ha analizado anteriormente, este caso pone de relieve que los trabajadores son la verdadera salvaguarda de las empresas ante el derecho internacional.
Cuando la dirección de una empresa decide priorizar el beneficio económico a costa de colaborar con un genocidio, son las secciones sindicales y la plantilla quienes tienen la capacidad de denunciar y frenar la producción de materiales destinados a la masacre. El caso de Sidenor demuestra que el acero que sale de nuestra comarca no es «neutro»: si termina convertido en proyectiles o blindaje para el ejército israelí, la responsabilidad salpica directamente a la cúpula directiva de José Antonio Jainaga.
Una causa histórica
La investigación actual es pionera. Por primera vez en el Estado español, una empresa y sus directivos se enfrentan a penas por su implicación directa en el suministro de materiales básicos para la comisión de un genocidio. El juez investiga si Sidenor operó bajo un esquema de contrabando para esquivar el control administrativo, ignorando deliberadamente que su acero sería usado para fabricar armas utilizadas contra la población civil en Gaza.
Desde el movimiento social y obrero de Cantabria, el foco debe permanecer sobre la planta de Reinosa. No podemos permitir que el trabajo de nuestra gente sirva para armar a un Estado que ignora sistemáticamente las resoluciones de la ONU y la Corte Internacional de Justicia.
