El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha dictado sentencia sobre uno de los proyectos más controvertidos de la cuenca del Besaya. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción y un grupo de vecinos de Torrelavega contra la autorización ambiental otorgada por el Gobierno de Cantabria para la planta de bioetanol en el complejo de Sniace. Con este fallo, la justicia ratifica la legalidad del proyecto y cierra, por la vía institucional, la posibilidad de frenar una infraestructura que los movimientos sociales consideran una nueva agresión al territorio bajo el disfraz de «economía verde».
El fallo: la forma sobre el fondo
La sentencia se centra en validar los pasos administrativos seguidos por la Consejería de Medio Ambiente. Según el tribunal, la tramitación cumplió con los requisitos de exposición pública y evaluación de impacto, rechazando los argumentos de los recurrentes que señalaban deficiencias graves en el control de emisiones y vertidos.
Sin embargo, tras el rigor formal de la sentencia se esconde una realidad política: la incapacidad del sistema judicial para evaluar los daños acumulados. Para el TSJC, cada proyecto se juzga como un compartimento estanco, ignorando que la planta de bioetanol se asienta sobre un complejo industrial, Sniace, que arrastra décadas de expedientes sancionadores y una deuda ecológica incalculable con la ciudad de Torrelavega.
Capitalismo verde y chantaje laboral
La construcción de esta planta no es un hecho aislado, sino parte de la reestructuración de Sniace para adaptarse a las nuevas normativas europeas. El bioetanol, presentado como combustible renovable, sirve aquí como salvoconducto para mantener a flote un modelo industrial extractivista.
Desde una perspectiva crítica, este caso ilustra a la perfección el funcionamiento del «capitalismo verde»:
- Lavado de imagen: Se sustituye la producción química tradicional por «biocombustibles» para acceder a subvenciones públicas y mejorar el perfil mediático de la empresa.
- Paz social comprada: La promesa de creación de empleo —a menudo temporal y precarizado— se utiliza para dividir a la población y desactivar la oposición vecinal ante los riesgos medioambientales.
Una justicia que no llega a los barrios
Para las personas y colectivos que han seguido de cerca este proceso, la decisión del TSJC no es más que la confirmación de que la arquitectura legal está diseñada para proteger la inversión privada por encima de los derechos colectivos. Mientras el tribunal dictamina que los papeles «están en regla», la realidad a pie de calle en la capital del Besaya sigue marcada por la degradación de la calidad del aire y la contaminación del río.
La resolución judicial deja claro que la defensa de la salud pública y el territorio no puede delegarse exclusivamente en los tribunales. La historia reciente demuestra que solo la fiscalización popular y la presión social fuera de las instituciones han logrado poner límites a la impunidad de las grandes industrias. En Torrelavega, el conflicto de Sniace sigue siendo un recordatorio de que, bajo el actual sistema, el beneficio empresarial siempre cuenta con el respaldo de la toga.
