Agricultura más allá del Estado y el mercado
Análisis, 22 de diciembre
El control gubernamental y corporativo ha vaciado la vida rural en Grecia y a nivel internacional, pero una alternativa antiautoritaria basada en el bien común es posible. ~ desde Babilonia ~
El mito de que el Estado sirve al interés público se está derrumbando por todos lados. Se derrumba en el transporte, donde la «seguridad» se medía en muertes en Tempi. Se derrumba en la sanidad, que opera en un estado de crisis permanente. Se derrumba en la energía, entregada a los monopolios. Se derrumba en la vivienda, que ha pasado de ser un derecho social a un producto de inversión. Y hoy se derrumba de la forma más brutal en la producción agrícola.
La imagen de los agricultores en las carreteras es el resultado visible de un sistema en el que los partidos políticos, el Estado y las élites capitalistas gestionan los recursos públicos como si fueran de su propiedad, transfiriendo el coste de las crisis a quienes carecen de poder institucional.
El escándalo en OPEKEPE y la intervención de la Fiscalía Europea no solo expusieron prácticas corruptas. Revelaron cómo la política agrícola se ha transformado en un campo de redes clientelares, cobertura política y saqueo económico. Justo cuando intermediarios, personas con información privilegiada y círculos empresariales desviaban los fondos de la UE, miles de verdaderos productores se volvieron totalmente dependientes de un flujo de dinero controlado por mecanismos a los que no tienen acceso. Cuando este sistema se estanca, la producción se congela, no porque los agricultores no produzcan.
La crisis de pagos es una característica estructural de un Estado que funciona como intermediario entre los fondos europeos y las redes de poder nacionales. Los controles, necesarios para el restablecimiento más básico de la legalidad, se convierten en armas de castigo masivo contra los más débiles. La corrupción sigue siendo sistémica, mientras que la «limpieza» se aplica horizontalmente a expensas de quienes tienen menos poder.
En este marco, el agricultor se presenta como un «emprendedor» que debe adaptarse o como un actor «subvencionado» cuya legitimidad solo existe a través de la dependencia del sistema. Sin embargo, en realidad, el agricultor funciona como un portador de riesgo. Asumen el coste climático, económico y social de la producción, mientras que las decisiones cruciales sobre precios, insumos (agua, energía, fertilizantes, semillas), el valor de la tierra y los productos las toman las multinacionales, los bancos, las redes concentradas de comercio y distribución, y los mecanismos estatales que les sirven.
Cuando este régimen se tambalea, el Estado se enfrenta a la sociedad. A medida que la crisis climática y la escasez de recursos erosionan la estabilidad del modelo capitalista, el Estado se vuelve más autoritario, más disciplinario y más agresivo con la sociedad. No protege la producción; protege su arquitectura institucional, redistribuye las pérdidas y, por lo tanto, revela el verdadero callejón sin salida político. La pregunta que surge, por lo tanto, es quién controla la producción agrícola, para quién y bajo qué condiciones, y si, en este momento, ese control puede permanecer en manos del Estado y las élites capitalistas en un mundo de colapso ecológico y desintegración social.
La trayectoria histórica de la PAC
La crisis del sector agrícola en Grecia no es temporal ni resultado de una mala implementación. Es el resultado de una larga trayectoria histórica de decisiones políticas implementadas con la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea como eje central. Para comprender la asfixia actual del sector agrícola —económica, ambiental y social—, debemos considerar la PAC no como una herramienta técnica para regular la producción, sino como un mecanismo de gestión política y consenso social a escala europea. Históricamente, se construyó para absorber las crisis, pero termina reproduciéndolas bajo nuevas formas. La crisis climática no crea este callejón sin salida; lo multiplica y lo hace visible.
La PAC se estableció a principios de la década de 1960, en el marco del Tratado de Roma, como respuesta a la seguridad alimentaria como un imperativo europeo de posguerra. Los desafíos eran claros y profundamente estatizados. La agricultura se consideró un sector estratégico de seguridad, al mismo nivel que la energía y la industria. El objetivo era aumentar la producción, estabilizar los mercados y asegurar los ingresos de los agricultores mediante precios garantizados y mecanismos de organización común de mercados. En este contexto, el agricultor se concebía más como un eslabón de un sistema de producción en masa, mientras que el poder se concentraba en la planificación y la regulación.
Ya en la década de 1970, con el Plan Mansholt, se hizo evidente que la PAC no solo buscaba apoyar las estructuras agrícolas existentes, sino reestructurarlas profundamente. La búsqueda de mayores explotaciones, la concentración de la producción y el aumento de la productividad marcaron el primer intento sistemático de transformar la agricultura en un sistema agroindustrial de alta eficiencia. La crisis emergente ya no era de escasez, sino de desajuste entre las sociedades rurales tradicionales y un modelo de producción intensificada que requería capital, tecnología y escala.
En la década de 1980, se hizo evidente una contradicción fundamental de la PAC inicial. El mismo sistema diseñado para aumentar la producción agrícola comenzó a producir más de lo que se podía consumir o absorber. La sobreproducción no era una señal de éxito, sino un problema. Los excedentes masivos —conocidos como «montañas de mantequilla» y «lagos de vino»— convirtieron la política agrícola en una cuestión de gasto público y legitimidad social. En lugar de cambiar el modelo, la producción continuó siendo regulada central y jerárquicamente mediante nuevos mecanismos de control, como cuotas y retiradas de productos.
En 1992, la PAC entró en una nueva fase con la llamada reforma McSharry. No se trataba de un mero ajuste técnico, sino de una respuesta a una crisis política más profunda. La agricultura intensiva ya había causado graves impactos ambientales, el coste de la política era objeto de controversia social y las presiones del comercio internacional dificultaban la defensa del modelo anterior. Para preservarlo, la PAC cambió su discurso. El apoyo a los agricultores ya no estaba directamente vinculado a los precios de los productos, sino a los ingresos, y la agricultura se redefinió como «multifuncional». Ahora se esperaba que no solo produjera alimentos, sino también que mantuviera los paisajes, los ecosistemas y la cohesión social en las zonas rurales.
Sin embargo, esta expansión fue en gran medida retórica. El poder permaneció concentrado en las instituciones, los Estados y los mecanismos tecnocráticos europeos que interactuaban con los mercados, las empresas de insumos y las redes comerciales, excluyendo a los productores de cualquier participación sustancial en la toma de decisiones. La política adoptó cada vez más la forma de una gestión tecnocrática. Toda demanda social o ambiental se traducía en indicadores, medidas, controles y regímenes de elegibilidad, convirtiendo el consenso en una cuestión de cumplimiento en lugar de una elección democrática.
Con la Agenda 2000, la PAC intentó demostrar que no solo se centraba en la cantidad de producción, sino también en el desarrollo rural en su conjunto. Se introdujo el llamado segundo pilar, que aparentemente abordaba el desarrollo local, la cohesión social y la infraestructura rural. Sin embargo, la arquitectura de la política se mantuvo prácticamente inalterada. Los principales flujos de recursos y poder siguieron estando determinados centralmente, mientras que se instó a las comunidades locales a «adaptarse» dentro de marcos predefinidos de cumplimiento administrativo en lugar de la planificación democrática.
El período comprendido entre principios de la década de 2000 y 2020 marcó un cambio más profundo en la PAC, lo que podría describirse como la PAC de la disciplina. Las subvenciones se desvincularon de la producción y se presentaron como herramientas de modernización y competitividad. Esta decisión pretendía limitar la sobreproducción sin cambiar el modelo dominante y alinear la PAC con las normas del comercio internacional y del mercado. En la práctica, el riesgo económico y climático se transfirió casi por completo al productor. Los precios se dejaron en manos del mercado, las pérdidas no se compensaron colectivamente y las ayudas se otorgaron solo bajo condiciones de cumplimiento. Los ingresos ya no dependían de qué y cómo se producía, sino de si el agricultor cumplía con una red cada vez más compleja de normas, controles y requisitos administrativos. El conflicto político sobre la producción, los precios y los mercados se despolitizó y fue reemplazado por la vigilancia burocrática.
En este marco, se trataba al agricultor según si cumplía o no con los requisitos administrativos. La producción servía principalmente para mantenerlo dentro del sistema, aceptando el riesgo individual y aceptando colectivamente la despolitización de la producción agrícola.
La fase más reciente de la PAC, para el período 2021-2027, incorpora explícitamente la crisis climática en su discurso y sus herramientas. Los ecoesquemas, los compromisos ambientales y los planes estratégicos nacionales se presentan como evidencia de una nueva PAC «verde». Sin embargo, los requisitos ambientales aumentan sin que se produzcan cambios sustanciales en el control de recursos críticos: agua, tierra, energía, acceso al mercado y seguros contra riesgos.
La crisis climática actúa así como un multiplicador de todas las crisis anteriores —de producción, ingresos, legitimidad y resiliencia—, revelando los límites de un sistema que se reforma incesantemente sin redistribuir el poder.
La crisis climática, además, no llega en un terreno neutral. Se adentra en un panorama rural ya de por sí desigual. En Grecia, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y las olas de calor afectan desproporcionadamente a los pequeños y medianos productores. A medida que aumenta el riesgo climático, el control sobre los insumos permanece concentrado, los seguros son inadecuados o costosos, las compensaciones se retrasan y la «adaptación» se traduce en nuevas inversiones que los productores deben financiar por sí mismos. Así, en lugar de convertirse en una oportunidad para el rediseño democrático de la producción y los recursos comunes, la crisis climática tiende a convertirse en una herramienta para acelerar la concentración. Quienes pueden asumir el riesgo sobreviven; el resto se retira.
Por qué las soluciones dominantes son insuficientes
Las respuestas dominantes a la crisis agrícola se presentan bajo diversos nombres —modernización tecnológica, innovación, digitalización, transición verde, instrumentos financieros—, pero comparten una característica común: no cuestionan la estructura de poder dentro de la cual opera la producción agrícola.
La tecnología, por ejemplo, se presenta como una solución neutral. Sin embargo, en la práctica, la digitalización de la agricultura sin control de datos convierte al agricultor en un proveedor pasivo de información para terceros. Los datos sobre el suelo, los cultivos, el agua y el clima son recopilados, analizados y explotados por plataformas, empresas de insumos o actores financieros, sin que los productores tengan una participación significativa en su uso. El conocimiento se extrae del campo y se reintroduce como un servicio de pago.
De igual manera, se promueve la innovación como motor de la transición sin abordar la propiedad y el control. Cuando la innovación se introduce como un paquete de tecnologías, certificaciones y servicios de consultoría sin estructuras colectivas de propiedad y gestión, se pide a los productores que se «modernicen» sin co-configurar las herramientas que determinan su producción. Incluso las cooperativas, a menudo presentadas como una respuesta a las debilidades individuales, no son garantía de cambio. Cuando reproducen las mismas jerarquías a las que dicen oponerse, se convierten en mecanismos de gestión de subsidios o intermediarios del mercado, en lugar de herramientas de negociación colectiva y autonomía política.
El límite común de todas estas «soluciones» es que tratan la crisis agrícola como un problema técnico de eficiencia, adaptación o innovación. Sin embargo, como demuestra la trayectoria histórica de la PAC, la crisis es principalmente política. Afecta a quién controla los recursos, el conocimiento, las cadenas de valor y el riesgo. Mientras estas cuestiones permanezcan fuera de la mesa, cada nueva solución, por muy «ecológica» o «inteligente» que sea, simplemente añadirá una nueva capa a un sistema que ya ha alcanzado sus límites.
Una perspectiva agrícola antiautoritaria
El debate sobre una perspectiva antiautoritaria en la agricultura y la vida rural es una necesidad política. La crisis climática exige cambios en el poder. Mientras las relaciones fundamentales de control permanezcan inalteradas, todo esfuerzo de adaptación se traducirá en mayores cargas para los mismos sujetos: pequeños y medianos productores y comunidades rurales.
Toda planificación debe comenzar con la descentralización del poder y la devolución del control a los propios productores y a las sociedades locales. En el centro de esta perspectiva se encuentra el control colectivo sobre medios de producción críticos: semillas, almacenamiento, procesamiento e infraestructura básica. Cuando estos nodos permanecen totalmente privatizados o controlados por unos pocos actores poderosos, los productores se ven privados de un verdadero poder de negociación y atrapados en relaciones de dependencia.
Al mismo tiempo, la reconstrucción de las cadenas de valor locales y regionales es necesaria como proyecto político para reducir la dependencia de redes concentradas e impersonales. Reconectar la producción con el procesamiento y el consumo a escala regional fortalece la posición negociadora de los productores y crea condiciones de resiliencia colectiva frente a mercados cada vez más inestables.
Los bienes comunes son fundamentales para esta visión. El agua, la tierra, el conocimiento y los datos no pueden tratarse exclusivamente como mercancías o activos de inversión, especialmente en condiciones de desestabilización climática. Son bienes comunes necesarios, sin los cuales no son posibles la producción sostenible ni la justicia social en las zonas rurales. Su gestión no es una cuestión técnica, sino profundamente política, que se refiere a quién decide, para quién y bajo qué condiciones.
Estas son condiciones necesarias para avanzar en la cuestión de qué cultivos queremos cultivar, con qué criterios decidimos y qué productos agrícolas necesitamos realmente.
Traducción automática. Imagen: World Riots en Facebook.
Traducción automática al castellano desde Briega a partir de la fuente Freedom news
