Este reportaje se publicó en el anuario número 10 de Pikara Magazine. Se han actualizado algunas referencias para publicarlo en abierto.
¿Por qué se persigue a quienes defienden el derecho a migrar? “Para cambiar el foco”, según las propias supervivientes de esta criminalización y organizaciones de derechos humanos que las acompañan en el proceso. Con este objetivo, algunos estados miembros de la Unión Europea pretenden invisibilizar su responsabilidad política en materia de migración y refugio, como se demuestra en la falta de vías seguras y legales, además de eliminar testigos incómodos de dichas prácticas, como las propias defensoras.
De arriba abajo: Anouk Van Gestel, Katrin Schmidt y Helena Maleno, | Collage de Marta Caballero.
La muerte violenta de, al menos, 37 personas en la frontera terrestre de Melilla entre España y Marruecos el 24 de junio de 2022 hizo saltar por los aires esta estrategia de criminalización de la solidaridad en Europa consumada desde 2015 por los Estados miembros, que supone una cortina de humo para no hablar de la violación del derecho a migrar de las miles de personas que intentan franquear la fortaleza Europa en busca de una vida mejor. En las últimas horas de ayer, martes 11 de marzo de 2025, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen afirmó que Europa debe seguir el modelo del gobierno italiano ultraderechista de Giorgia Meloni, que deporta a las personas migrantes a centros de Albania. La Unión Europea quiere abrir la puerta a la creación de centros de internamiento para migrantes en situación irregular en países extracomunitarios.
El cambio de foco que se dio en 2022 en el Estado español atraviesa desde entonces la labor de Helena Maleno, periodista e investigadora de la oenegé Caminando Fronteras, que se dedica al monitoreo y denuncia de la situación en la frontera sur. Desde el inicio de su labor, la defensora ha sufrido diversas campañas de desprestigio; infinidad de trabas burocráticas en el ejercicio de sus funciones; se ha enfrentado a un procedimiento policial y judicial primero en España y posteriormente en Marruecos, incluso a una solicitud su cadena perpetua; y, en enero de 2021, vivió a una deportación forzosa cuando volvía a Tánger, su ciudad de residencia hasta ese momento. “Las verdaderas personas defensoras son las migrantes”, explicaba Helena Maleno. “Mi caso tiene un claro fin ejemplarizante, porque si me hubieran condenado a cadena perpetua por llamar a Salvamento Marítimo, qué no hubieran hecho con las personas que dan comida o bebida a las migrantes”, reconoce en una de las entrevistas que componen el docuweb Defensoras en el Laberinto.
Securitización y militarización
Desde la mal llamada “crisis de los refugiados” de 2015, la Unión Europea (UE) ha endurecido sus políticas de extranjería, de migración y asilo (con excepciones, como el caso del asilo exprés para personas procedentes de Ucrania) y también ha aumentado la presencia policial y militar en frontera, como el caso de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex). “Lo fundamental es que la UE revierta las políticas que han puesto en marcha, sobre todo desde 2015. Necesitamos eliminar cualquier tipo de criminalización de los actos humanitarios y de la propia migración en sí misma. Ellos deben asegurar rutas legales y seguras para las personas en movimiento”, defendía en 2022 la responsable de la oenegé Article 19 para Europa y Asia, Sarah Clarke. Como esta organización, diversas colectivas de toda Europa han venido denunciando el aumento de la securitización en las fronteras de la UE o, lo que es lo mismo, la presencia cada vez más acuciante de fuerzas de seguridad de los Estados miembros e incluso del ejército en puestos fronterizos terrestres y en el mar, principalmente en el Mediterráneo.
Desde la pandemia de la Covid-19, la doctrina del shock ha favorecido un clima belicista, acrecentado desde la salida de la OTAN de Afganistán en agosto 2021, el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022 y la cumbre de Madrid de junio de ese año, en el que el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, no descartó una intervención de la OTAN en el Sahel, lo que afectaría inevitablemente a la población civil de esos países de origen y tránsito en el flujo migratorio hacia Europa. Tanto las declaraciones de Albares como los vergonzosos acontecimientos en Nador, en la frontera con Melilla, de junio de 2022, se produjeron en el marco de la cumbre de la OTAN en Madrid, en cuyo documento estratégico se incluyó, a instancias de España, un párrafo que hacía mención a “los conflictos, la fragilidad y la inestabilidad en África y Oriente Medio afectan directamente a nuestra seguridad y a la de nuestros socios. La vecindad meridional de la OTAN, en particular las regiones de Oriente Medio, África del Norte y el Sahel, se enfrenta a retos interconectados de seguridad, demográficos, económicos y políticos”.
En 2024, de hecho, la OTAN ultimaba esta estrategia en el Sahel. El recrudecimiento del genocidio palestino a partir de octubre de 2023, la vuelta de Donald Trump a la presidencia estadounidense en 2025, el auge del conflicto en República Democrática del Congo este mismo año o el anuncio del rearme europeo son algunas de las estrategias belicistas recientes que refuerzan este shock. Este mismo 2025, la exvicepresidenta del Gobierno de España Nadia Calviño, actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones, ha declarado que este organismo permitirá aumentar el volumen de financiación disponible para que el Gobierno español responda a las necesidades de rearme que exige Europa para recuperar la autonomía militar del continente ante el expansionismo ruso y el retorno del líder republicano.
Clima tóxico
En paralelo al aumento de la securitización y la militarización de las fronteras de la UE, algunos de los Estados miembros han sacado todo su arsenal discursivo en contra no solo de las personas migrantes, sino de las defensoras del derecho a migrar. Como en el caso de Helena Maleno, la belga Anouk Van Gelsen también aludía en 2022 a la utilización política y ejemplarizante de su caso desde 2017 hasta finales de 2021. Al ser una periodista conocida, el clima tóxico que se generó en torno a ella tanto en redes sociales como por el partido de ultraderecha flamenco generó ruido durante su proceso judicial; se la juzgaba por haber acogido en su casa a un menor de edad que migraba desde Calais (Francia) a Reino Unido.
“Cometí solo un error”, reconoce Val Gelsen, después de acoger en su casa a un menor de edad sin acompañamiento, cuando la responsabilidad de su salvaguarda corresponde al Estado belga. En otoño de 2017, se ofreció a hospedar a Moha, un joven subsahariano que conoció en el Parque Maximilien de Bruselas, mientras acompañaba a la población migrante como parte de la plataforma ciudadana Hébergement Plateforme Citoyenne. Él deseaba una vida mejor junto con su familia y amigos en Reino Unido por lo que, tras varias conversaciones, decidió llamar a su amiga Miriam Berghe, también periodista y que fue acusada de los mismos delitos. Su teléfono estaba pinchado por la policía. Tras esa llamada, los hechos se desencadenaron la madrugada del 20 de octubre de 2017 como una película de acción: siete hombres armados y con chalecos antibalas entraron en su casa, la apartaron por la fuerza y comenzaron a registrar todas sus pertenencias a altas horas de la madrugada. O como una pesadilla, agudizada por el ambiente de estigmatización fomentado desde determinados medios y partidos políticos.
El ministro ultraderechista Theo Francken, perteneciente a la Nueva Alianza Flamenca (NVA por siglas en holandés), promovió, desde su nombramiento en 2014, tanto un discurso antimigración como de estigmatización de las organizaciones y colectivos de solidaridad con las personas migrantes, incumpliendo sus obligaciones legales tanto a escala internacional como nacional. Como signatario del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención de Ginebra, el Estado belga tiene la obligación de garantizar el derecho a migrar y proteger a las personas en movimiento.
Tiempo, dinero y energía
El proceso de judicialización de Anouk Van Gelsen duró más de cinco años. “Tiempo, dinero y mucha energía” supuso ese trance que, además, conllevó que la periodista dejase la revista Marie Claire, en la que trabajaba como editora jefa y abriese un pequeño restaurante en Bruselas.
Katrin Schmidt coincide en estas tres variables. Quien fuera jefa de misión del Iuventa denuncia el esfuerzo en la judicialización de la labor del barco de rescate en aguas del Mediterráneo, como se demuestra por la extensión del dossier judicial de más de 35.000 páginas, la implicación de los servicios de inteligencia italianos en la investigación de las personas acusadas o la estigmatización mediática que sufrieron tras el verano de 2017, cuando comenzó el proceso de judicialización. Desde que en agosto de ese año el barco fuera retenido en el puerto italiano de Trapani, en Sicilia, la larga sombra de la criminalización ocultó la labor de salvamento de esta embarcación: 14.000 personas rescatadas de las fauces del Mediterráneo.
La propia relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, solicitó información al Gobierno italiano sobre la situación de la tripulación del Iuventa. El 8 de octubre de 2020, Lawlor ya lamentaba que los procesos penales en contra siguieran abiertos y la tripulación del barco continuara enfrentándose “a la estigmatización en relación con su trabajo de derechos humanos para proteger los derechos humanos de los migrantes y solicitantes de asilo en riesgo en el mar Mediterráneo”.
En la respuesta del Gobierno italiano a la relatora especial se hacía referencia explícita a la “compleja investigación técnica” que se había llevado a cabo y que contemplaba la interceptación de teléfonos, ordenadores y otros dispositivos de los acusados, incluyendo tanto personas de otras nacionalidades como residentes en el extranjero.
Para Francesca Cancellaro, una de las abogadas de las cuatro integrantes de la tripulación de Iuventa criminalizadas en Italia, el año 2017 supuso un punto de inflexión con la solidaridad hacia las personas migrantes: “Coincide con el cambio de la política migratoria de Frontex, se desarrolla una comisión parlamentaria en Italia sobre estos temas y comienzan las investigaciones contra la tripulación del Iuventa, paralizando la embarcación”. Uno de los patrones de la criminalización de las personas defensoras vuelve a demostrar el cambio de foco en las políticas de la UE.
Asfixiadas por la burocracia
“Ahora dedicamos mucho más tiempo a recabar información por si, en algún momento, se abren procesos contra nosotros o nos investigan”, confesaba Katrin Schmidt, lamentando la cantidad de recursos que las personas y organizaciones que salvan vidas en el Mediterráneo tienen que dedicar a la justificación burocrática de sus actos. El miedo fundado a sufrir nuevas criminalizaciones puede llegar a paralizar sus actuaciones, así como la demora en los permisos y la cantidad de documentación que exigen las autoridades en países como Grecia o Italia para salir a la mar con fines humanitarios.
“Estamos viendo cómo, a través de discursos relacionados con la seguridad de los barcos, que no cumplen con las distintas regulaciones, se consigue que esas organizaciones se queden varadas y no puedan salir al mar. Además, es una estrategia que no genera una respuesta por parte de la sociedad civil, al no ver un barco con montón de personas en una situación de vulnerabilidad que no puede llegar a puerto. Estas imágenes están relacionadas con la fibra sensible de la sociedad, pese a los discursos de odio, las noticias falsas y la desinformación sobre migración. Sin embargo, la realidad es que no se les está permitiendo desarrollar su trabajo durante meses”, explicaba Teresa Fernández Paredes, asesora de derechos humanos de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en una entrevista publicada en Pikara Magazine.
La OMTC forma parte del Observatorio para la protección de las personas defensoras de derechos humanos (OBS, por sus siglas en inglés), organización que publicó una investigación en 2021 sobre los patrones de criminalización de la solidaridad en Europa. Su informe ‘Europa: cerco a la solidaridad’ demuestra el aumento de los ataques a las organizaciones y activistas de derechos humanos, en un contexto de muerte en el mar Mediterráneo, donde más de 48.500 personas han desaparecido desde 2014, según la Organización Internacional de las Migraciones.
Achicamiento del espacio cívico europeo
“Todos estos patrones hay que entenderlos en un contexto de reducción progresiva del espacio público en Europa, de restricción de la capacidad de las organizaciones para salir y defender derechos”, afirma Fernández Paredes. “No es únicamente el caso de las entidades que defienden a la población migrante, sino en general. Especialmente tiene un impacto grave en aquellas que protegen a sectores tradicionalmente excluidos o en situaciones de mayor vulnerabilidad, y ese es el caso de las personas migrantes”, añade.
Sarah Clarke, integrante de Article 19, también reconoce que han visto “un achicamiento del espacio público europeo, así como en términos de detenciones, enjuiciamientos criminales en España, Italia o Grecia”. Para ella, estas agresiones también tienen que ver con un silenciamiento de las propias defensoras, lo que genera un efecto amedrentador: “Otros tienen miedo de vincularse a este tipo de trabajo, porque ven las consecuencias para sus colegas. Y, sobre todo, lo más importante: hemos visto como esto afecta en que cada vez haya menos y menos trabajo de salvamento de migrantes”.
Helena Maleno, Katrin Schmidt y Anouk Van Gelsen son solo tres de las defensoras del derecho a migrar criminalizadas en países de la Unión Europea. “Decidí permanecer y luchar. No tenía nada de lo que avergonzarme”, concluye Van Gelsen tras contar su periplo judicial en Bélgica. Como ella, Helena Maleno continúa demandando justicia por su deportación en enero de 2021 y Katrin Schmidt ha acudido a la primera vista en su contra en mayo de 2022 sabiendo que no ha cometido ninguna ilegalidad salvando vidas en el Mediterráneo.
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Nota de las autoras: Helena Maleno, Katrin Schmidt y Anouk Van Gelsen son las protagonistas del docuweb Defensoras en el Laberinto, sobre criminalización de la solidaridad con la población migrante en Europa, realizado por Lucía Muñoz Lucena, Ruth de Frutos, Cristian Pirovano y Jenny Tsiropoulou y financiado por los fondos de periodismo de investigación transfronterizo IJ4EU.
