Desde un despacho lejano se ha clavado sobre Cantabria la chincheta «turística», abandonando al sector primario y desmantelando la industria, para imponer (porque no ha habido debate previo) un modelo masivo que, nos venden, «traerá progreso y riqueza».
El plan consiste en que no haya plan, dejar al mínimo la ordenación territorial y toda regulación, para que los 4 de siempre ganen sin control, pero ¿nos merece la pena a la inmensa mayoría que sufrimos sus consecuencias?
Cantabria lideró la subida del precio de la vivienda en 2023, destinamos ya de media el 48% del salario, tenemos la juventud con mayor dificultad de emancipación de todo el Estado y en algunas localidades la mitad de las viviendas son para uso esporádico.
Hay municipios que multiplican hasta por 20 su población en determinadas épocas del año, impidiendo sostener de manera efectiva servicios públicos como la Sanidad, el Transporte o los suministros básicos.
La mayor parte del empleo generado es precario: temporal, mal pagado y sin apenas descanso, frecuentemente en condiciones irregulares.
Más de 700 sentencias de derribo sobre urbanizaciones ilegales dan idea del modelo urbanístico que viene sufriendo nuestro territorio y paisaje. El turismo masivo implica una degradación de los ecosistemas y un consumo insostenible de recursos.
Los lazos vecinales se deshacen, las localidades se convierten en «parques temáticos» y las comunidades pierden su identidad.
Se trata de un modelo depredador que no va a parar de extenderse y agravarse si no se limita, empeorando las condiciones de vida de quienes habitamos aquí todo el año.
[Datos extraidos del INE, InfoJobs, Fotocasa, Consejo General del Notariado y Observatorio de Emancipación del CJE]
