Sobre la «rebaja fiscal» en Cantabria y otras cuestiones impositivas
El pasado 28 de septiembre el nuevo gobierno de Cantabria anunció a bombo y platillo su propuesta de reforma fiscal que, previsiblemente, contará con el apoyo de Vox para poder ser aprobada. Esta consiste básicamente en una rebaja de una serie de impuestos de competencia autonómica cuyos detalles no expondremos aquí, pero que se pueden consultar en los medios corporativos. Mientras el Gobierno presume de una medida que favorecerá a las clases trabajadoras y «clases medias», los partidos de la oposición la tachan de injusta por poner en peligro la financiación de los servicios públicos (se dejarán de recaudar 90 millones de euros) y porque beneficia a las rentas más altas. Lo cierto es que, al margen del circo parlamentario y de las declaraciones de los diferentes partidos políticos, notamos que la reforma implica la eliminación del impuesto de Patrimonio, una rebaja de 3 puntos porcentuales en el tipo máximo del IRPF (ambos impuestos son progresivos y orientados a gravar con mayor peso a las rentas más altas) así como la eliminación de los límites de renta en diversos impuestos y deducciones. Por lo que podemos concluir que la reforma está más bien orientada a favorecer al típico (y tópico) votante del PP y VOX que reside en lugares como El Sardinero o Avenida de Reina Victoria. Sin sorpresas.
Pero tampoco seamos ingenuos; un gobierno de otro color tampoco habría implicado diferencias significativas en materia fiscal más allá de algunos detalles cosméticos. Las directrices están claras, al margen de quien gobierne, y vienen impuestas por la ideología imperante del neoliberalismo. Prueba de ello serían las últimas «recomendaciones» del FMI para España, pidiendo que se deroguen las medidas anti-inflación como las deducciones del IVA y que se revise a la baja el gasto en pensiones. Los endeudados estados del siglo XXI necesitan recaudar incesantemente y para ello presionan a la clase trabajadora al tiempo que proporcionan privilegios fiscales y toda una serie de mecanismos de evasión de impuestos a las clases dominantes. Esta política fiscal injusta viene acompañada de un ejercicio machacón de propaganda para poder ser impuesta sin generar mucho revuelo, aunque no siempre es efectiva. Recordemos que a veces basta con que suba un poco el precio del carburante para que la gente se ponga sus chalecos amarillos e incendie las calles. Una propaganda que tiene sus dos caras. Por un lado, los liberales claman por que se bajen los impuestos en nombre de la «libertad» económica, y nos prometen que es mejor tener el dinero que ganamos en nuestros bolsillos para poder decidir en qué lo gastamos. Por otro lado, los socialdemócratas apelan a la necesidad de recaudar para mantener un estado de bienestar que solo existe en su nostálgica memoria, ya que éste se ha transformado más bien en un estado caritativo que te suelta algunas migajas para que no te mueras de hambre (o de sobredosis de fentanilo). Pero entonces, ¿cómo escapar de este falso debate?
Desde el pensamiento libertario, observamos que hay una tendencia a alienarse con las tesis socialdemócratas, casi de forma acrítica y en nombre de la defensa de los servicios públicos (un argumentario que suele ir acompañado de la coletilla: «publico no es lo mismo que estatal»). Sin embargo, parecemos haber olvidado el origen etimológico de la palabra «impuesto» y, al tiempo que clamamos por un mundo sin autoridad aceptamos, cuando se trata de dinero, que papá Estado intervenga, aunque lo hagamos con una pinza en la nariz. Así, hay quien todavía cree inocentemente en la efectividad y las bondades de medidas reformistas como gravar las «grandes fortunas», rentas básicas variadas, impuestos verdes, tasa Tobin, etc. ¿No es hora de despertarse del sueño ilusorio del estado socialdemocracia como redistribuidor de riqueza? Habrá quien argumente que la relación de fuerzas no juega a nuestro favor (lejos quedaron los tiempos en los que los servicios públicos llegaron a estar en manos de la CNT), y que deberíamos limitarnos a una postura de defensa de lo público. Para nosotros, dicha defensa no es incompatible con un discurso crítico con los impuestos y la práctica de evasión de los mismos que, en nuestra opinión, son propios de la tradición anarquista.
Más que una postura dogmática o idealista, pensamos que la oposición a los impuestos debería ser una cuestión de estrategia política. Si no queremos que ese discurso lo copen youtubers «anarcocapitalistas» predicadores del Bitcoin, conspiranoicos varios o simplemente liberales admiradores de Margaret Thatcher, tenemos que formular una crítica propia desde el pensamiento libertario y anticapitalista. Y esto pasa por precisar que no estamos en contra de los impuestos por egoísmo, sino porque son un mecanismo coercitivo que refuerza la existencia del estado. A ese respecto es interesante conocer los planteamientos que están formulando los mutualistas modernos, cuyos textos se agrupan en la web Center for a Stateless Society, Por ejemplo, E. Frieschmann, en el texto «Una guía antiestatista para principiantes sobre impuestos, presupuestos públicos y presupuestos participativos», plantea lo siguiente: «Dado que los impuestos son en esencia un mecanismo de redistribución, si uno requiere tal mecanismo significa que: 1) Su distribución original era muy defectuosa, y 2) por alguna razón no pudo cambiar esa distribución original. Y para que esta segunda distribución se superponga a la original se necesitaría algún tipo de agencia que estuviera por encima y aparte de la sociedad – lo que no es necesariamente un Estado, pero suena preocupantemente como tal. Por lo tanto, uno de los objetivos de una sociedad sin Estado es crear las circunstancias socioeconómicas en las que la distribución original sea lo suficientemente equitativa». Tales circunstancias, argumenta, no tienen porqué implicar una completa abolición de los impuestos, sino su reformulación. Y proporciona algunos ejemplos: «El anarquista Joseph A. Labadie describe como el tipo de “imposición” que “hacen ahora las iglesias, los sindicatos, las sociedades de seguros y todas las demás asociaciones voluntarias” y lo que Colin Ward denomina “modelo de autoimposición local” demostrado por el modelo de la Sociedad de Ayuda Médica de Tredegar en el sur de Gales».
La Cirugía Central de Tredegar fue construida por la Sociedad en 1911
En esa misma línea, Álvaro Briales señala en un texto publicado en El Salto «Del egoísmo voluntario a la “obligación” de solidaridad: el tabú del dinero en los movimientos sociales»: «Podríamos imaginar un keynesianismo “desde abajo” en el sentido de un sistema de redistribución y Seguridad Común organizado desde los movimientos de base que contribuyese a reorganizar nuestros consumos aislados, de manera que invirtamos cada vez mayores proporciones de nuestros recursos individuales en instituciones que cubran cada vez más nuestras necesidades colectivas». Para ello, ve necesario que la solidaridad esté ligada al compromiso. «Es paradójico que los términos “obligación” o “imposición” que asumimos pasivamente cuando vienen del Estado, en cambio, si vinieran de nuestros propios colectivos nos sonarían tremendamente hostiles, a pesar de que se encuentran en las raíces históricas de la solidaridad de clase». «En la sociedad obrera —como en cualquier sociedad imaginable, a excepción de la capitalista— la solidaridad colectiva es fundamentalmente una “obligación” porque sería inconcebible como mera “opción” o “elección”. La solidaridad era obligatoria sencillamente porque ser esquirol en una huelga no es una opción si en ella todos nos jugamos nuestro futuro; la insolidaridad individual no es una elección si compartimos el principio esencial de que cada cual debe aportar según su capacidad; la solidaridad, en fin, no puede ser más que una obligación como lo es compartir la comida entre quienes nos sentamos a comer en la misma mesa».
En definitiva, nuestra crítica puede resumirse en la formula «impuestos no, pero…»; dónde el «pero» significa: que ese dinero no se quede en nuestros bolsillos y se destine al consumo individual, sino que sirva para financiar colectivos y luchas sociales desde un enfoque de redistribución desde abajo, autogestionado y solidario. Ya hemos dado ejemplos de la segunda parte de esta premisa. ¿Qué podemos decir respecto a la primera, es decir, a la de no pagar o incluso evadir? El libro «Acción directa económica» de Albert Mason, puede servir de manual introductorio a la materia. Tal como se explica en él, «La resistencia [económica] está llena de posibilidades; ofrece nuevas técnicas como la insolvencia programada, la constitución de sociedades instrumentales, la insumisión fiscal, etc., y tiene un gran potencial para subvertir las relaciones capitalistas de producción y propiedad». Además, «las técnicas de resistencia a la represión económica están mucho menos penadas que las técnicas de resistencia a la represión policíaca porque los tipos delictivos en que incurre son propios de la clase empresarial y política, no de la clase obrera. Falsificación de documento mercantil, alzamiento de bienes, apropiación indebida, insolvencia punible, fraude fiscal… El Estado no puede endurecer la persecución o las penas de estos tipos delictivos porque estaría perjudicando los intereses de la clase a la que defiende. Esta es la causa, por ejemplo, de que los mecanismos de inspección fiscal sean tan deficientes». Vemos, por tanto, que la acción directa económica está llena de posibilidades. Pero estas no deben hacernos olvidar, sin embargo, en quién detenta la riqueza, y que si una de nuestras metas es dejar de financiar al Estado con nuestros impuestos, otra de ellas es acabar con la clase que acapara dicha riqueza y las condiciones que lo hacen posible.
Artículo publicado en el Boletín Briega en papel nº49 Noviembre 2023
