Fatiha El Mouali es una investigadora y trabajadora social cuya trayectoria se ha ido tejiendo entre la experiencia de ser mujer migrante, su paso por la academia y su militancia antirracista. Llegada a Cataluña desde Marruecos, su recorrido no se limita al análisis teórico, sino en una implicación directa en los espacios donde se producen las violencias que estudia y desgrana. Su trabajo se centra en desentrañar cómo operan el racismo estructural y la islamofobia en ámbitos como la educación, el empleo o la representación cultural, poniendo especial atención en las experiencias de mujeres musulmanas en particular y personas racializadas en general. A día de hoy, Fatiha es una referencia para quienes militamos contra el racismo desde diferentes ámbitos. Repasamos en esta entrevista con ella su trayectoria.
Tu trabajo sostiene que el racismo no es una excepción sino parte estructural de la sociedad. Cuando se asume esa perspectiva, ¿qué cambia en la manera de pensar soluciones, políticas públicas o “programas de inclusión”?
Asumir que el racismo es estructural, y no una serie de incidentes aislados, transforma radicalmente el diseño de cualquier solución o política pública. Como mujer que migró siendo adulta y madre, hablo desde una experiencia compartida por muchas personas que llegamos a un contexto lingüístico y cultural ajeno, uno que inicialmente nos dejó sin palabras para nombrar lo que estábamos viviendo. Durante décadas, el discurso dominante en España invisibilizó esta realidad, permitiendo solo voces racializadas que se alineaban con la narrativa de la ‘integración modélica’. A muchas nos tomó años comprender que nuestras dificultades no eran fallas personales de adaptación, sino barreras diseñadas por el propio sistema. Cuando se adopta esta perspectiva, el enfoque de las soluciones deja de ser un parche moral y se convierte en una cuestión de justicia sistémica a través de tres ejes fundamentales:
Primero, pasamos de la ‘integración’ a la transformación del derecho. Las políticas tradicionales suelen poner la carga sobre el migrante, pidiéndole que se esfuerce por encajar. Sin embargo, si el racismo es estructural, la solución no es ‘ayudar’ al individuo a adaptarse a un sistema que lo excluye, sino reformar las instituciones —empezando por la Ley de Extranjería y los protocolos de empleo o vivienda— para eliminar los sesgos de origen.
Segundo, debemos transitar del paternalismo a la autonomía política. Es imperativo reconocer a las personas migrantes como sujetos políticos con un saber experto, sustituyendo la retórica de la meritocracia por una justicia reparativa real. Las políticas públicas no deben diseñarse para nosotros, sino con nosotros, garantizando que nuestras voces —incluso las más críticas y disidentes— tengan un poder real en la toma de decisiones y en la ejecución de presupuestos, sin necesidad de tutelas.
Finalmente, es crucial el reconocimiento de los tiempos y procesos. Una conciencia estructural entiende que la urgencia de la supervivencia y la barrera idiomática generan un silencio forzado que el sistema a menudo instrumentaliza. Necesitamos soluciones que garanticen espacios seguros de auto-organización, para que quienes llegan adultos no sean sentenciados al aislamiento o a una asimilación invisible.
En definitiva, las políticas públicas deben dejar de buscar al migrante ‘agradecido y silencioso’. No necesitamos caridad, sino que se desmantele la arquitectura racista.
«Se proyecta la imagen de un Estado benevolente que ayuda a ‘los vulnerables‘ , ocultando que esa vulnerabilidad es una construcción política. Al final, el dinero público termina financiando la gestión de la pobreza en lugar de invertir en la erradicación de las causas que la producen«
Gran parte del discurso institucional se centra en diversidad, convivencia o inclusión. ¿Consideras que ese lenguaje realmente aborda el problema o funciona más como una gestión simbólica que suaviza las desigualdades?
Considero que, en la mayoría de los casos, este lenguaje funciona como una estrategia de invisibilización. Bajo palabras amables como «convivencia» o «diversidad», el Estado a menudo desplaza el foco de las barreras reales para colocar la carga —y la culpa— sobre la persona migrante. Es una retórica contradictoria: las instituciones se presentan como «salvadoras» de la precariedad del migrante, cuando son ellas, a través de sus leyes y estructuras, las responsables de generarla. Este discurso produce tres efectos perversos en la gestión pública:
La desviación de la mirada: Se invierte una cantidad ingente de dinero público en programas de «sensibilización» o «talleres de integración» que actúan como cortinas de humo. El objetivo es que la sociedad no reconozca la estructura que sostiene la exclusión, como la falta de derechos de ciudadanía plena o el racismo institucional.
La despolitización del conflicto: Al hablar de «diversidad» se trata la desigualdad como si fuera un simple malentendido cultural que se soluciona con voluntad y buenos modales. Esto evita hablar de poder, de recursos y leyes. Se busca corregir la «condición precaria» del migrante sin tocar las estructuras que lo precarizan.
El salvacionismo institucional: Se proyecta la imagen de un Estado benevolente que ayuda a «los vulnerables», ocultando que esa vulnerabilidad es una construcción política. Al final, el dinero público termina financiando la gestión de la pobreza en lugar de invertir en la erradicación de las causas que la producen.
En tus estudios sobre educación señalas que la escuela reproduce jerarquías ¿Cómo se dan y cómo podrían los centros educativos pasar de una inclusión simbólica a una transformación real de las relaciones de poder en el aula?
Mi tesis me permitió desvelar una realidad que, aunque sospechaba, no esperaba encontrar con tanta crudeza en el ámbito educativo. Desmantelar los mecanismos del racismo en la escuela ha sido un proceso impactante, porque revela la máxima crueldad posible: un maltrato sutil y directo contra una infancia indefensa, cuya capacidad de responder está limitada por edad y condición de minoría. A través de relatos de las madres y mi propia experiencia profesional, he identificado dinámicas que no son fallos del sistema, sino engranajes de una jerarquía racial activa:
La patologización del alumnado: Existe una alarmante sobrediagnosticación de enfermedades mentales y TDAH dirigida específicamente a la infancia racializada. Esto funciona como un mecanismo de segregación: se les etiqueta para derivarlos a aulas de atención especial, reduciendo drásticamente su recorrido académico y limitando sus oportunidades futuras antes de que siquiera puedan descubrirlas.
La criminalización de la identidad: Observamos un doble rasero disciplinario donde los castigos son desmesurados y frecuentes para este alumnado. Además, se opera bajo estereotipos de género y origen: se criminaliza a varones jóvenes y se victimiza a las niñas bajo la excusa de su cultura o religión, invalidando sus agencias propias.
El desplazamiento de la responsabilidad: La institución escolar tiende a criminalizar las formas de maternar y paternar de las familias migrantes. Al atribuir el «fracaso» a las familias o a sus culturas, la escuela evita auditar su propio racismo y se exime de la responsabilidad de educar con equidad.
¿Cómo pasar de la inclusión simbólica a la transformación real? Para transformar las relaciones de poder no basta con celebrar «días de la gastronomía» o colgar carteles multiculturales. El cambio real exige:
Auditoría del sesgo institucional: Los centros deben revisar sus protocolos de diagnóstico y disciplina para frenar la derivación automática a educación especial basada en prejuicios raciales.
Repensar el rol de las familias: Pasar de ver a las madres migrantes como «usuarias que deben ser reeducadas» a reconocerlas como aliadas legítimas con un saber esencial sobre sus hijos.
Currículo y formación crítica: No se trata de «añadir» contenidos, sino de descolonizar el currículo. Los docentes necesitan formación en racismo estructural para entender que la neutralidad no existe: o se trabaja activamente contra el racismo, o se está reproduciendo.
La escuela solo dejará de ser un espacio de reproducción de jerarquías cuando deje de exigir que la infancia racializada sea «rescatada» de sus familias y empiece a garantizarles el derecho a una educación que no mutile sus expectativas de futuro.
«Ser narradas por otros tiene un efecto disciplinante: busca convencernos de que nuestra precariedad es culpa de nuestro origen y no de un sistema que nos prefiere invisibles y explotadas»
Has trabajado extensamente sobre islamofobia y representación de mujeres musulmanas. ¿Qué efectos tiene en sus vidas ser constantemente narradas por otros, y cómo dialoga esto con ciertos feminismos que intentan definir la emancipación y la libertad desde fuera?
La representación de las mujeres musulmanas en España está atrapada en un imaginario muy arraigado que se remonta a la época morisca y se intensificó con la colonización del norte de África. Es un relato que nos desposee de agencia y nos presenta sistemáticamente como víctimas sin voz ni derechos. Sin embargo, lo más revelador ocurre cuando este imaginario choca con la realidad de mujeres musulmanas activas, profesionales y con voz propia. El efecto de ser narradas por otros se traduce en una recolocación forzada:
La paradoja de la visibilidad: La mujer musulmana no molestaba mientras se limitaba a los espacios de servidumbre donde el sistema la colocó inicialmente. No molestaba mientras era la temporera explotada, aislada y abusada en Huelva, ni molesta cuando está encerrada cuidando hogares y personas mayores, sustituyendo a las mujeres blancas en las tareas de cuidados para que ellas sí puedan cumplir sus expectativas profesionales.
La reacción ante la agencia: El conflicto surge cuando empezamos a ocupar espacios públicos, laborales y formativos por derecho propio, especialmente si vestimos el hijab. Es ahí cuando se activa una maquinaria islamofóbica que busca desvalidar nuestro relato. A menudo, se buscan y promocionan voces del mismo origen para exigir nuestro silencio o nuestra invisibilidad, bajo la excusa de que nuestra presencia «desafía» los valores occidentales.
El uso instrumental del feminismo: Ciertos feminismos hegemónicos definen la emancipación desde una mirada externa que termina siendo funcional al racismo. Presentan nuestra exclusión laboral no como el resultado de una discriminación sistémica, sino como una «consecuencia de nuestra cultura o religión». Así, se utiliza la figura de la mujer musulmana para atacar a su propia comunidad y a sus hombres, ocultando las barreras que el Estado y el mercado laboral nos imponen.
Ser narradas por otros tiene un efecto disciplinante: busca convencernos de que nuestra precariedad es culpa de nuestro origen y no de un sistema que nos prefiere invisibles y explotadas. Cuando nosotras definimos nuestra propia libertad, rompemos el guion del «salvacionismo» y ponemos en evidencia que la verdadera emancipación no puede construirse sobre la base de la exclusión y el estigma.
La precariedad de personas migrantes cualificadas cuestiona la idea de meritocracia, ¿qué nos revela esto sobre los límites del sistema?
Esta es una realidad que vivimos muchísimas personas y que desmonta por completo el mito de la meritocracia. Lo que revela es que el sistema no busca la excelencia, sino mantener una jerarquía de privilegios. En nuestros entornos laborales, a menudo somos las personas más formadas y capacitadas; aportamos un bagaje académico, cultural e idiomático que otros no tienen. Sin embargo, el sistema no reconoce formalmente estas competencias, se limita a explotarlas. Esta situación nos permite identificar dinámicas muy específicas de exclusión:
La amenaza de la competencia: Cuando una persona migrante está altamente cualificada, deja de ser vista como alguien a quien «ayudar» y empieza a ser percibida como amenaza por un entorno laboral que busca ascender. No se nos ve como colegas, sino como competidores que no deberían estar ahí.
El castigo a la excelencia: En lugar de premiar nuestro esfuerzo, se nos castiga con el aislamiento o el apartamiento. Se nos impide ascender o promocionar para que no rompamos el orden establecido, relegándonos a funciones técnicas o de ejecución, mientras otros se llevan el rédito de nuestro trabajo.
La lógica de la extracción: Somos víctimas de una «extracción» constante. El sistema aprovecha nuestro conocimiento, nuestra experiencia previa y nuestra capacidad de resolución, pero nos niega el estatus, el sueldo y el reconocimiento que corresponden a esa formación. Se nos trata como una materia prima de la que se extrae valor, pero a la que se le niega la categoría de experto.
La precariedad de los migrantes cualificados nos revela que el sistema tiene un techo de cristal racial. Nos dice que, por mucho que nos esforcemos o nos formemos, continuamos ocupando un lugar subordinado.
El discurso islamófobo sobre nosotras ha sirvido como herramienta económica de control. Se utiliza de forma estratégica para limitar nuestras oportunidades y restringir nuestra movilidad laboral. Al estigmatizarnos, el sistema nos condena a un estancamiento permanente en puestos con sueldos precarios, independientemente de nuestra formación o méritos. Este mecanismo tiene efectos más allá del presente:
El estancamiento como herramienta: La islamofobia funciona como un techo de cristal que nos impide promocionar. Así, el sistema asegura una mano de obra altamente cualificada a precio de saldo, manteniéndonos en una posición de subordinación profesional constante.
La brecha salarial y de derechos: Esta limitación forzada se traduce en salarios que no corresponden a nuestras capacidades.
La precariedad heredada y la jubilación: Lo más grave es que esta discriminación hoy es nuestra pobreza de mañana. Un sueldo precario hoy significa una jubilación precaria. El racismo estructural, alimentado por la islamofobia, nos roba no solo nuestro presente profesional, sino también nuestro derecho a una vejez digna.
Se usa el estigma sobre nuestra identidad religiosa para justificar una exclusión laboral. Cuando superamos esta barrera y logramos acceder al trabajo casi siempre es precario, se nos mantiene en los márgenes. El sistema emplea discursos racistas e islamófobos para garantizar que sigamos siendo clase trabajadora empobrecida.
«La violencia policial es la expresión más cruda y explícita del racismo estructural. Cuando la policía detiene a personas racializadas o una intervención termina en tragedia, lo que vemos no es un «fallo» del sistema, sino el sistema funcionando como fue diseñado: para vigilar, jerarquizar y disciplinar los cuerpos racializados»
Una parte central de tu trabajo es priorizar la voz a quienes son invisibilizados. ¿Cómo se sostiene una voz crítica desde los márgenes sin que sea apropiada o neutralizada al entrar en espacios institucionales? ¿debemos estar ahí?
Sostener una voz crítica dentro de la institución es una labor de resistencia constante. Todas conocemos de cerca el racismo institucional y estructural, pero habitar esos espacios como voces críticas implica una vivencia de desgaste que a menudo no se ve. Yo siempre digo que, mientras algunas personas blancas salen a manifestarse puntualmente contra el racismo, nosotras militamos cada día y en cada momento solo con nuestra presencia en esos lugares y espacios de poder. Nuestra sola existencia en ellos es ya un acto de confrontación.
¿Debemos estar ahí? Mi respuesta es un sí, pero bajo nuestras condiciones, porque los lugares donde se decide nuestra vida y el futuro de nuestros hijos no pueden seguir vacíos de nuestra presencia. Sin embargo, no debemos estar de cualquier manera. Estar en la institución solo tiene sentido si nuestra presencia sirve para abrir grietas, incomodar y cuestionar la arquitectura de privilegios desde dentro.
La institución tiene una gran capacidad para neutralizar nuestras voces: nos usa para validar su diversidad y legitimar una estructura que, en esencia, no cambia. Si nuestra entrada no sirve para denunciar el racismo estructural, la islamofobia y la precariedad laboral, entonces no estamos participando; estamos decorando.
Por eso, ocupar estos espacios ha de ser una estrategia de supervivencia colectiva, no un fin en sí mismo ni una meta de lucimiento personal. Mi voz en la institución no me pertenece solo a mí; pertenece a las madres, a las temporeras, a las mujeres cuya experiencia documento y toda la comunidad migrante. Sostener la crítica es negarse a suavizar el lenguaje para que sea «cómodo» de escuchar al poder. La voz se protege manteniéndola conectada a la realidad colectiva y asegurando que nuestra presencia tenga una capacidad de incidencia real, transformando el éxito individual en un avance para todas.
Cuando el racismo se expresa en la acción policial, ya sea por control racial o casos con consecuencias fatales, ¿qué nos dice eso sobre los límites reales del sistema y las fallas de los mecanismos de rendición de cuentas?
La violencia policial es la expresión más cruda y explícita del racismo estructural. Cuando la policía detiene a personas racializadas o una intervención termina en tragedia, lo que vemos no es un «fallo» del sistema, sino el sistema funcionando como fue diseñado: para vigilar, jerarquizar y disciplinar los cuerpos racializados.
Esta realidad nos revela que la presunción de inocencia y la libertad de movimiento no son derechos universales, sino privilegios que se pierden según tu origen o tu vestimenta. Para nosotras, la calle no es un espacio de convivencia, sino un espacio de sospecha. Esto demuestra que el sistema tiene una «frontera interna» donde los derechos humanos se suspenden para una parte de la población.
Todos y todas sabemos que es casi imposible denunciar un abuso policial sin sufrir represalias, o cuando los casos quedan archivados sistemáticamente (Haitam, Bria Ríos, Mamedi…), se nos envía un mensaje claro: la vida e integridad de personas migrantes y racializadas valen menos. La institución protege a sus agentes porque reconocer el racismo policial obligaría a reconocer que el Estado mismo es racista.
El control de la movilidad social: Al igual que el racismo en la escuela o en el trabajo, la acción policial busca «recolocar» al migrante y las personas racializadas. Los controles constantes tienen un efecto disciplinante: buscan que tengamos miedo, que nos sintamos extranjeras y que entendamos que nuestra presencia en el espacio público siempre está sujeta a la validación policial. El sistema no se siente responsable ante nosotros, la policía es el brazo armado de una estructura que nos prefiere sumisas, invisibles o, en el peor de los casos, eliminables.
«No podemos esperar que las instituciones que generan el racismo sean las mismas que lo solucionen por voluntad propia»
¿Cómo deberíamos organizarnos contra toda esta violencia institucional?
Si la violencia es estructural, la respuesta no puede ser individual, necesitamos una organización política colectiva que nazca desde nuestros propios márgenes.
La organización contra la violencia estructural debe partir de una premisa clara: no podemos esperar que las instituciones que generan el racismo sean las mismas que lo solucionen por voluntad propia. La organización debe ser colectiva, autónoma y profundamente política y, por ello, necesitamos:
La creación de Redes de Autodefensa y Apoyo Mutuo: Frente a la violencia policial, la precariedad laboral y el racismo escolar, nuestra primera respuesta debe ser el cuidado colectivo. Necesitamos redes donde la información circule —para saber cómo actuar ante una detención o un abuso— y donde se rompa el aislamiento. Como decía antes, el sistema se aprovecha de nuestro «silencio de supervivencia»; por eso, organizarse es, ante todo, empezar a hablar y protegernos entre iguales.
La descolonización de la incidencia política: Debemos ocupar los espacios de toma de decisiones, pero no como voces decorativas, sino como bloques de presión. La organización tiene que servir para exigir cambios legislativos estructurales, como ha sido el gran éxito de Regularización Ya y la derogación de la Ley de Extranjería. No se trata de pedir «ayuda», sino de exigir reparación y derechos. Debemos transitar del activismo de la queja al ejercicio del poder político, financiando nuestra propia autonomía para no depender de subvenciones que condicionen nuestro discurso.
La alianza estratégica desde la interseccionalidad: Nuestra lucha no es aislada. La organización debe conectar a la madre que lucha contra la segregación escolar, a la temporera que denuncia abusos en el campo y a la profesional que enfrenta la islamofobia en la oficina. Solo una alianza que reconozca que todas estas violencias provienen de la misma arquitectura del poder podrá generar una fuerza capaz de abrir grietas reales en el sistema.
Finalmente, organizarnos significa recuperar el derecho a narrarnos a nosotras mismas. Debemos crear nuestros propios espacios de pensamiento y comunicación para que nadie más defina qué es la libertad o la emancipación para una mujer musulmana o migrante.
La organización es nuestra mejor herramienta para pasar de ser «víctimas del sistema» a ser arquitectas de una sociedad nueva. No se trata solo de resistir la violencia, sino de construir una alternativa donde nuestra existencia no sea una negociación constante, sino un derecho pleno. Solo juntas dejamos de ser invisibles para convertirnos en una fuerza política innegociable.
