carceles

Antonio Arevalillo Sanz lleva más de cuarenta años preso, 15 de ellos en Régimen Especial de castigo (aislamiento) y desde hace dos, ha sufrido cinco operaciones como consecuencia de un carcinoma nasal, a raíz de una paliza propinada en la cárcel de Zuera y el consiguiente abandono sanitario.

Ante el alarmante agravamiento de la situación sanitaria en las cárceles del estado, y el insoportable e intolerable número de muertes entre los muros de las prisiones, diferentes colectivos e individualidades se unen para denunciar y visibilizar esta vulneración de derechos de las personas presas e impulsar medidas y actuaciones para corregirla sin renunciar a principios anticarcelarios y antipunitivistas.

La privación de libertad comporta, en la práctica, la privación del derecho a la salud, a pesar de que debería estar garantizado. De igual modo ocurre con el derecho a la vida. Cada semana mueren, de media, tres personas y, a pesar de que la administración diga que son “muertes naturales”, son muertes que se podrían haber evitado si la atención sanitaria hubiera sido la adecuada según la ley.

Las cárceles están estructuradas sobre una división binaria: prisiones “masculinas” y “femeninas”. Sin embargo, esta clasificación ignora la existencia de identidades trans y no binarias, y las somete a una violencia estructural constante.

El pasado 12 de febrero, el Congreso dio luz verde a una reforma histórica contra la multirreincidencia que endurece la respuesta penal ante el hurto. Pero, ¿sirve la cárcel para disuadir a quien roba por necesidad?

Asociaciones de sanidad penitenciaria, colectivos de derechos humanos y grupos de apoyo a personas presas llevan años denunciando la desatención médica estructural en las prisiones españolas y la progresiva normalización del sufrimiento de las personas privadas de libertad. Las cárceles no pueden seguir siendo espacios de excepción sanitaria y jurídica.

Fragmento de la crónica de John Gibler sobre Guarjila, un pueblo que padece el atropello gubernamental. 

El capitalismo comenzó en medio del saqueo colonial y, a medida que los márgenes de beneficio disminuyen en toda la economía mundial, los gobiernos están volviendo a esta antigua estrategia de acumulación.

Haremos un recorrido histórico y político por más de 120 años de abandono, racismo estructural y violencia estatal, para explicar por qué las favelas existen, cómo se consolidaron y por qué son territorios en disputa. Desde la colonización, la esclavización, la expulsión urbana, hasta la militarización permanente, las políticas de “higienización urbana” y el surgimiento de facciones y milicias.

La solidaridad internacional, la denuncia y la organización de la clase trabajadora siguen siendo la única garantía de que estos casos no queden en la impunidad ni en el olvido.

Ambos centros de detención fueron construidos por la agencia de cooperación española FIAP, del Ministerio de Asuntos Exteriores, y reservan espacio e incluso cunas para privar de libertad también a migrantes menores de edad.

A comienzos de 2025, diversos colectivos del Estado español nos encontramos en Iruña para debatir y construir juntas en torno a la cuestión punitivista. Fue el primer contacto físico de lo que hoy se conoce como la Red Antipunitivista, que nace con la intención de abrir espacios de diálogo y aprendizaje colectivos para trabajar —desde, por y para nosotras— en el desmontaje de la cultura del castigo. En concreto estuvieron presentes Traba (Valencia), Tapa (Madrid), A