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En materia ambiental, el Gobierno español se jacta de tener leyes ambientales avanzadas (cuántas veces hemos oído ‘el que contamina paga’), derivadas de las directivas de la Unión Europea sobre gestión ambiental y conservación de la naturaleza. También presume de transparencia en los procedimientos administrativos. Sin embargo, observamos que los responsables políticos son, en demasiadas ocasiones, opacos durante esos procedimientos para cumplir con la legislación.