muertes en prisión

Quienes han podido reconstruir lo ocurrido no han sido ni la dirección del centro ni los servicios médicos, sino un grupo de presos que llevaba tiempo cuidando de él de manera informal. Este dato, por sí solo, dice mucho: nos habla de la resistencia y la solidaridad que las personas privadas de libertad ponen en práctica en un contexto marcado por el castigo y el abandono, que los quisiera enemigos entre ellos.

Asociaciones de sanidad penitenciaria, colectivos de derechos humanos y grupos de apoyo a personas presas llevan años denunciando la desatención médica estructural en las prisiones españolas y la progresiva normalización del sufrimiento de las personas privadas de libertad. Las cárceles no pueden seguir siendo espacios de excepción sanitaria y jurídica.

Dedicamos en general el programa a las muertes de personas encarceladas y a los mecanismos político-sociales que hacen posible que aseguran la impunidad de los responsables y especialmente a la contra-denuncia del aparato punitivo que han sufrido dos personas solidarias por denunciar la muerte de Shanna Cadiri en la cárcel de mujeres de Brieva (Ávila) en octubre de 2023 y a la convocatoria a concentrarse el 1 de abril ante el edificio del juzgado, en Ávila, en apoyo

Desde Salhaketa Nafarroa, colectivo en defensa de los derechos de las personas presas, expresas y de sus familiares, llevamos más de treinta años denunciando no sólo la vulneración sistemática de derechos humanos que se da en las cárceles, sino también el hecho de que es la propia lógica penitenciaria la que está ideada para conculcarlos de manera sistemática, cumpliendo muy bien sus objetivos.

Los mecanismos de garantía o defensa jurídica sólo funcionan para los presos ricos, una exigua minoría, que pueden gastar mucho dinero en abogados. Y el sistema punitivo se ceba en los pobres, estigmatizando a los más rebeldes o inadaptados y persiguiéndoles de por vida, a ellos y a sus allegados.

Los familiares de los presos son una de las formas de protección más importantes contra la impunidad. Su lucha puede contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la población reclusa, a la vigilancia de malos tratos y la reducción del punitivismo.

La propia naturaleza de la vida penitenciaria como son la falta de autonomía sobre actividades simples de la vida cotidiana (levantarse, acostarse, comer o ducharse), el estar todo regulado y controlado o la falta de actividades con un propósito determinado que no sea llenar el tiempo, se ha asociado con pensamientos suicidas y tiene un impacto significativo en el riesgo de suicidio dentro de las prisiones.

A pesar de la especial vulnerabilidad de las mujeres presas en términos de salud y calidad de vida, la atención sanitaria en las cárceles del Estado español es absolutamente lamentable.

«Los DERT (Departamento Especial de Régimen Cerrado) en sí mismos son una contradicción según la legislación internacional, la cual choca frontalmente con la Ley Penitenciaria española, que data de 1979.»

Recordamos que el colectivo de presxs en lucha lleva en huelga de hambre rotativa desde el 1 de septiembre en defensa de la salud y la vida de la gente presa.

Desde diversas instancias venimos denunciando la aplicación extrajudicial de la pena de muerte en las prisiones españolas como consecuencia de una lógica perversa y sutil que provoca finalmente la muerte de muchas personas presas.

Exponemos nuestras críticas a la actitividad de denuncia de la situación en las cárceles durante el estado de excepción y nuestro rechazo a su politización interesada, mientras se ningunea a lxs propixs presxs en lucha y se sustituye su grito desesperado por discursos falaces que, lejos de beneficiarles en nada, contribuyen más bien a lavarle la cara al régimen de dominación y explotación que garantiza su degradación y destrucción institucionalizadas y la impunidad