sentencia

Esta sentencia reconoce el derecho de una persona, que además estaba incapacitada, a no someterse a un tratamiento involuntario con medicación inyectable por la existencia de efectos secundarios que merman su calidad de vida. Cuesta concebir esto como un logro, puesto que el sentido común parece ser claro al respecto, pero sin embargo, en el actual estado de cosas existente, lo cierto es que lo es.

En materia ambiental, el Gobierno español se jacta de tener leyes ambientales avanzadas (cuántas veces hemos oído ‘el que contamina paga’), derivadas de las directivas de la Unión Europea sobre gestión ambiental y conservación de la naturaleza. También presume de transparencia en los procedimientos administrativos. Sin embargo, observamos que los responsables políticos son, en demasiadas ocasiones, opacos durante esos procedimientos para cumplir con la legislación.