Diversos colectivos denuncian la apertura de expedientes sancionadores contra dos activistas y el despliegue de identificaciones arbitrarias durante el paso de la prueba ciclista por Cantabria. Han convocado una concentración frente a la Delegación del Gobierno el próximo 24 de febrero.
El paso de la Vuelta Ciclista a España por Cantabria el pasado septiembre ha derivado, meses después, en un «ensañamiento» administrativo que busca criminalizar la solidaridad con el pueblo palestino y la participación política de la comunidad. Meses después de las movilizaciones que señalaron el uso del deporte para el «blanqueo» de la situación en Gaza, la respuesta del Estado se ha materializado en expedientes sancionadores que los colectivos sociales califican de arbitrarios.
Los hechos que originan esta denuncia se remontan a las jornadas de movilización coordinadas en distintos puntos del Estado para señalar el uso de eventos deportivos de élite como una herramienta de «blanqueo» de la imagen de Israel, eludiendo el genocidio que este está cometiendo en la Franja de Gaza.
Según el comunicado conjunto de los firmantes, la actuación policial no se limitó a los puntos de protesta, sino que alcanzó a varias presonas que se encontraban simplemente sentados en terrazas de establecimientos hosteleros sin que mediara altercado alguno. En este contexto, la situación de las dos activistas expedientadas resulta especialmente paradigmática para el tejido social cántabro.
Una de las afectadas relata que el procedimiento sancionador se inició tras un intercambio en el que, ante la actuación de los agentes, ella procedió a anotar el número de placa de uno de ellos. Las organizaciones subrayan que en ningún momento se produjo una falta de respeto, y critican que el uso de artículos relativos a la «desobediencia» (36.6) o la «falta de respeto a la autoridad» (37.4) responde a la ambigüedad de una norma que permite una excesiva discrecionalidad policial. A cada una de las dos activistas se les han incoado dos expedientes administrativos distintos, un hecho que el tejido social de la región califica una estrategia clara de castigo administrativo para desincentivar la participación política.
Una ley que permanece intacta
Esta situación vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la vigencia de la conocida Ley Mordaza. Las organizaciones firmantes —entre las que se encuentran el Comité-Interpueblos, la Comisión 8M Cantabria, CNT Santander, Pasaje Seguro, Ecologistas en Acción, Izquierda Unida y Podemos, entre otras— denuncian el incumplimiento del compromiso gubernamental para derogar o la norma. Tras más de un año de negociaciones fallidas, lamentan que la ley siga siendo el instrumento principal para sancionar el derecho a la protesta y exigen el archivo inmediato de todas las causas abiertas.
En respuesta a estas sanciones, los colectivos cántabros ha convocado una concentración frente a la Delegación del Gobierno en Santander para el próximo martes 24 de febrero a las 19:00 horas. Bajo el lema «Condenar el genocidio es deber, no delito», los colectivos hacen un llamamiento a la población para mostrar el rechazo a la persecución política y defender que la protesta pacífica y la solidaridad internacional no pueden ser tratadas como infracciones legales.
