El despliegue de proyectos eólicos en el sur de Cantabria enfrenta dos maneras de entender el territorio, la democracia y la transición ecológica. Así lo plantea la Plataforma en su nota de prensa, en la que acusa al Ejecutivo autonómico de impulsar un modelo eólico viciado de origen, diseñado para sortear controles, silenciar a las comunidades afectadas y allanar el camino a las grandes empresas del sector.
Desde la Plataforma insisten en que el problema no es la energía eólica en sí, sino cómo, dónde y para quién se está desplegando y denuncian que el Gobierno regional ha optado por un procedimiento fragmentado y opaco, que disgrega los proyectos parque a parque y línea a línea para rebajar exigencias ambientales y reducir la participación pública a un mero trámite formal. Este troceo administrativo divide artificialmente proyectos de gran escala, para eludir evaluaciones ambientales más estrictas y dificultar que la población afectada pueda comprender el alcance real de lo que se está aprobando. Se trata de una estrategia de ingeniería jurídica ampliamente cuestionada por plataformas sociales y ecologistas en todo el Estado y que, en el caso cántabro, amenaza con vaciar de sentido la legislación ambiental y de ordenación del territorio.
La Plataforma reclama la nulidad de los expedientes y recuerda que la ley obliga a garantizar procesos de información y participación reales y efectivos, especialmente cuando los proyectos afectan a bienes comunales, montes de alto valor ecológico y formas de vida ligadas históricamente al territorio. Para quienes viven en Arcera, Aroco o en la Sierra del Escudo, el conflicto no es una abstracción técnica ni un debate de expertos. Las dehesas, los montes y los terrenos comunales que ahora se reclasifican como «suelo rústico de utilidad pública» forman parte de una economía rural viva, basada en usos ganaderos, forestales y comunitarios que sostienen población y paisaje.
En este contexto, la Plataforma denuncia que el Gobierno regional pretende apropiarse de tierras comunales para ofertarlas a la industria energética como suelo disponible, sin el consentimiento de quienes las habitan y sin abrir un debate público sobre alternativas como la generación distribuida, el autoconsumo o los modelos cooperativos de energía. Una operación que, alertan, vacía de contenido la propia idea de lo comunal.
El conflicto del sur de Cantabria no es una excepción, sino un síntoma. Para la Plataforma, lo que se está desplegando es una falsa transición ecológica que reproduce las viejas lógicas extractivas: territorios periféricos convertidos en zonas de sacrificio, costes ambientales y sociales asumidos por el mundo rural y beneficios concentrados en grandes empresas y centros de consumo urbanos.
Lejos de corregir desigualdades, este modelo las profundiza. Se habla de emergencia climática mientras se toman decisiones sin participación democrática, sin justicia territorial y sin cuestionar quién controla la energía ni con qué fines. Mientras avanzan los recursos judiciales y se estudia la posibilidad de solicitar la revisión de oficio de los expedientes, la Plataforma insiste en que el conflicto no se resolverá únicamente en los tribunales. La defensa del territorio pasa también por la organización social, la circulación de información entre valles y la construcción de alianzas capaces de cuestionar y disputar un modelo energético impuesto desde arriba, en un debate que no puede separarse de la justicia social y del derecho de los pueblos a decidir sobre su futuro.
