Cientos de personas tomaron las calles de Castro-Urdiales este sábado 7 de marzo bajo el lema «Ningún ser humano es ilegal». La movilización, convocada por Castro X la Igualdad y respaldada por Pasaje Seguro y Las Calles contra el Fascismo, no es solo una respuesta ante la campaña de acoso contra el futuro centro de menores migrantes; es un dique de contención necesario ante lo que muchos consideran una estrategia orquestada por la extrema derecha para fracturar la convivencia municipal y capitalizar el miedo.
La estrategia de la «normalización» del odio
El rechazo que se está generando en el municipio se encuadra dentro de una estrategia de agitación que utiliza la desinformación para captar el descontento. Bajo el barniz de una supuesta «preocupación cívica», sectores de la ultraderecha han difundido en redes sociales y medios informaciones que han sido desmentidas por por instituciones y organizaciones sociales. El objetivo es instalar la falacia de que la protección de la infancia migrante es incompatible con la seguridad vecinal.
La estrategia no apela a la razón, sino que secuestra la percepción de seguridad de vecinas y vecinos para convertir el miedo en una herramienta política. Al presentar el rechazo como «autodefensa» y disfrazar el racismo como «gestión de recursos», se logra que ideas antes marginales penetren en el sentido común, forzando a las instituciones a paralizar proyectos necesarios bajo coacción. Como señalaron asistentes a la jornada: «Castro no puede convertirse en un laboratorio del discurso del odio».
Cronología de una agresión organizada
El pasado 1 de marzo, una convocatoria de una plataforma autodenominada «Patrullas Castro», con el respaldo de cargos públicos de Vox —como los concejales Agustín Fernández y Laura Velasco, además de diputados regionales—, derivó en una protesta marcada por proclamas xenófobas y supremacistas, acompañadas de un acoso sistemático diseñado para amedrentar a cualquier voz disidente. Este modus operandi, ya testado en municipios como Cartes, sigue un patrón claro:
- Detección del objetivo: Elección de municipios donde la extrema derecha cree que es más sencillo maximizar el impacto del miedo y movilizar a una masa mediante la desinformación.
- Difusión de bulos: Desinformación activa sobre supuestos riesgos para la seguridad, a menudo apoyada por cargos públicos que actúan como agitadores.
- Coacción y acoso: Señalamiento directo a trabajadores del centro y cargos institucionales para forzar el bloqueo administrativo y cambios políticos bajo coacción. Esto ha llegado hasta el hostigamiento personal hacia la alcaldesa, Susana Herrán, incluso en presencia de sus hijos.
La realidad frente a la mentira reaccionaria
Es fundamental confrontar este relato con la realidad jurídica. Un centro de acogida no es un «campo de batalla», sino una herramienta del sistema de protección a la infancia regulada, entre otros textos, por el artículo 172 del Código Civil. Estos centros cumplen una función técnica irrenunciable: garantizar la tutela, la escolarización, la atención sanitaria y el acompañamiento socioeducativo de menores que llegan a nuestras fronteras sin referente familiar.
La oposición a estas infraestructuras no es una defensa de la seguridad local, sino un ataque directo a los derechos fundamentales. El silencio cómplice de algunos sectores institucionales ante estas prácticas es, en última instancia, el caldo de cultivo que permite que el discurso del odio se normalice.
Una identidad forjada en la diversidad
Castro-Urdiales, con más de 30.000 habitantes, es una localidad cuya historia está íntimamente ligada a los movimientos migratorios, tanto internos como externos. Intentar suplantar esta identidad plural por el racismo y la exclusión es un ejercicio de amnesia colectiva que una parte importante de la población no está dispuesta a aceptar.
En un momento donde la extrema derecha intenta imponer la polarización como norma, la respuesta del sábado ha enviado un mensaje claro: la acogida no es una opción sujeta a la voluntad de quien grita más fuerte, sino un compromiso ético ineludible y una obligación legal que la sociedad civil no está dispuesta a ver revertida. Defender estos centros es la línea roja necesaria para evitar que la ocupación del espacio público por el odio se convierta en la nueva normalidad.
La lucha por la convivencia apenas comienza. Frente a la violencia institucional y callejera de la ultraderecha, la respuesta es una organización comunitaria que tiene claro que la solidaridad no se negocia.
