Diversas organizaciones sociales han decidido denunciar de modo conjunto la apertura de expedientes sancionadores a varias de las personas que participaron en las protestas pacíficas durante la Vuelta Ciclista a España. En Cantabria, son dos activistas, quienes se enfrentan a procedimientos administrativos. Varias personas fueron identificadas por la policía mientras se encontraban sentadas, conversando en la terraza de un establecimiento hostelero.
Las organizaciones manifiestan que estos hechos evidencian el uso de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como “Ley Mordaza”, para restringir el derecho a la protesta. Recuerdan que “esta normativa se aplica de forma habitual mediante artículos de redacción ambigua, como los relacionados con la desobediencia o la falta de respeto a la autoridad”.
En concreto, los colectivos que han decidido trabajar juntos para dar cobertura a las personas multadas son el Comité-Interpueblos, Comisión 8M Cantabria, CNT Santander, Asambleas Feministas abiertas de Cantabria, CSO La Lechuza, Podemos Cantabria, Pasaje Seguro Cantabria, Anticapitalistas, Cabezón por Gaza, Ecologistas en Acción Cantabria, y Coordinadora Cántabra por la Defensa del Sistema Público de Pensiones.
Contra el “blanqueo deportivo sionista”
En el marco de la Vuelta Ciclista, las protestas denunciaban el uso de eventos deportivos para “blanquear el genocidio en curso contra el pueblo palestino”, señalan desde la unión de colectivos. A su juicio, “la respuesta institucional ha sido el despliegue de dispositivos policiales y la apertura de sanciones contra personas que ejercían su derecho a la protesta pacífica”.
Una de las activistas denunciadas relata la actuación policial sufrida: «No hubo falta de respeto. Anoté el número de su placa y se cobró su venganza», afirma en referencia a la posterior apertura del expediente sancionador.
Los colectivos exigen la derogación inmediata de la “Ley Mordaza”, el archivo de las causas abiertas contra activistas y el cumplimiento del compromiso del Gobierno de poner fin a una ley que, declaran, sigue siendo utilizada para criminalizar la protesta social.
Así mismo denuncian el claro ensañamiento contra estas dos activistas, pues han sido abiertos dos expedientes sancionadores a cada una.
Igualmente estos colectivos destacan la hipocresía del PSOE, y más en concreto del Delegado del Gobierno en Cantabria Sr. Casares, puesto que por un lado felicitó personalmente a las personas participantes en los actos de protesta en la Vuelta a España, y por otro ahora las sanciona.
Manifiesto de la Plataforma condenar el genocidio es deber, no delito
A raíz de las recientes protestas de un número muy importante de personas, en diferentes lugares del Estado, durante la Vuelta Ciclista a España, activistas pacíficos enfrentan procesos administrativos por ejercer su derecho a la protesta, en Cantabria afecta a dos compañeras, con el agravante de la identificación de varias personas activistas, cuando estaban sentadas tranquilamente en la terraza de un establecimiento de hostelería. Estos hechos no son aislados: son la consecuencia directa de la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza), que desde hace una década criminaliza sistemáticamente la disidencia, y restringe libertades fundamentales.
La Ley Mordaza, lejos de proteger la seguridad ciudadana, se ha convertido en una herramienta de represión política. Más del 76% de las sanciones impuestas bajo esta ley se deben a artículos ambiguos como la «desobediencia» o la «falta de respeto a la autoridad», utilizados para silenciar voces críticas. En el caso de la Vuelta Ciclista, personas activistas que denunciaban el blanqueo a través del deporte de las violaciones de derechos humanos, y la colaboración de este evento deportivo con el genocidio cometido contra el pueblo palestino por el estado terrorista de Israel, así como por los Estados cómplices, han sido investigadas, detenidas o multadas, mientras el gobierno «progresista » ha desplegado dispositivos policiales masivos.
Esta Ley se ha consolidado no como un instrumento para proteger a la ciudadanía, sino como una herramienta sistemática de represión, criminalización de la disidencia y recorte de derechos y libertades fundamentales consagrados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos.
Denunciamos con contundencia y firmeza que esta ley ha institucionalizado la persecución del activismo y la protesta pacífica, transformando a ciudadanas y ciudadanos que ejercen sus derechos, en delincuentes administrativos y, en casos extremos, en presas y presos políticos.
Todo esto convierte a quienes gobiernan en cómplices por omisión de la represión. Cada día que la Ley Mordaza sigue en vigor, se legitima un modelo que equipara la seguridad ciudadana con la sumisión y el silencio.
Exigimos:
1. Derogación inmediata de esta Ley represiva, y sobre todo de los artículos más lesivos, como el 36.6 y 37.4.
2. Fin de la criminalización de la protesta pacífica y archivo de las causas contra activistas.
3. Cumplimiento de los compromisos políticos: el gobierno prometió derogar esta ley, pero tras 15 meses de negociaciones, la reforma sigue bloqueada.
La solidaridad no es un delito. ¡Basta de mordazas!
