A pesar de ser un artículo de opinión, utilizamos este texto que Carlos Díez Díez ha hecho, de cara a aportar algo de información sobre el proyecto del teleférico en la vega del Pas, para no permanecer ajenos a dicha atrocidad.
IRRACIONAL, INMORAL e ILEGÍTIMO. Estos son los calificativos que inspiran el estudio y análisis del proyecto y proceso de licitación del Teleférico de Vega de Pas. Tras las amargas experiencias de los últimos años en relación con la nefasta gestión de los dineros públicos, resulta complicado entender la contumacia con la que se persevera en proyectos que carecen de racionalidad social y/o empresarial, menoscaban el erario público y no se ajustan a la normativa y regulación vigentes.
A golpe de infografía, la ciudadanía simplemente es conocedora de una propuesta de teleférico en territorio pasiego que parte desde la traza del ferrocarril Santander-Mediterráneo, a 8 km al sur de Vega de Pas, y asciende hasta una pradería a 1.050 m, en las proximidades de la carretera CA-631 que llega hasta el puerto de Estacas de Trueba (1.154 m). El proyecto se sostiene sobre unas previsiones a medio plazo de 300.000 usuarios/año con una tarifa de 20 euros i/v (el teleférico de Fuente Dé tiene una media de 250.000 usuarios al año y cuesta 16 euros i/v). Resultaría el teleférico más caro de España tras el que asciende a 3.555 m al volcán del Teide en Canarias.
IRRACIONAL. El expediente está organizado bajo la premisa de buscar un espacio para la instalación de un teleférico en el municipio de Vega de Pas, resolviendo posteriormente su justificación y viabilidad. En las alegaciones al proyecto, diversas asociaciones y organismos ya han señalado claras y precisas objeciones1 por causa del clima, el escaso atractivo del itinerario… Pero los argumentos racionales no resultan de gran interés para los políticos, sobre todo si son contrarios a los intereses cortoplacistas y partidistas que alimentan su ego y sus réditos electorales.
Es evidente que el desarrollo rural, aparente justificación última del proyecto, debiera ser objetivo prioritario de la políticas regionales. Las líneas de actuación están claramente marcadas a nivel europeo y en los planes de desarrollo rural2: modernización de las explotaciones agrícolas, inversiones forestales, agricultura ecológica… Sin embargo, el trabajo en este ámbito es lento y complejo y los resultados se reflejan a medio-largo plazo. Las exigencias electorales sacrifican el rigor y el trabajo en favor de la ocurrencia y los fuegos de artificio, cuyo intenso pero efímero brillo parecen deslumbrar a algunos votantes.
Sostener el proyecto de teleférico en base a la promesa de cientos de miles de visitantes y cientos de puestos de trabajo es mero fuego de artificio. El intento de equiparar el proyecto con el teleférico de Fuente Dé es completamente irreal. Cualquier conocedor del territorio pasiego es consciente de su belleza, pero también de su fragilidad y de su organización territorial completamente diferente al de otras zonas de montaña de la cordillera. Poblamiento diseminado, reducida accesibilidad, escasez de infraestructuras, equipamientos y servicios… El municipio de Vega de Pas, con 800 habitantes, tan solo tiene una unidad poblacional de consideración, el núcleo de Vega de Pas de 300 habitantes3. El poco previsible éxito de la nueva infraestructura, con la llegada de cientos de miles de turistas, supondría una radical transformación de todo el valle cuyo impacto no se evalúa en el Estudio de Impacto Ambiental de la infraestructura, que se limita a analizar la Capacidad de Acogida del medio en relación con el impacto de las instalaciones y zonas adyacentes. Este escenario hace que unos pocos se froten las manos y la gran mayoría se las lleven a la cabeza.
INMORAL. El día a día insiste en mostrarnos que la ética no es el fuerte de la clase política, que se empeña en decir una cosa y en hacer otra. En el presente caso, ni siquiera los políticos han creído en las cifras que han defendido y difundido públicamente. Así, entre las irreales previsiones del anteproyecto sometidas a información pública y el contenido del expediente licitado, hay graves diferencias y contradicciones contrarias al interés público. De lo que estaba inicialmente calificado como obra completa4 se ha eliminado5, en el documento licitado, la obligación del adjudicatario de la construcción de los accesos desde la CA-631 (los aparcamientos y el acondicionamiento de los 8 km de viario desde Vega de Pas hasta la estación inferior requerirá el gasto de varios millones de euros de dinero público); el periodo de explotación de 25 años6 se ha transformado en 40 años7; de un canon anual fijo de 130.000 euros y otro variable (teleférico, cafetería y tiendas) del 10% de la recaudación si había más de 150.000 usuarios8, se ha pasado a un canon inicial (sólo el primer año) de 50.000 euros y otro variable (solamente el teleférico) del 4%, aplicable tan sólo si hay más de 120.000 usuarios9; y lo que es más grave, CANTUR garantiza el ingreso equivalente a los billetes de los primeros 120.000 usuarios anuales (ni siquiera se prevé franquicia) durante los quince primeros años10. Es decir, la empresa explotadora no asume ningún riesgo, aunque no acuda un solo turista, al tener garantizado por CANTUR el ingreso de decenas de millones de euros de dinero público. Realmente, de cara a la empresa adjudicataria, cuantos menos usuarios acudan, mejor: igual ingreso, más ahorro, menos molestias.
ILEGÍTIMO. Tal cúmulo de despropósitos se inscribe en un expediente de licitación que deforma y distorsiona la normativa vigente al utilizar el régimen jurídico de la concesión para un contrato que no lo es. El teleférico, conforme a la Ley 8/2012 de Transportes de Personas por Cable, se trata de una instalación de transporte público que no tiene la consideración de servicio público11. Su puesta en funcionamiento requiere de un promotor que obtenga una mera Autorización Administrativa de Explotación12. En el expediente ya aparece CANTUR como el promotor autorizado frente a la administración13. Sin embargo la licitación se ha tramitado por la empresa pública CANTUR, S.A. como concesión de obra. Este planteamiento es incorrecto. En primer lugar, el objeto de la licitación no es una obra pública, ni conlleva por tanto la ocupación de dominio público afectado a la propia infraestructura. En segundo lugar, conforme las leyes de régimen jurídico y de patrimonio de Cantabria, las sociedades públicas regionales de carácter mercantil carecen de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública, por lo que no pueden otorgar concesiones administrativas14. Es decir, ni existe la figura de la concesión, ni CANTUR, S.A. tendría autoridad para otorgarla. Por tanto no cabe, tal y como se hace en el expediente y los pliegos de la licitación, realizar el equilibrio económico15 de la concesión (las decenas de millones euros que garantizan el ingreso de los billetes de los primeros 120.000 pasajeros anuales durante 15 años); titulizar los inexistentes derechos de crédito ligados a la concesión16; o proceder a reversión alguna al final del periodo de explotación17. En realidad se trata de un contrato privado18, pero es evidente que la libertad de pactos de una empresa pública no puede llevarse hasta el extremo de despilfarrar el dinero público.
¿Cuál es entonces el papel de CANTUR en este proceso? Se responsabiliza de la explotación ante la administración, al ser el promotor autorizado, y asume el riesgo económico de la misma. ¿Y el papel de la empresa adjudicataria? Se embolsa el dinero público garantizado por CANTUR o los pingües beneficios en el caso de un imprevisible éxito de la instalación.
Tras la macabra anécdota del teleférico de Vega de Pas subyacen las preguntas que la ciudadanía, abrumada por la ingente profusión de escándalos, se sigue haciendo al parecer en vano: ¿quién está detrás de la toma de decisiones?¿cómo se controla y tutela el interés público?¿quién es responsable de tanta chapuza y fiasco? Los ciudadanos seguimos esperando respuestas.
