¿Qué es la Fundación Internacional O´Belen?
La Fundación Internacional O´Belen es una de esas organizaciones sinónimo de lucro que surgieron en los años 90 al calor de la mercantilización de la pobreza. Inicialmente se decantaron por el mercado más impune por innovador, el de la psiquiatrización, convirtiéndose en los pioneros en los centros terapéuticos para menores en régimen de protección. También decidieron ser los pioneros en investigar sobre los trastornos del comportamiento, más que nada por lo de justificar su negocio, ampliarlo y de paso darle cobertura científica a las atrocidades que cometen. Así que se embarcaron en el Proyecto Esperi (que nunca acaba, extendiéndose en el tiempo mientras duren las subvenciones, que chupar del bote público no es algo secundario para los mercenarios de la ciencia), que según sus promotores (Fundación O´Belen, Fundación Iberdrola y Fundación Accenture) permite desarrollar una herramienta de diagnóstico precoz de los trastornos del comportamiento en menores. Sin sentir el más mínimo rubor, se permiten el lujo de asegurar que el 20% de los niños y adolescentes españoles tienen este trastorno. ¡Qué gran mercado se han creado!
Ellos mismos son los encargados de realizar una investigación que determina que sus servicios no sólo son necesarios, sino que cada vez lo son más. Hace falta tener muy poca vergüenza para intentar colar esto como ciencia. Pero como el negocio va viento en popa, todo el mundo asume u otorga mediante el silencio y la subvención indiscriminada a estos elementos.
O´Belen no se conforma con la gestión de los centros terapéuticos para atender en ellos a los chavales que se adecuan a sus servicios según los criterios que ellos mismos se han inventado, sino que han extendido el negocio a todo lo relativo a menores. Obviamente ya han metido el hocico en el mundo de las medidas judiciales para menores infractores. Ni tampoco le han hecho ascos a abrir todos los centros de acogida que pueden, que aunque menos rentables que los terapéuticos y los reformatorios, también dan dinerito. Cómo no, si también son un gran negocio. Pero van más allá. También controlan en algunas comunidades autónomas lo relacionado con el acogimiento familiar y los procesos de adopción. Y no se iban a olvidar de los PRIS (Plan Regional de Integración Social) y demás recursos de “inserción laboral” autonómicos y municipales, que también forman parte del negocio. Y además en doble sentido: gestionan varios de estos cursos de formación laboral (trincando la consecuente subvención pública), y posteriormente a través de la empresa solidaria Aspira que creó, explota directamente a muchos chavales, ya que primero trabajan gratis haciendo para ellos las prácticas y posteriormente incorpora a algunos de ellos a la plantilla, incumpliendo no sólo los distintos convenios colectivos sino incluso el Estatuto de los Trabajadores en esta bonita e integradora empresa.
Para que no queden dudas del carácter lucrativo de esta fundación, sólo es necesario ver quienes son los fundadores de eso que llaman «entidad benéfica sin ánimo de lucro»: altos directivos de importantes empresas y políticos de segunda fila que se iban quedando sin poltrona. Algunos nombres bastarán: Emilio Pinto (ex portavoz del PP en Sigüenza), Carlos Moreno (ex concejal en Sigüenza del PP, miembro de la Diputación de Guadalajara como no adscrito tras ser expulsado del PP, Jose Morales (subdirector territorial en Madrid de Ibercaja), Javier Herrero (consejero delegado de Iberdrola) o Manuel Pizarro (ex presidente de Endesa y número dos en las listas del PP en las elecciones generales del 2008). Y como no podía ser de otra manera, también cuentan con el manto protector de la Iglesia, siendo miembro fundador de O´Belen Manuel Ureña, arzobispo de Zaragoza. Posteriormente se sumó al patronato Jose Carlos Moratilla (ex presidente de la Diputación de Guadalajara por el PSOE, tras cambiarse la chaqueta del CDS donde se inició en esto de los asuntos públicos).
En resumen, en lugar de eminentes psicólogos, pedagogos y educadores, así como destacadas figuras comunitarias (lo que esperaríamos si ingenuamente nos creyéramos aquello del altruismo a favor de los niños desamparados) nos encontramos con un curioso elenco de políticos profesionales derechistas de segunda fila e importantes empresarios, todos ellos bendecidos por un Arzobispo.
Varios niños han perdido la vida en los centros de O´Belen
Desgraciadamente, varios chavales han perdido la vida en centros gestionados por el entramado O´Belen. A pesar del oscurantismo que rodea a los centros de menores (en general, no solo a los de esta empresa), hemos podido conocer al menos tres muertes: David (12 años, aparecido muerto en “extrañas circunstancias” en el centro Baix Vinalopó, en Elche), Hamid (13 años, se suicidó estando en aislamiento en Picón, en Paracuellos del Jarama) y Saray (perdió la vida al intentar escapar de la furgoneta que la trasladaba de nuevo a Casa Joven, en Azuqueca de Henares). Además, es público que varios menores más han intentado quitarse la vida en estos centros. E incomprensiblemente, todo queda impune y nadie está dando explicaciones; al contrario, se dedican a criminalizar a los propios chavales en un despreciable ejercicio de cinismo. La lucha sirve, la lucha sigue Pero poco a poco va avanzando la lucha por los derechos de los menores. La problemática de los centros de menores, hasta ahora oculta tras toneladas de propaganda oficial, está saliendo a la luz pública. Los demoledores informes del Defensor del Pueblo y de Amnistía Internacional (elaborados tras las investigaciones resultado de las denuncias de varios educadores y menores) han puesto en el candelero la sistemática vulneración de derechos en los centros terapéuticos, y la continua movilización social está logrando sus objetivos. En concreto, la Fundación O´Belen ha perdido cuatro de sus centros terapéuticos (La Jarosa en Madrid, Casa Joven en Azuqueca de Henares, Nuestra Señora de la Paz en Villaconejos del Trabaque y Las Doramas en Las Palmas). También han perdido otros “proyectos”, como la consultoría familiar en institutos y colegios de Guadalajara, y ha sufrido una fuga de patronos (la Diputación de Guadalajara, Ibercaja, Maphre, etc.). Además, Emilio Pinto Rodríguez, uno de los fundadores y presidente de la fundación, se vio obligado a dimitir. Pero aún queda mucho por hacer, ya que no van a renunciar fácilmente a sus múltiples negocios “solidarios”. Con Javier San Sebastián Cabasés como nuevo presidente, aún siguen gestionando varios centros terapéuticos en Argomilla de Cayón (Cantabria), Paracuellos del Jarama (Madrid), Vinaroz (Castellón), Ourense y Tenerife. A su vez, siguen gestionando centros de acogida en Toledo, Guadalajara y Marchamalo (Guadalajara) y Alicante. También gestionan al menos un centro de cumplimiento de medidas judiciales (Burgos). Y por otro lado, la privatización de los servicios sociales sigue permitiendo a esta entidad lucrarse con los Programas de Inserción Social y Laboral (en todas las provincias de Castilla La Mancha, en Alicante y en Tenerife) y con los planes de Acogimiento Familiar, que aunque parezca mentira también están privatizados, y que O´Belen gestiona en toda Castilla La Mancha, Alicante, Murcia y Canarias. Además nos consta que están intentando abrir nuevas vías de negocio, relacionadas con la psiquiatría infantojuvenil. Los responsables son claros: los distintos gobiernos autonómicos y municipales que delegan en esta entidad y otras similares la atención a los menores en situación de vulnerabilidad social, desentendiéndose del problema y otorgando a la patronal otra fuente de beneficios. Seguiremos luchando hasta que los menores sean la prioridad de los servicios sociales y la vida de los niños y adolescentes deje de ser un negocio más. http://colectivonoaobelen.blogspot.com.es
Esto es Obelén y estas han sido sus prácticas hasta día de hoy en todo el estado. Para aterrizar el tema más sobre la realidad de Cantabria, reproducimos un artículo de Diagonal que se publicó en 2010 y que tiene tanta vigencia como la existencia del centro de acogida especial (centro terapéutico) del valle de cayón, gestionado por la fundación Obelen en la actualidad.
Pese a las denuncias de las familias, se siguen produciendo casos en que la Administración retira la tutela de un menor a sus padres sin razones o causas objetivas. Tras estas actuaciones se vislumbran los intereses económicos de unos centros de menores gestionados por entidades privadas. Entre ellos destaca, por su régimen semicarcelario, el centro Valle de Cayón, de la Fundación O’Belén. “Mi único objetivo era curar a mi hijo y desconocía las características del lugar donde sería internado. Me informaron de que iba a ser ingresado en un centro psicoterapéutico adecuado para la atención de menores, pero era mentira”.
Así se expresa MC, madre que ingresó voluntariamente a su hijo en el centro Valle de Cayón. Según el informe elaborado en junio de 2009 por el Observatorio de Infancia –órgano técnico dependiente de la Consejería de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria y de la Fundación para la Salud y el Bienestar Social–, existen en Cantabria cerca de 200 menores en acogimiento residencial, guardados o tutelados por la Administración, dentro del sistema de protección. En el informe citado se analizan los factores que se correlacionan con la desprotección de los menores.
Es significativo el elevado número de padres separados y, sobre todo, la precariedad de su situación laboral y económica, pues muchos de ellos no tienen trabajo remunerado. Sin embargo, la Administración no ha puesto en marcha procedimientos y ayudas encaminados a tratar y paliar las causas más objetivas o materiales de las situaciones de desamparo de los menores. Como señalan muchos de los profesionales que trabajan en este campo, si el dinero que se gasta en los centros de menores se invirtiera en trabajar con las familias y en ayudarlas de forma eficaz, es probable que una gran cantidad de situaciones de desamparo familiar nunca llegarían a producirse. Pero es obvio que esto perjudicaría los intereses económicos de la red privada de centros de menores. En la actualidad hay 22 centros de acogimiento residencial que, a excepción del Centro de Atención a la Infancia y Familia (CAIF) del Gobierno de Cantabria –con 25 plazas–, son gestionados por nueve entidades privadas. Cinco de ellas se reparten la mayor parte de las plazas adjudicadas por los Servicios Sociales: la Fundación Cruz de los Ángeles, la asociación Nueva Vida, la asociación CUIN, la Fundación O’Belén y la asociación Nuevo Futuro. Además, existen en Cantabria entre treinta y cuarenta plazas en centros especializados –también de titularidad o gestión privada– para menores infractores o que han cometido delitos. El presupuesto para todos estos centros, en 2010, alcanza los 4.991.886 euros, cantidad que contrasta con las precarias condiciones laborales de los trabajadores, ’mileuristas’ en su mayoría.
Las denuncias contra O’Belén y el cierre de varios de sus centros no impidieron a los Servicios Sociales inaugurar, en febrero de 2009, un centro de esta Fundación en Argomilla de Cayón. El centro Valle de Cayón está destinado a acoger a menores en desamparo –no es un reformatorio–, pero allí se encuentran también internos ingresados por tráfico de drogas, robos e incluso por agresiones con arma blanca. De hecho, el régimen disciplinario responde más al indicado por la ley para los casos de reforma y las sanciones a faltas muy graves.
Retención de un menor
El caso de MC, una madre que ingresó allí a su hijo voluntariamente en 2009, da buena idea del funcionamiento del centro. MC acudió a los Servicios Sociales para solicitar ayuda, ya que su hijo se negaba a salir de casa y a asistir al colegio, y su relación con ella era problemática. Siguiendo los consejos de los responsables del servicio, lo internó en el centro Valle de Cayón. Nada más llegar, el chaval fue recluido durante quince días en el módulo de aislamiento, una habitación con rejas con una cama incrustada en el suelo y una mesilla por todo mobiliario, sin siquiera un espejo –que le fue concedido quince días después de solicitarlo–. Durante el aislamiento no se le permitieron llamadas ni visitas de la familia. Después, las conversaciones telefónicas diarias entre madre e hijo fueron sistemáticamente escuchadas por los responsables del centro. A la tercera semana se le permitieron las visitas: una hora, un día a la semana. A los dos meses, una salida semanal de dos horas en compañía de su madre. A los tres meses, se le permitió comer en el domicilio familiar un día a la semana y, poco más tarde, se le empezaron a autorizar salidas de dos días a la semana para pernoctar en su domicilio.
Este régimen se aplicó a un menor que no había cometido delito alguno. “Si lo hubiera sabido entonces, nunca habría permitido su internamiento”, precisa la madre. Más allá del régimen disciplinario o punitivo del centro, llama también la atención la falta de terapias efectivas para tratar los trastornos psicológicos de los internos.
En el centro sólo existe una psicóloga, cuya ocupación consiste en escucharlos durante cuarenta minutos semanales. También disponen de una psiquiatra que no está en plantilla –a pesar de que en las memorias aparece como si lo estuviera– y que se limita a supervisar esporádicamente la medicación de los menores. Por otro lado, es común el tratamiento de los menores sin diagnóstico previo, requisito exigible en cualquier intervención psicológica o psiquiátrica.
El funcionamiento del SAIAF
El Servicio de Atención a la Infancia, Adolescencia y Familia (SAIAF), dirigido por Francisco Javier Dávila, es el organismo del Gobierno de Cantabria responsable de velar por el bienestar del menor y de su familia. Sin embargo, su actuación en casos como éste revela un mayor celo en favorecer y proteger los intereses de los centros que los de los menores internados en ellos. MC cedió temporalmente la custodia de su hijo por indicación de este organismo. A continuación, el SAIAF solicitó al Juzgado autorización para el internamiento del menor sin informar a la madre de las implicaciones del auto. Al parecer, la solicitud de autorización judicial es el procedimiento habitual para el ingreso de los menores en centros ’terapéuticos’, como confirma el Informe del Defensor del Pueblo de febrero de 2009.
Pero ¿para qué la intervención judicial cuando la cesión de la custodia es voluntaria? La explicación se encuentra en la Ley de protección de la Infancia y la Adolescencia de Cantabria, que determina que “la guarda asumida mediante solicitud de los padres cesará a petición de los mismos”, cosa que no sucede cuando el internamiento se realiza por auto judicial. En tal caso, los padres ya no pueden recuperar la custodia de forma inmediata si así lo requieren, sino que tendrán que hacerlo por mediación del juez. Esto permite al SAIAF mantener la custodia de los menores incluso contra la voluntad de los padres.
De hecho, cuando en noviembre de 2009 la madre quiso recuperar la guarda del menor, la Administración asumió la tutela por el procedimiento de urgencia –que no requiere justificación inmediata– y lo declaró en desamparo, prohibiéndole además visitas y salidas. Ni siquiera en Navidad se las permitieron, a pesar de los requerimientos de la madre, y sólo en enero le autorizaron a salir del centro, con la prohibición expresa de ponerse en contacto con su familia. A finales del mes, el menor presentó denuncia contra los cuidadores por un incidente que tuvo lugar durante el registro de su habitación. Con la ayuda de su familia, el menor presentó una denuncia en el juzgado de guardia, lo que dio lugar a un auto judicial que dejaba en suspenso su obligación de retornar al centro. Ante la denuncia, el centro, en lugar de iniciar un procedimiento para investigar y aclarar lo sucedido, incoó un expediente contra el menor y lo sancionó.
Por su parte, el SAIAF –en teoría la entidad que tutela y protege al chaval – tampoco inició investigación alguna y apoyó sin más la actuación del centro. En todo este proceso, y desde el momento en que cedió la custodia, la madre se ha visto relegada a un papel secundario e irrelevante, aun cuando no se le ha declarado ninguna incapacidad y se encuentra en pleno ejercicio de sus facultades mentales.
MC está indignada con la actuación de los Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria y advierte: “Que no se le ocurra a nadie acudir a ellos sin estar previamente asesorados sobre los pasos que van a dar, a no ser que quieran perder a sus hijos y destrozar sus familias y sus vidas”. Un rosario de denuncias Los centros de la Fundación O´Belén, han sido denunciados por aplicar métodos como la medicación forzosa, el uso abusivo del aislamiento, la violación del derecho a la intimidad, tratos vejatorios o la violencia física contra los internos. El informe de Amnistía Internacional de 2009 menciona casos de menores que han permanecido atados a una silla durante dos o tres días seguidos o, más frecuentemente, que han quedado sin apenas visión ni habla tras administrárseles pastillas. Todas estas denuncias provocaron la clausura de tres de sus centros, en Guadalajara, Cuenca y Madrid.
Documental: «Si vuelvo me mato» Sobre la realidad de los centros terapéuticos para menores.
