La reciente concesión de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para la macroplanta de biogás en Hazas de Cesto representa un nuevo capítulo de la ‘acumulación por desposesión’ en el medio rural cántabro. El proyecto de Verdalia Bioenergy es el paradigma de un modelo que, bajo la máscara de la «transición energética», subordina la autonomía de los pueblos a los intereses de grandes grupos empresariales.
El proyecto, cuyo coste se ha casi duplicado hasta situarse entre 25 y 30 millones de euros, plantea una concentración masiva de residuos cuyos impactos ambientales y sociales son locales, mientras que los beneficios se exportan hacia capitales externos.
Organización y acción colectiva
La oposición al proyecto, articulada a través de asambleas y miles de alegaciones, ha trascendido la queja técnica o de ubicación para cuestionas el modelo de raíz y denuncia la dependencia del transporte pesado y la ruptura de la gestión de residuos de proximidad. Frente a esta escala industrial, propone alternativas descentralizadas, ligadas a la tierra y al autoconsumo, que prioricen la reducción de residuos en origen y el aprovechamiento directo del digestato.
Aunque la concesión de la Autorización Ambiental Integrada para la planta de Hazas de Cesto es una pésima noticia, el reciente archivo del proyecto de planta de biogás de Cabezón de la Sal, demuestra que la oposición social organizada puede lograr poner en cuestión e incluso frenar proyectos y que la disputa por el modelo de implantación y control del territorio continúa abierta.
El caso de Hazas de Cesto se enmarca en una tendencia de proliferación de proyectos energéticos y de residuos de gran escala (ya sean plantas de biogás o parques eólicos industriales) proyectos que externalizan beneficios y concentran impactos en zonas rurales, mientras la oposición social logra frenar algunos, pero otros siguen adelante, consolidando un modelo energético centralizado que no cuestionan la lógica extractiva ni la dependencia energética de capitales externos.
Pérdida de control sobre el territorio
La entrada de grandes grupos empresariales en estos sectores es facilitada por figuras legales como la ‘Declaración de Interés Social’, permitiendo la ocupación de suelo rústico protegido y reforzando la pérdida progresiva de control local sobre el suelo, la energía y los residuos. En Hazas de Cesto este punto ha sido también objeto de impugnaciones judiciales, con colectivos y formaciones políticas cuestionando la legitimidad de dichos mecanismos y exigiendo mayor transparencia en los procesos de decisión y evaluación.
Más allá de la legalidad de un proyecto específico, lo que está en juego es qué tipo de transición energética se construye y quién decide sobre ella. Hazas de Cesto se ha convertido en un punto de referencia más para pensar alternativas: descentralizadas, autogestionadas y vinculadas a las personas y comunidades. La discusión sobre la energía no puede limitarse a la técnica o al mercado; debe incorporar la justicia social, la soberanía local y la sostenibilidad real del territorio.
