El incendio registrado el pasado lunes 22 de diciembre en la planta de Ferroatlántica vuelve a mostrar hasta qué punto el riesgo ambiental y sanitario forma parte de la normalidad en los territorios industrializados. Accidentes que se presentan como puntuales, información parcial y una población obligada a confiar en que «no ha pasado nada grave».
Ecologistas en Acción Cantabria ha exigido transparencia sobre las consecuencias del siniestro y una investigación que aclare las causas del incendio, el cumplimiento de las inspecciones de seguridad y las sustancias implicadas. Entre los aspectos clave, la organización señala la necesidad de confirmar si la empresa había eliminado los aceites con bifenilos policlorados (PCB), cuyo plazo legal definitivo expira a finales de este año. La posible presencia de estos compuestos es determinante para evaluar los riesgos reales para la salud y el medio ambiente.
El colectivo ecologista advierte además de las limitaciones de las estaciones fijas de la Red de Calidad del Aire para medir el impacto de este tipo de episodios, y reclama que la unidad móvil de control tenga una disponibilidad real y permanente, garantizando el derecho de la población a una información fiable.
Más allá del caso concreto, el incendio vuelve a evidenciar una lógica estructural del modelo industrial dominante: los beneficios se privatizan mientras los riesgos y costes se socializan. Ecologistas en Acción recuerda que el despliegue del dispositivo de emergencia no debería pagarse con dinero público, sino ser asumido por el seguro de la empresa responsable.
Lo ocurrido en Ferroatlántica no es un hecho aislado, sino un síntoma de un modelo industrial que normaliza el accidente, externaliza sus impactos y exige confianza social mientras expone a la población y al territorio conviertiéndolos en una zona de sacrificio asumible.
