El domingo 25 de enero, unas cuarenta personas volvieron a desplazarse hasta las obras del Polígono Eólico El Escudo para señalar, nuevamente, el atentado que están suponiendo estas infraestructuras sobre el territorio y recordar los efectos del Plan Regional de Organización Territorial (PROT), que supone una declaración de intenciones, donde una parte de Cantabria será víctima de macroproyectos energéticos en forma de eólicos (Campoo-Los Valles, Iguña y Soba) y que sostiene esa división de la región que se lleva señalando y denunciando desde hace años, donde un Sur con menos densidad poblacional servirá de negocio energético frente a un Norte que será sobreexplotado turísticamente.
Esta convocatoria se ha sumado al llamamiento internacional a la acción en el aniversario del asesinato, por parte de varios policías, del activista ambiental Manuel Esteban Paez Terán conocido como “Tortuguita”, en el bosque Weelaunee, al sureste de Atlanta, en Estados Unidos, bajo el lema “luchar es recordar”, en recuerdo de todas las personas asesinadas en defensa del territorio. Un acto que nos recuerda que la lucha en las calles no está exenta de violencias de todo tipo y que la defensa del territorio también está expuesta a ellas.
En esta ocasión la marcha se realizó desde la Braña de San Martín, Concejo de San Martín de Quevedo, perteneciente al municipio de Molledo. En un breve recorrido se pudieron ver las obras en su estado actual: los gigantescos eólicos, las torres y las subestaciones eléctricas. Se accedió a la zona desde el embalse de Alsa, donde a nadie dejó indiferente el impacto sobre el terreno de las pistas construidas para acceder a la zona de montes comunales donde se perpetra el polígono eólico. Un verdadero destrozo de grava, hormigón, movimiento de tierras y eliminación de especies vegetales de la zona. Una muestra más de la impunidad y violaciones que el Gobierno, en coalición con empresas energéticas, fondos de inversión y bancos, efectúan sobre nuestros espacios naturales sacrificando la propia supervivencia de la naturaleza en toda su expresión y del mundo rural. Los montes comunales son una expresión política y territorial que aún se conserva en territorios de Cantabria y de la Montaña Palentina, una herencia histórica cargada de peso y valor social y político y que está siendo mancillado y sacrificado en otro escalón más del mundo capitalista en el que nos vemos, que fagocita cualquier vestigio de lo comunitario que pueda sobrevivir y que represente la resistencia histórica ante el consumo salvaje de los recursos naturales y de las propiedades colectivas sobre la tierra.
Una vez arriba, las asistentes emprendieron una pequeña marcha hacia el primer aerogenerador. Al inicio varios rollos de cables, para las obras de cableado, que suponen un levantamiento más de tierras con sus consecuencias sobre los suelos de la zona. Coronando la cima el primer eólico mirando hacia la costa y abajo la subestación eléctrica, siguiendo el contorno de la cima el resto de eólicos, pistas de grava, vehículos y toda la infraestructura necesaria para el remate final de estos gigantes que se han puesto en pie a pesar de las alegaciones, las denuncias y las pruebas de degradación de la zona a nivel medio ambiental, económico y humano. Un símbolo de la impunidad y de la desfachatez de lo evidente: pues una transición ecológica, un futuro verde es completamente incompatible con la lógica de las empresas energéticas capitalistas.
Desde los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio insisten en que a pesar de todo seguirán denunciando y señalando estas situaciones, no sólo del polígono eólico El Escudo sino del resto de proyectos que atentan contra el territorio. Apuntan a que “ante el destrozo medioambiental, los impactos sobre el paisaje, la pérdida de patrimonio histórico o los efectos sobre los pueblos, no debemos caer en la indiferencia a la que nos quieren empujar”. Por todo ello, reivindican una vez más la necesidad adoptar un papel activo de la población ante todo lo que está en juego para tratar de poner freno a estos “ecocidios”, los cuales describen como “un expolio del territorio y un derroche de dinero público para alimentar un entramado lucrativo en el que las distintas administraciones públicas colaboran de manera cómplice con empresas energéticas como Iberdrola o Red Eléctrica de España, constructoras como Biocantaber, así como entidades bancarias como el Banco Santander o grandes fondos de inversión como BlackRock”.
