NUEVO OPERATIVO ANTIMIGRACIÓN EN NUEVA MONTAÑA
De nuevo se produce un operativo policial en Nueva Montaña -Santander-. En un edificio abandonado que da cobijo a algunas personas, principalmente de Albania, en su proceso migratorio, cuyo destino, sólo para algunas, es Reino Unido. Dicho edificio ya fue señalado por la prensa generalista justo previamente a una ocupación policial que destrozó el espacio donde habitaban otros jóvenes migrantes. Fué el pasado Febrero de 2020, cuando varios de ellos fueron deportados en un vuelo Frontex hacia Albania y Georgia.
Como si de una amnesia generalizada invadiera la mayoría de artículos que el miércoles 21 de Abril han cubierto la noticia, comunican que la policía Nacional ha identificado a once personas y han detenido a otras seis personas por su situación irregular. En todo caso, les toca también la expulsión en vuelos coordinados con la Agencia Frontex, y organizados por la Unidad Central de Repatriaciones (UCER) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. De esta manera, y bajo el paraguas del dispositivo racista que es la ley de extranjería,se ha procedido a dicha actuación. Existente en el estado español desde 1985, dicha ley establece una separación clara entre la población ciudadanizada, recordando que se vela por su seguridad, y quienes están en situación irregular, recordando que representan una amenaza que gestionar. La espectacularización que ofrece este toque de atención y la obstaculización del derecho a la circulación y la movilidad son dos de los componentes arraigados en este tipo de operativos mediático-policiales. La ley de extranjería, en definitiva, asienta la idea de que si no eres un sujeto económico, trabajador y consumidor, eres considerado un riesgo para el resto, independientemente de que hayas tenido posibilidades para acceder a dicha normalidad jurídica, social y económica o no.
Como recientemente informaba Statewatch, Frontex influye en numerosos aspectos del régimen de migración y control fronterizo de la UE, estos van desde el análisis de riesgos hasta la vigilancia fronteriza y las deportaciones y sus operaciones han aumentado significativamente desde el 2005. Cuando la agencia comenzó a operar disponía de 43 empleados y un presupuesto de 6 millones de euros. En el 2020 empleaba a 700 personas con un presupuesto de 420 millones.
A partir del 2021 Frontex espera casi triplicar su personal.[1] Por primera vez esto incluirá a sus propios guardias de fronteras desplegados a lo largo de las fronteras de la UE, lo que aumentará en gran manera la autonomía de la agencia, reduciendo su dependencia de los funcionarios aportados por los Estados miembros. Está también en marcha un aumento considerable del presupuesto con 22.600 millones de euros destinados a la “gestión de migración y fronteras” entre el 2021 y el 2027[2], de los cuales varios cientos de millones de euros serán destinados a Frontex anualmente[3]. El papel de la agencia en el control fronterizo de la UE continuará en aumento durante los próximos años y las fronteras de la UE crecerán junto a él.
Otra cuestión pasada por alto y poco comentada es a qué contribuyen estas actuaciones represivas sobre los pocos espacios donde personas sin apoyos sociales ni redes de confianza pueden encontrar techo durante su estancia. Precisamente, abocando a los sujetos que protagonizan un proceso migratorio imparable dentro de las entrañas del continente europeo, a vivir de la forma más escondida posible y mediante la mayor discreción, se facilita el trabajo de las llamadas mafias. Estas, a la vez que operan y son reales, se benefician de las políticas migratorias que restringen la movilidad y sirven como mantra mediático para que día sí y día también nos recuerden la importancia de combatir la inmigración ilegal, cuando lo único que se consigue es hacerle la vida más dificil a quienes tratan de moverse, dada la imposibilidad de permanecer.
Para más información; Pasaje Seguro critica la “desproporción” del dispositivo policial contra los migrantes en el edificio de Nueva Montaña
