Santander 12 de marzo 2025
El Juzgado aún no ha procedido a cumplir las medidas requeridas por la ONU y paralizar el desalojo. La PAH llama a una concentración en la vivienda en Sancibrián para frenar el desahucio el lunes 17 de marzo a las 8 de la mañana.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha solicitado por primera vez en Cantabria la
suspensión de un desahucio programado para el próximo lunes 17 de marzo. A través de su Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un órgano de protección de los Derechos Humanos, la ONU ha requerido la suspensión de un desalojo en Sancibrián hasta que se conceda a sus residentes una vivienda social alternativa. Esta petición de la ONU deriva de una queja de los dos vecinos afectados de Sancibrián (Santa Cruz de Bezana), que pusieron una comunicación ante el organismo internacional porque el desahucio iba a producirse sin ningún tipo de alternativa habitacional.
“Es una pequeña alegría”, asegura David, uno de los dos vecinos afectados por el desahucio,
refiriéndose a las medidas cautelares solicitadas por la ONU. David vive desde 1992 junto con su madre María Antonia, de 77 años, en la casa de donde el Juzgado pretende desahuciarlos. Ambos se encuentran en una situación acreditada de vulnerabilidad económica: David se encuentra en búsqueda de trabajo y sin ingresos y la madre, en edad de jubilación, sólo recibe una pensión compensatoria de menos de 700 euros mensuales. María Antonia contaba con un derecho de uso de la vivienda donde reside junto con David tras el divorcio de su ex marido. Sin embargo, el ex marido, también progenitor de David, trata desde hace años de recuperar la posesión plena de la vivienda familiar y conseguir que su hijo y ex mujer sean desalojados. El Juzgado no atendió a las circunstancias económicas desfavorables de María Antonia y David y acordó finalmente su desahucio para el 17 de marzo.
“Desahuciar a dos vecinos sin importar si tienen un alojamiento alternativo o no es, además de una injusticia, ilegal”, declaran desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Santander. María Antonia y David acudieron a la PAH hace varios meses. Allí, les comentaron que España ha firmado y ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por el que se garantiza el derecho a la vivienda y se prohíbe de manera general los desahucios sin alternativa habitacional. Este Pacto también permite solicitar la intervención de la ONU a las personas cuyo derecho a la vivienda haya sido vulnerado y hayan agotado todos los mecanismos internos en España. Esto es precisamente lo que hicieron María Antonia y David el 11 de febrero, tras comprobar cómo su petición de vivienda social al Gobierno de Cantabria permanece en espera desde 2023 y el Juzgado rechazaba todos sus recursos.
“Las medidas cautelares de la ONU son de obligatorio cumplimiento al provenir de un tratado
internacional que forma parte del ordenamiento jurídico español”, cuentan desde la PAH Santander en nota de prensa. Sin embargo, esta organización denuncia que, a día de hoy, el Juzgado aún no ha suspendido el desahucio de María Antonia y David. Por ello, desde la PAH convocan a una movilización para parar el desalojo el próximo lunes 17 de marzo a las 8 de la mañana en la Urbanización La Roca, en Sancibrián.
