Por duodécimo año consecutivo, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) presenta su informe anual sobre los casos de tortura, malos tratos y muertes bajo custodia conocidos en el Estado español, donde presenta las denuncias que entran dentro de la definición de la Convención de la ONU contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes:
«Se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instancia suya o con su consentimiento»
Convención de la ONU aprobada el 10 de diciembre de 1984. Ratificada por el Estado español, entró en vigor en España en octubre de 1987
En el informe de este año se recogen 128 situaciones en que se produjeron agresiones, torturas y/o malos tratos a un total de 232 personas.
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Estas agresiones se produjeron sobre personas bajo custodia de los funcionarios (comisarías, cuarteles, prisiones u otros centros de privación de libertad) y/o en el transcurso de intervenciones policiales (represión de manifestaciones, etc.). Estas cifras no coincidirán con el número de causas penales abiertas por tortura y/o malos tratos, dado que un mismo caso o situación puede dar lugar a una o a varias causas judiciales. Como en años anteriores, no se han tenido en cuenta todas las denuncias de torturas y/o malos tratos de las que se tuvo conocimiento durante el año 2015: algunas han sido excluidas del informe por petición expresa de las personas afectadas, otras porque la información recibida era insuficiente o no estaba totalmente contrastada. También hay que tener en cuenta que un importante número de casos de tortura y/o agresiones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) o Funcionarios de Instituciones Penitenciarias (FIIPP), no se denuncian nunca, ni ante los tribunales de justicia ni ante ninguna otra instancia, pública o privada, especialmente por parte de colectivos como el de las personas migrantes y/o presas, u otros de especial vulnerabilidad social como las personas sin hogar, etc.
En el informe de este año se incluye, por primera vez, una recopilación de las sentencias dictadas por delitos de torturas, lesiones, delitos contra la integridad, malos tratos, etc. En total, recoge 95 sentencias, de las que 43 son condenatorias y 52 absolutorias. En total, durante el año 2015 un total de 68 funcionarios han sido condenados por la comisión de algún tipo de tortura, malos tratos, lesiones y/o atentado contra la integridad física de las personas durante el desempeño de sus funciones en el Estado español.
Para acceder a los contenidos de este informe entra en los enlaces siguientes:
Fuente: Prevencióntortura
