EL 18 DE MAYO ME DESAHUCIAN
Bueno, después de más de una década de activista anti-desahucios, me ha terminado tocando también a mi. El próximo 18 de mayo está programado el lanzamiento de mi vivienda. Y me temo que, si no lo remedia la movilización popular o la huelga de funcionarios, se llevará a cabo. Se han agotado todos los recursos jurídicos.
A pesar de mi condición de persona vulnerable (no sólo por mi precaria situación económica sino por mi estado de salud), la Administración Autonómica ha rechazado no sólo ofrecerme una alternativa habitacional o una intermediación, como es su obligación legal, sino que incluso se niega a recibirme; tanto a mi como a los colectivos que me apoyan y que defienden los derechos de las personas en riesgo de desahucio, esto es, la Red Antidesahucios, la PAH y la plataforma Stop-Desahucios. Cuando hablo de la Administración Autonómica me refiero principalmente a la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, dirigida por Eugenia Gómez de Diego (número cuatro en la candidatura del PSOE a las elecciones al parlamento de Cantabria), y a la Dirección General de Vivienda, cuyos titulares son Alicia García (directora) y Javier Vidal (subdirector).
Resulta curioso que hasta este momento, las personas responsables de vivienda en las instituciones cántabras, tanto las que ostentan los cargos en la actualidad como las que lo ejercieron en el pasado, nunca se habían negado a tener una reunión solicitada por mi, normalmente en calidad de representante de alguno de los colectivos mencionados. De hecho, durante todos estos años he tenido decenas de reuniones para tratar diversos asuntos relativos al problema de la vivienda en Cantabria, como el deficiente funcionamiento de la Oficina de Emergencia Habitacional o, sobre todo, para suspender los desahucios de afectados concretos, con nombre y apellidos. Sin embargo, ahora que soy yo el que va a ser desahuciado rechazan cualquier contacto. Resulta paradójico.
Hace varios años que el gobierno español aprobó una serie de medidas para proteger a las personas en riesgo de desahucio, inicialmente referidas a los efectos de la pandemia y posteriormente ya desvinculados de la misma. Entre las cuales figuraba la obligación legal por parte de las comunidades autónomas de “proporcionar una vivienda de titularidad pública o privada a las personas vulnerables objeto de desahucio de su vivienda habitual” (RD 42/2022, texto legal actualmente vigente).
El problema no es sólo el incumplimiento de una ley. No pasa nada. Estamos acostumbrados. Las contradicciones en política se han convertido en algo demasiado habitual. Es cierto. Pero es que el gobierno español, cuyo principal partido (el PSOE) es el mismo que el de los responsables de Vivienda de Cantabria antes mencionados, ha aprobado recientemente una Ley en donde se expresa en líneas generales el mismo contenido y la misma obligación por parte de los poderes públicos.
Estamos en período electoral. No sé si todo esto obedece a una estrategia electoral del PSOE para evitar que la procaz campaña mediática “anti-ocupa” de la derecha les salpique de nuevo. O quizás todo responde a que los responsables autonómicos quieren echar un absurdo pulso al movimiento antidesahucios de Cantabria. O es posible que todo sea algo más sencillo como una represalia contra mi por hablar demasiado y denunciar las fechorías cometidas por las diferentes administraciones en los dos últimos desahucios ejecutados.
Sea lo que sea, sí estoy seguro de una cosa. Es rotundamente falso que no tengan inmuebles o recursos para solucionar las necesidades de vivienda de las personas en riesgo de desahucio. Me consta.
Roberto Mazorra
