Diez años han pasado desde aquella madrugada en La Esperanza, Honduras, cuando un comando armado entró en la casa de Berta Cáceres y disparó. Berta murió. Su compañero esa noche, el activista mexicano Gustavo Castro, sobrevivió y logró denunciar el crimen.
El asesinato sacudió a Honduras y al mundo. No sólo porque Berta era una de las voces más reconocidas en la defensa del territorio indígena en Centroamérica, sino porque su muerte evidenció algo que las comunidades ya sabían: que en Honduras defender la tierra puede costar la vida.
El COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), organización fundada por Berta para defender el territorio lenca y oponerse al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sobre el río Gualcarque, nunca dejó de exigir verdad y justicia. Tampoco dejó de exigir la cancelación definitiva del proyecto que desató el conflicto.
Una década después, algunas piezas del rompecabezas se han acomodado. Se identificó al comando que ejecutó el asesinato y también a quienes lo contrataron. Pero el núcleo del crimen —quién dio la orden— sigue sin esclarecerse. Mientras los autores intelectuales permanezcan en la sombra, para el COPINH no habrá ni verdad ni justicia.
En enero de este año ocurrió algo simbólico. La presidenta saliente de Honduras, Xiomara Castro, presentó el nuevo billete de 200 lempiras con el rostro de Berta Cáceres. Es la primera mujer que aparece en un billete hondureño.
Para Berta Zúñiga Cáceres, hija de la activista asesinada y actual coordinadora del COPINH, el gesto tiene un fuerte significado político. “Es un reconocimiento a la figura de Berta. Además rompe con la lógica patriarcal, incluso dentro de la numismática hondureña. Y también rompe con la cuestión colonial: Berta es la segunda persona de origen lenca que aparece en un billete. La primera fue Lempira”.
Los sectores conservadores reaccionaron con furia. Algunos incluso anunciaron un supuesto boicot contra el nuevo billete. Un gesto que dice más sobre ellos que sobre la memoria de Berta.
Sin embargo, el reconocimiento simbólico contrasta con una verdad incómoda: el caso sigue abierto.
Pocos días antes de la presentación del billete, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su informe sobre el asesinato. El documento vuelve a confirmar lo que el COPINH ha denunciado desde el primer día: el crimen no fue un hecho aislado.
El GIEI —integrado por especialistas internacionales en derecho penal, derechos humanos, criminología e investigación financiera— ya había demostrado su capacidad en México, cuando desmontó la llamada “verdad histórica” construida por la fiscalía en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
En Honduras, su investigación vuelve a poner el dedo en la llaga.
El informe reconstruye las conexiones entre la empresa DESA, responsable del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, y el asesinato de Berta. También evidencia los niveles de corrupción que rodearon el proyecto, incluyendo concesiones irregulares y maniobras para manipular la investigación.
Ricardo Guzmán, uno de los expertos del GIEI, explica que cuando el grupo accedió a los expedientes encontró tres elementos clave: concesiones irregulares vinculadas al llamado caso “Fraude del Gualcarque”; abuso de autoridad por parte de funcionarios municipales que facilitaron permisos para el proyecto; y manipulación de pruebas por parte de policías que intentaron desviar la investigación.
Pero quizá el dato más revelador es otro: al inicio de las investigaciones, las autoridades dedicaron más esfuerzos a investigar a la víctima que a los autores del crimen.
Una estrategia conocida en América Latina.
Deslegitimar a quien denuncia. Criminalizar a quien resiste. Construir sospechas alrededor de quienes defienden el territorio.
Según Guzmán, esto demuestra hasta qué punto la campaña de desprestigio contra Berta había permeado incluso en las instituciones encargadas de investigar su asesinato. O, peor aún, que esas mismas instituciones estaban infiltradas por intereses que buscaban impedir que el caso avanzara.
Aun así, el trabajo del GIEI logró reconstruir parte del entramado financiero del crimen. Con la colaboración de unidades de inteligencia financiera se identificó el pago de 500 mil lempiras (unos 21 mil dólares) a los sicarios.
El dinero provenía del conglomerado empresarial vinculado a DESA.
Ese rastro financiero podría abrir nuevas líneas de investigación y acercar finalmente a los responsables intelectuales. Pero para ello se necesita algo que en Honduras sigue siendo escaso: voluntad política.
El informe también deja otra lección importante. Incluso en contextos de alta impunidad, los crímenes complejos pueden investigarse. Pero sólo si existen independencia institucional, protección para los investigadores y presión constante de la sociedad civil.
Sin eso, la justicia se diluye.
Y en Honduras la impunidad sigue siendo la norma. Activistas ambientales, líderes indígenas y defensores del territorio continúan siendo asesinados.
Por eso, diez años después, la lucha del COPINH sigue siendo la misma.
No se trata solo de justicia para Berta.
Se trata de romper un sistema donde los intereses corporativos pueden decidir sobre ríos, territorios y vidas. Un sistema donde quienes defienden la tierra son perseguidos, criminalizados o asesinados.
El rostro de Berta en un billete puede ser un símbolo poderoso. Pero la memoria no puede convertirse en decoración institucional.
La verdadera reparación llegará cuando se conozcan todos los nombres detrás del crimen.
Cuando el río Gualcarque sea definitivamente respetado.
Y cuando en Honduras defender la tierra deje de ser una sentencia de muerte.
