Según hemos podido enterarnos en los últimos meses por la prensa, este año se pondrá en marcha la elaboración de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander. Recordemos que el último plan, aprobado por el Ayuntamiento en 2012, fue anulado por el Tribunal Supremo en 2016 tras considerar que no habría suficiente agua para abastecer a toda la población que, según se preveía, iba a albergar la ciudad. Recordemos igualmente que se trataba de un plan pensado por y para las empresas constructoras, que buscaban pegar el gran “pelotazo” inmobiliario enterrando la ciudad (todavía más) bajo ladrillo, urbanizando completamente las zonas periurbanas de Monte y Cueto y derribando casas en barrios populares y expulsando a sus habitantes. En el siguiente artículo reflexionamos sobre qué podemos esperar y qué podríamos hacer frente a este nuevo PGOU, así como sobre algunas cuestiones relacionadas con el urbanismo en general.
En el momento en que redactamos estas líneas, desconocemos todavía cómo será el proceso de elaboración de este nuevo Plan de Urbanismo. Lo único que sabemos por ahora es que el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento tiene intención de acabar la legislatura con el proyecto redactado y aprobado; y que este mes de febrero se van a convocar las “mesas de participación ciudadana por barrios y sectoriales con intervención de las asociaciones de ciudadanos, colegios profesionales, Universidad de Cantabria y técnicos municipales” (El Faradio). Podemos suponer que, después de este proceso, supuestamente participativo, encarguen la redacción del plan a un equipo de técnicos (arquitectos, urbanistas…). Una vez redactado, el plan estará sometido, por ley, a un proceso de alegaciones a través del cual vecinos y vecinas, pero también empresas, asociaciones y otros colectivos podrán pedir que se modifiquen cuestiones concretas, ya sea porque consideren que les perjudica, o que no les beneficia lo suficiente. Como mostraron O. Allende, G. Ruisánchez y E. Mora en el libro “Expulsados”, en el caso del proceso de alegaciones del PGOU de 2012, el Ayuntamiento escuchó sobre todo a empresarios afines e ignoró a los vecinos y vecinas.
La situación actual ha cambiado con respecto a los años en los que se elaboró el anterior Plan de Urbanismo. Por un lado la alcaldesa Gema Igual tiene que lidiar con un pacto de gobierno molesto y no se puede permitir la arrogancia de sus antecesores que gobernaban con mayoría absoluta. Por otro lado, y quizás cuestión más importante, se ha producido una cierta concienciación sobre temas de urbanismo entre una parte de los y las habitantes de la ciudad, con lo que cabe esperar que surjan más voces críticas con respecto al nuevo PGOU que las que hubo en el pasado. Por esas razones parece ser que el Ayuntamiento va a intentar gestionar la situación con más delicadeza y no mostrándose tan descaradamente al servicio de las empresas del ladrillo. Esto no significa que sus intereses hayan cambiado, por lo que, suponemos que, su objetivo será presentarnos un PGOU maquillado pero, en esencia, muy similar al de 2012. En este juego de equilibrios en el que se va a ver envuelta, todo apunta a que la alcaldesa va a optar por usar la vieja baza de la “participación ciudadana”, con la que dotar de aparente legitimidad a todo el proceso, contentar así a sus socios de gobierno y de paso intentar acallar las posibles voces críticas.
“Pasar por el aro” sería la expresión adecuada para definir el peligro que le vemos a este proceso participativo. Lo que suele pasar ante este tipo de situaciones es que toda disidencia se encauce a través de las instituciones, de la consulta, del diálogo, del voto, en definitiva, a través de la legalidad. Todas aquellas personas que se quedan al margen de ese cauce son ignoradas, ninguneadas y dado el caso acalladas y reprimidas. Por su parte, aquellas personas que entran en el juego de la participación suelen ver con malos ojos a las primeras, a las que reprochan ¿Por qué hacéis manifestaciones cuando os dan la posibilidad de participar? La respuesta es que el proceso participativo no es horizontal. El Ayuntamiento no es neutral sino que aboga por un modelo de urbanismo continuista con el pasado, y dispone de todos los medios para promocionar dicho modelo: dinero, publicidad, complicidad con los medios de comunicación, influencias… algo de lo que carecen aquellas personas que aspiran a otro tipo de ciudad, que incluso juntándose en asociaciones de vecinos o a través de otros colectivos carecerán de los suficientes medios para contrarrestar la propaganda del Ayuntamiento.
¿Qué podemos hacer entonces quienes aspiramos a romper con ese modelo de urbanismo? Sinceramente no tenemos una respuesta clara a la pregunta planteada. Aunque seamos escépticos y críticos con el proceso participativo que se va a poner en marcha no significa que tengamos que ignorarlo por completo. Puede ser una buena herramienta si sabemos aprovecharla a nuestro favor, mediante el boicot por ejemplo. Se puede boicotear haciendo concentraciones delante de los puestos informativos que (previsiblemente) pondrán en la calle, “colándose” en las charlas y debates públicos para expresar nuestra oposición, aguándole la fiesta a los políticos que querrán hacerse la foto para promover la “participación”… También será el momento de reproducir algunas prácticas vistas durante el ciclo de movilizaciones 2011-2016, como cuando los vecinos y las vecinas de San Roque organizaban meriendas en la calle o colgaban pancartas y bolsas de basura de sus ventanas a modo de protesta o como cuando se protestó y actuó contra el nefasto proyecto de la senda costera de Cueto y Monte. Y no podemos olvidar tampoco, ahora que estamos en febrero y se cumplen 5 años de aquellos acontecimientos, la lucha de Amparo por conservar su casa y el movimiento vecinal que la apoyó y se opuso a la construcción del vial.
Pero ¿se puede ir más allá de la confrontación? Creemos que el nuevo PGOU es una oportunidad para hacer una crítica radical del urbanismo de nuestra era y en concreto de la ciudad de Santander. Es cierto que hay personas y colectivos que plantean modelos de ciudad alternativos, como por ejemplo la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), que, desde sus planteamientos ecologistas, aboga por una ciudad más verde y más enfocada al bienestar de sus habitantes. Para profundizar sobre la postura y la importante labor de esta asociación os recomendamos visitar su blog (arcacantabria.org). Sin embargo, creemos que dichas propuestas no dejan de ser parciales, reformistas y que no abogan por una ruptura con la ciudad capitalista. Ciertamente, cuestiones como la reducción del tráfico de coches dentro de la ciudad, el aumento de las zonas verdes o la mejora del transporte público son importantes para que los y las habitantes de la ciudad consigan una mejora de su calidad de vida. Sin embargo, nos parece igual de importante plantear soluciones a los procesos de gentrificación y turistificación que se están dando en Santander y que se traducen en encarecimiento de los alquileres, la degradación de los barrios y finalmente en la expulsión de las personas que vivían hasta entonces en ellos.
Pero también es importante plantear soluciones a problemáticas que se van a dar a medio/largo plazo como las relacionadas con la energía, la alimentación o la gestión de residuos. ¿Vamos a poder mantener, en el futuro, el consumo energético de la ciudad sin combustibles fósiles? ¿Llenando los montes de molinos eólicos, con todo lo que ello implica, como está planteando el actual Gobierno de Cantabria? O quizás haya que empezar a cuestionar nuestro consumo e imaginar soluciones que no impliquen externalizar los daños y la contaminación. ¿Y cómo seguir alimentando a una población de 200.000 habitantes ante el cambio climático y el previsible agotamiento del modelo agrícola industrial? Quizás haya que pensar en “ruralizar” la ciudad, multiplicar los huertos urbanos, imaginar un cinturón agroecológico a las afueras y en definitiva, dejar de importar alimentos que provienen de la otra punta del mundo y empezar a producirlos localmente. En cuanto a la cuestión de los residuos, frente a los proyectos que se plantean en la actualidad como el de la incineradora de Solvay, quizás haya plantearse reducir drásticamente de la generación de basura.
Estas cuestiones, entre otras, son las que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en urbanismo. Al fin y al cabo creemos que una crítica radical de la ciudad conlleva inevitablemente tratar cuestiones que van más allá del trazado de calles, diseño de carriles bus o la diferenciación de suelos urbanizables o rústicos. Dado que la ciudad de nuestros días se ha globalizado, pensar en ella supone pensar en el sistema capitalista imperante en la actualidad. Y si aspiramos a vivir en otro tipo de ciudad, o incluso en acabar con la ciudad tal como se ha entendido en los últimos siglos, hay que asumir que este sistema debe ser abolido. ¿Por dónde empezar? Por las pequeñas resistencias, como la que planteamos frente al nuevo PGOU de Santander.
