Los incendios de hoy son el resultado de la pérdida de siglos de autogestión campesina. La centralización y criminalización estatal convirtió un saber colectivo en clandestinidad. Recuperar el control comunitario sobre el fuego es también recuperar la capacidad de gestionar responsablemente nuestras vidas y nuestro territorio.
Cada invierno y cada primavera, Cantabria vuelve a arder. Las imágenes de montes ennegrecidos y columnas de humo se repiten con una regularidad que suele explicarse como negligencia individual, intencionalidad delictiva o fallos en la extinción. Estas explicaciones, aunque parcialmente ciertas, resultan insuficientes y ajenas a un proceso histórico más amplio. Los incendios actuales son, en gran medida, el síntoma de una ruptura prolongada entre las comunidades locales y la gestión del territorio, marcada por la centralización de las decisiones, la criminalización de prácticas históricas y la pérdida de control colectivo sobre el monte. Arde el monte, pero también arde la memoria de cómo habitarlo.
Una herramienta histórica de gestión territorial
Investigaciones arqueológicas, históricas y ecológicas han mostrado de forma consistente que el fuego ha desempeñado un papel decisivo en la configuración de muchos paisajes europeos. Desde la Prehistoria, las sociedades humanas lo emplearon para despejar vegetación, facilitar la caza, renovar pastos, controlar matorrales, reciclar nutrientes o mantener espacios abiertos.
En la cornisa cantábrica, estas prácticas se integraron durante siglos en sistemas agro-silvo-pastorales adaptados a un relieve abrupto, suelos poco profundos y un clima húmedo. La quema, aplicada generalmente de forma planificada y colectiva, era una herramienta de bajo coste y alta eficacia, estrechamente vinculada a la ganadería extensiva, que actuaba como complemento ecológico mediante el ramoneo, la selección de especies vegetales y la fertilización del suelo.
Durante largos periodos, este uso combinado del fuego y del ganado contribuyó a la creación de paisajes en mosaico —bosques, matorrales y pastos— que limitaban la continuidad del combustible y favorecían determinados niveles de biodiversidad. Muchos de los paisajes considerados hoy “naturales” o característicos de Cantabria son, en realidad, el resultado de esta coevolución entre sociedades humanas y medio ambiente.
Riesgo, regulación y responsabilidad colectiva
El uso del fuego nunca fue una práctica inocua. Las comunidades rurales conocían bien su potencial destructivo y desarrollaron mecanismos para limitarlo. Las quemas estaban sujetas a normas consuetudinarias y, más tarde, a ordenanzas concejiles que fijaban calendarios, condiciones meteorológicas, zonas permitidas, vigilancia y responsabilidades.
Estos sistemas de regulación no eran idílicos ni exentos de conflictos o impactos ambientales. Sin embargo, constituían formas de autorregulación adaptativa, basadas en el conocimiento local y en la dependencia directa del territorio. Cuando los efectos negativos se hacían evidentes —como la erosión del suelo o los daños al arbolado—, las comunidades tendían a ajustar sus prácticas sin necesidad de una autoridad externa permanente.
Cuando el Estado entró en el monte
El equilibrio socieoecológico comenzó a alterarse con la creciente intrusión del Estado en la gestión de los montes. A partir de la Edad Moderna, y especialmente desde el siglo XVIII, el poder central fue desplazando progresivamente a concejos y comunidades locales de la toma de decisiones.
En Cantabria, este proceso estuvo muy ligado a intereses de la Monarquía, especialmente al suministro de madera y carbón vegetal para la construcción naval y otros usos militares. Las ordenanzas forestales borbónicas ampliaron significativamente la jurisdicción estatal sobre los montes, subordinando los usos locales a prioridades externas, no sin generar resistencias y conflictos persistentes.
El resultado fue profundamente destructivo. Por un lado, la intensificación de la explotación forestal contribuyó a uno de los mayores impactos ecológicos de la historia de Cantabria. La pérdida de masa arbórea degradó los suelos, aumentó el arrastre de sedimentos por los ríos —hasta amenazar la colmatación de la bahía de Santander— y alteró los regímenes fluviales, favoreciendo inundaciones recurrentes del Asón, el Miera y el bajo Pas a lo largo del siglo XIX. Por otro, al debilitarse los sistemas comunitarios de gestión, el territorio quedó expuesto a una explotación más intensiva, menos ajustadas a sus límites biofísicos y desvinculada de las dinámicas de corresponsabilidad a largo plazo.
De la quema regulada al incendio conflictivo
La centralización administrativa y la criminalización de las quemas no supusieron su desaparición. Su uso continuó, pero bajo formas cada vez más conflictivas y peligrosas. El fuego pasó de ser una práctica socialmente regulada a una actividad sometida a autorización externa o directamente prohibida.
En este contexto, algunos incendios adquirieron un carácter social y político y, en determinados casos, funcionaron como actos colectivos orientados a defender derechos de uso o desafiar una normativa percibida como injusta y ajena. Al realizarse fuera del control comunitario, estos fuegos tendieron a ser más peligrosos y con mayor impacto potencial.
Criminalización, clandestinidad e irresponsabilidad inducida
Con la consolidación del Estado liberal y la centralización de la gestión forestal, el fuego fue expulsado del ámbito comunitario. La prohibición generalizada y el enfoque punitivo erosionaron los mecanismos locales de corresponsabilidad y cuidado del territorio. Al mismo tiempo, la industrialización y el abandono rural debilitaron la relación cotidiana entre las personas y el monte.
Privadas de capacidad real de decisión, las comunidades pasaron a ser tratadas como sujetos formalmente responsables de cumplir normas que no habían contribuido a definir, pero materialmente irresponsables de la gestión del territorio. El castigo y la clandestinidad sustituyeron a la regulación colectiva; la desconfianza, a la cooperación.
Este proceso ayuda a explicar la elevada recurrencia de incendios en una región húmeda como Cantabria. Los registros paleoambientales sugieren que la presencia histórica del fuego pudo ser comparable o incluso mayor que la actual, pero integrada en regímenes caracterizados por una mayor frecuencia y menor intensidad. El cambio fundamental no es solo ecológico: es político. No es solo la cantidad de fuego lo que ha variado, sino su gobernanza.
El fuego entre el riesgo y la herramienta
Reconocer el papel histórico del fuego no implica minimizar su capacidad destructiva. En el contexto actual de cambio climático, acumulación de combustible vegetal y abandono rural, los incendios pueden alcanzar consecuencias ecológicas y sociales inéditas.
Sin embargo, una política basada exclusivamente en la supresión total de las quemas y en la gestión represiva del problema se muestra limitada e ineficaz. Diversos enfoques científicos señalan que el uso planificado y socialmente controlado del fuego puede contribuir a reducir cargas de combustible, mantener paisajes abiertos y disminuir la intensidad de los grandes incendios.
La alternativa no es entre fuego o no fuego, sino entre un fuego clandestino, descontrolado y socialmente desanclado, y un fuego integrado en una gobernanza territorial responsable.
Recuperar la autogestión en un mundo en crisis
Recuperar formas de gestión comunitaria del fuego no puede plantearse como una simple vuelta al pasado ni como la idealización de prácticas históricas. El contexto ecológico, demográfico y climático es distinto. Cualquier propuesta debe basarse en la articulación entre saberes locales y conocimiento científico, así como en marcos que restauren la capacidad de decisión y responsabilidad real de las comunidades.
Se trata de reconstruir formas de gobernanza territorial adaptativa, capaces de gestionar el monte de manera consciente, solidaria y ecológicamente informada.
Los incendios actuales en Cantabria no son una anomalía reciente. Son el resultado histórico de la desarticulación de sistemas comunitarios, del desplazamiento de la toma de decisiones y de la criminalización de saberes colectivos. Allí donde existió autogestión, hubo regulación y control social; allí donde se impuso la prohibición, surgieron la clandestinidad y el conflicto.
Recuperar el control comunitario del fuego no es una nostalgia romántica, sino una condición necesaria para afrontar los retos ecológicos del presente y del futuro, reconociendo que la gestión responsable del territorio solo puede construirse desde quienes lo habitan y dependen de él.
