La anulación de la variante de Oyambre por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en una sentencia que es definitiva y no admite recurso, ha constituido uno de los mayores escándalos políticos de los últimos tiempos.La anulación de la variante de Oyambre por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en una sentencia que es definitiva y no admite recurso, ha constituido uno de los mayores escándalos políticos de los últimos tiempos.
Y, sin embargo, su fugaz presencia en los medios de comunicación, su ausencia total en los escenarios institucionales donde debería haber sido objeto de una profunda reflexión y debate –en el Parlamento de Cantabria, en las Comisiones correspondientes, en las Consejerías de Obras Públicas, Medio Ambiente y Agricultura…– con la voluntad pública y urgente de cumplirla en los términos de restituir a su estado original los terrenos, el paisaje y los valores ambientales afectados; en los propios partidos políticos que impulsaron o consintieron el proyecto; en las entidades locales y Ayuntamientos que, en su momento, apoyaron la realización de la obra; o en los mismos órganos de gestión y participación del Parque Natural –la dirección, el Patronato…–, son toda una demostración de manipulación informativa, de absoluta falta de transparencia por parte de las Administraciones Públicas implicadas –que incluye, también, al Gobierno Central, al Ministerio de Fomento, a la Confederción Hidrográfica y a la Demarcación de Costas–, y de los nulos propósitos de la enmienda sobre los procedimientos en la aprobación y ejecución de unos proyectos viciados desde el principio y advertidos repetidamente de la ilegalidad que ahora se confirma.
Pero si ya es grave el reiterado desprecio a un lugar absolutamente excepcional y uno de los activos más valiosos de los atractivos turísticos de la región, no es, desde luego, el único testimonio de este Gobierno-Atila que está superando al anterior en la complicidad con los númerosos impactos, negligencias y degradación ambiental que sigue sufriendo Cantabria: el abandono generalizado de los Parques Naturales de toda la región –en la financiación, en la corrección o en la restauración del patrimonio Natural, en la creación de empleo…–; el empecinamiento en sostener –como ocurrió con Oyambre– los recursos judiciales para proseguir con obras como la variante de Comillas –a la que el Tribunal Supremo en este caso acabará, también, dando, si es coherente con sus propios pronunciamientos, la razón a quienes la impugnamos y conseguimos, en primera instancia, la sentencia favorable de suspender su construcción–, y no ejecutar las demoliciones o desmantelamientos de la macrodepuradora de la Vuelta Ostrera o de las numerosas urbanizaciones ilegales que siguen en pie a lo largo de la costa cántabra; y los enredos legislativos con las modificaciones de la Ley de Costas estatal y la Ley del Suelo autonómico para vaciar de contenido el Plan de Ordenación del Litoral, “flexibilizar” la construcción de infraestructuras, viviendas o polígonos industriales en los suelos rústicos y de especial protección ecológica tanto en las zonas rurales como en los propios bordes costeros, y pretender indultar infracciones, irregularidades e impactos en asentamientos, concesiones y ocupaciones de la franja marítimo-terrestre, marismas y áreas de dominio público.
Y todo ello envuelto en la retórica psudoecológica que encierran las iniciativas sobre la suspensión del fracking –que, en realidad, solo afecta provisionalmente a uno de los cinco permisos sobre la autorización de esas técnicas de explotación de hidrocarburos en Cantabria–, dentro de la propia indefinición del proyecto de ley y la falta de medidas más eficaces en el impulso a las energías renovables, al ahorro y la eficiencia energética, a la movilidad sostenible en el transporte o a la lucha contra el cambio climático; sobre el concurso eólico –que sigue olvidando el marco general del Plan Regional de Ordenación del Territorio y la Ley del Paisaje en que debía inspirarse y que continúan sin aprobarse–; sobre la supuesta dinamización de un sector forestal que padece de las mismas limitaciones al no contemplar la restricción y ordenación más racional y ecológica de las plantaciones masivas y compactas de eucaliptos y pinos que siguen extendiéndose por toda la región; o sobre un urbanismo especulativo y unas políticas ambientales sin transversalidad alguna entre las distintas Administraciones y Consejerías que siguen fomentando la dispersión, la instalación de macrosuperficies en las periferias urbanas y contra el pequeño comercio, la presión cada vez mayor sobre los ecosistemas fluviales y la acentuación de los efectos de las inundaciones, el desprecio al Patrimonio Cultural y al paisaje, los retrasos en cumplir los objetivos mínimos en la reducción, tratamiento y neutralización de residuos…, ejemplos, entre otros muchos, de que otras formas de actuar son posibles.
Y, sin embargo, su fugaz presencia en los medios de comunicación, su ausencia total en los escenarios institucionales donde debería haber sido objeto de una profunda reflexión y debate –en el Parlamento de Cantabria, en las Comisiones correspondientes, en las Consejerías de Obras Públicas, Medio Ambiente y Agricultura…– con la voluntad pública y urgente de cumplirla en los términos de restituir a su estado original los terrenos, el paisaje y los valores ambientales afectados; en los propios partidos políticos que impulsaron o consintieron el proyecto; en las entidades locales y Ayuntamientos que, en su momento, apoyaron la realización de la obra; o en los mismos órganos de gestión y participación del Parque Natural –la dirección, el Patronato…–, son toda una demostración de manipulación informativa, de absoluta falta de transparencia por parte de las Administraciones Públicas implicadas –que incluye, también, al Gobierno Central, al Ministerio de Fomento, a la Confederción Hidrográfica y a la Demarcación de Costas–, y de los nulos propósitos de la enmienda sobre los procedimientos en la aprobación y ejecución de unos proyectos viciados desde el principio y advertidos repetidamente de la ilegalidad que ahora se confirma.
Pero si ya es grave el reiterado desprecio a un lugar absolutamente excepcional y uno de los activos más valiosos de los atractivos turísticos de la región, no es, desde luego, el único testimonio de este Gobierno-Atila que está superando al anterior en la complicidad con los númerosos impactos, negligencias y degradación ambiental que sigue sufriendo Cantabria: el abandono generalizado de los Parques Naturales de toda la región –en la financiación, en la corrección o en la restauración del patrimonio Natural, en la creación de empleo…–; el empecinamiento en sostener –como ocurrió con Oyambre– los recursos judiciales para proseguir con obras como la variante de Comillas –a la que el Tribunal Supremo en este caso acabará, también, dando, si es coherente con sus propios pronunciamientos, la razón a quienes la impugnamos y conseguimos, en primera instancia, la sentencia favorable de suspender su construcción–, y no ejecutar las demoliciones o desmantelamientos de la macrodepuradora de la Vuelta Ostrera o de las numerosas urbanizaciones ilegales que siguen en pie a lo largo de la costa cántabra; y los enredos legislativos con las modificaciones de la Ley de Costas estatal y la Ley del Suelo autonómico para vaciar de contenido el Plan de Ordenación del Litoral, “flexibilizar” la construcción de infraestructuras, viviendas o polígonos industriales en los suelos rústicos y de especial protección ecológica tanto en las zonas rurales como en los propios bordes costeros, y pretender indultar infracciones, irregularidades e impactos en asentamientos, concesiones y ocupaciones de la franja marítimo-terrestre, marismas y áreas de dominio público.
Y todo ello envuelto en la retórica psudoecológica que encierran las iniciativas sobre la suspensión del fracking –que, en realidad, solo afecta provisionalmente a uno de los cinco permisos sobre la autorización de esas técnicas de explotación de hidrocarburos en Cantabria–, dentro de la propia indefinición del proyecto de ley y la falta de medidas más eficaces en el impulso a las energías renovables, al ahorro y la eficiencia energética, a la movilidad sostenible en el transporte o a la lucha contra el cambio climático; sobre el concurso eólico –que sigue olvidando el marco general del Plan Regional de Ordenación del Territorio y la Ley del Paisaje en que debía inspirarse y que continúan sin aprobarse–; sobre la supuesta dinamización de un sector forestal que padece de las mismas limitaciones al no contemplar la restricción y ordenación más racional y ecológica de las plantaciones masivas y compactas de eucaliptos y pinos que siguen extendiéndose por toda la región; o sobre un urbanismo especulativo y unas políticas ambientales sin transversalidad alguna entre las distintas Administraciones y Consejerías que siguen fomentando la dispersión, la instalación de macrosuperficies en las periferias urbanas y contra el pequeño comercio, la presión cada vez mayor sobre los ecosistemas fluviales y la acentuación de los efectos de las inundaciones, el desprecio al Patrimonio Cultural y al paisaje, los retrasos en cumplir los objetivos mínimos en la reducción, tratamiento y neutralización de residuos…, ejemplos, entre otros muchos, de que otras formas de actuar son posibles.
