El pasado lunes 29 de diciembre, el Gobierno de Cantabria presentó oficialmente el nuevo Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT). El documento se presenta, en apariencia, como un marco técnico destinado a organizar el futuro de la región. Sin embargo, basta con rascar bajo la superficie del anuncio oficial para descubrir un proyecto que revela una arquitectura profundamente centralista. Bajo una retórica de sostenibilidad, equilibrio territorial y planificación racional, se despliega un modelo de desarrollo que concibe la tierra no como un hogar compartido ni como un bien común, sino como un activo administrable al servicio de la rentabilidad y de la gestión institucional.
El conflicto fundamental del PROT reside en su concepción del poder y de quién decide sobre el territorio. El plan se configura como una estructura normativa diseñada desde las alturas administrativas que tiende a anular la capacidad de decisión real de las personas y comunidades a escala local. No es casual que el propio PROT se defina como un instrumento de ordenación supramunicipal y de obligado cumplimiento, capaz de prevalecer sobre el planeamiento municipal, desplazando el centro de gravedad de las decisiones hacia una lógica regional centralizada. Una verdadera organización del territorio debería nacer de abajo arriba, partiendo de las necesidades materiales, sociales y ecológicas de cada valle. En cambio, el PROT impone una visión tecnocrática que simplifica la complejidad del territorio cántabro para hacerlo legible a los intereses del mercado, despejando el camino para grandes proyectos industriales o turísticos que, de otro modo, encontrarían una resistencia vecinal mucho más firme.
Esta lógica de desposesión es muy clara en el tratamiento de los montes comunales. Estas tierras, históricamente custodiadas y gestionadas por la vecindad a través de concejos y formas colectivas de decisión, representan una de las últimas reservas de autonomía comunitaria en Cantabria. Pero el PROT, al apoyarse en figuras amplias como los “proyectos de interés regional” o las “actuaciones estratégicas”, define desde lejos qué se puede hacer y qué no, asfixiando la capacidad de autogobierno local. Bajo el paraguas difuso del “interés regional”, el plan abre la puerta a que tierras de uso común sean tratadas como espacios vacíos, disponibles para ser entregados a empresas privadas o gestionados por una burocracia ajena a la vida rural, rompiendo el vínculo histórico entre la comunidad y el monte y convirtiendo el patrimonio colectivo en un activo concesionable al mejor postor.
En el plano ecológico y energético, el plan peca de un productivismo que choca frontalmente con los límites biofísicos del territorio. Aunque el texto utiliza un lenguaje cargado de términos como resiliencia, sostenibilidad o transición ecológica, en la práctica favorece la fragmentación del paisaje y la industrialización de las cumbres. Al centralizar la planificación energética, se anula la posibilidad de que las comarcas desarrollen infraestructuras a pequeña escala, adaptadas al entorno y bajo control comunitario. El territorio se convierte así en una zona de sacrificio: los pueblos aportan el suelo y soportan los impactos, mientras que el control y los beneficios se concentran en grandes centros de poder económico y político. Lo que se presenta como “progreso verde” no es más que una profundización de la dependencia, al servicio de un sistema que necesita crecer sin descanso, incluso por encima de los límites de la naturaleza.
Además, el PROT parece olvidar una verdad elemental: el mundo rural está vivo. Trata a los pueblos como decorados para el turismo o como extensiones residenciales de las ciudades, ignorando a quienes apuestan por una gestión directa, arraigada y colectiva de los recursos. Al concentrar las decisiones en instituciones alejadas del territorio, se debilita el vínculo cotidiano entre las personas y la tierra, fomentando una dependencia estructural del exterior en lugar de fortalecer circuitos locales de cooperación, apoyo mutuo y equilibrio entre campo y ciudad.
En definitiva, este plan de ordenación representa la culminación de un modelo que confunde el bienestar con la acumulación, la organización con el control y la planificación con el blindaje del orden existente. Una ordenación territorial madura y verdaderamente transformadora no debería ser un manual de instrucciones dictado por expertos y políticos, sino un proceso abierto de diálogo y corresponsabilidad. Un proceso en el que la técnica aporte herramientas, pero donde sean las personas que habitan el territorio quienes marquen el rumbo. Solo así la tierra dejará de ser un tablero para la extracción de beneficios y podrá volver a ser reconocida como lo que siempre ha sido: un hogar común que decidimos cuidar y gestionar colectivamente, sin dueños, sin jerarquías y sin jefes.
