La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Cantabria alerta de la fragilidad del llamado escudo social y de la moratoria antidesahucios, cuya continuidad depende de una votación parlamentaria inminente que podría dejar sin protección a decenas de miles de familias en todo el Estado, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad extrema.
Aunque el riesgo de desprotección sería especialmente alto si no se aprueba la prórroga de la moratoria, la plataforma antidesahucios lleva tiempo denunciando que estas medidas han servido como parches, incapaces de garantizar una protección estable frente a una crisis habitacional que es estructural. Durante los últimos años han funcionado de forma parcial, con criterios restrictivos, interpretaciones judiciales desiguales y dejando fuera a una parte importante de las personas afectadas por desahucios.
La suspensión de desahucios ha evitado expulsiones inmediatas, del mismo modo que lo ha hecho la movilización social caso a caso, casa a casa, pero ni unas ni otras han logrado frenar la especulación, el encarecimiento del alquiler ni la inseguridad habitacional permanente de miles de hogares.
Organizarse frente a la fragilidad institucional
En este contexto, en Cantabria se están dando pasos para reforzar la respuesta colectiva. Ayer se celebró en Santander una asamblea abierta para avanzar en la creación de un Sindicato de la Vivienda.
La iniciativa, impulsada por la PAH Santander-Cantabria y Cantabria No Se Vende, parte de la idea de que la protección real no puede depender únicamente de decretos temporales ni de equilibrios parlamentarios, sino de la capacidad de las personas afectadas para organizarse, apoyarse mutuamente y ejercer presión colectiva frente a grandes propietarios y administraciones.
Durante la asamblea se señaló que las políticas públicas actuales no están logrando frenar la expulsión de vecinas y vecinos de sus barrios, ni garantizar el acceso a una vivienda digna. Frente a ello, el sindicalismo de vivienda se plantea como una herramienta para defender derechos desde abajo, compartir recursos y construir fuerza colectiva.
La posible caída del escudo social vuelve a poner sobre la mesa que, ante la fragilidad y condicionalidad de las soluciones institucionales, las redes de apoyo mutuo y la organización popular siguen siendo el principal dique frente a los desahucios.
