El problema de la vivienda en el Estado español no emerge con la crisis de 2008, pero es en ese momento cuando se transforma en un conflicto social de primer orden. Si tuviéramos que situar un punto de arranque para este ciclo, podríamos señalar la aprobación de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, impulsada por el gobierno de José María Aznar. Esta norma supuso un punto de inflexión al liberalizar grandes cantidades de suelo y facilitar su conversión en bien especulativo, intensificando un proceso previo de mercantilización de la vivienda que ya venía desarrollándose en décadas anteriores.
La década de la burbuja (2000–2008): propiedad, deuda y despolitización
A comienzos de los años 2000, el modelo de vivienda en España se consolidaba sobre tres pilares: la promoción masiva de vivienda en propiedad, la financiarización del acceso mediante crédito hipotecario y una débil estructura de alquiler social. Bajo los gobiernos de José María Aznar y posteriormente José Luis Rodríguez Zapatero, el crecimiento económico estuvo fuertemente vinculado al sector inmobiliario.
Más allá de su dimensión jurídica o urbanística, esta transformación debe entenderse como parte de una reconfiguración más amplia del capitalismo español, en la que la vivienda se consolidó como un eje central de acumulación. La expansión inmobiliaria no fue únicamente un fenómeno económico, sino también un mecanismo de reorganización de las relaciones de clase: amplios sectores de la clase trabajadora fueron integrados en el ciclo de acumulación a través del endeudamiento a largo plazo, vinculando su reproducción material a la propiedad privada de la vivienda y al sistema financiero.
De este modo, el acceso a la vivienda dejó de ser una cuestión vinculada a derechos sociales o políticas públicas para quedar subordinado a la lógica del mercado. La figura del pequeño propietario hipotecado se generalizó como forma dominante de acceso, al tiempo que se debilitaban alternativas como el alquiler asequible o la vivienda pública. Este proceso contribuyó a desarticular formas de conflicto más abiertas, y desplazando las tensiones sociales hacia el ámbito de lo privado, el endeudamiento individual y la indisciplina financiera.
Sin embargo, esta aparente integración contenía una contradicción de fondo: la extensión del crédito no eliminaba las desigualdades estructurales, sino que las reconfiguraba bajo nuevas formas o las camuflaba bajo esa burbuja que servía para el enriquecimiento de una minoría. La dependencia del salario, la precarización del empleo y la financiarización de la vida cotidiana situaban a amplias capas sociales en una posición de vulnerabilidad latente, que estallaría con la crisis de 2008 directamente vinculada a la pérdida masiva de empleo y reconfiguración también del mundo laboral.
Antes de ello, durante este periodo previo a la burbuja que estalló, el conflicto en torno a la vivienda permaneció relativamente desarticulado, pero no dio pie al surgimiento del movimiento por la vivienda y la aparición de colectivos como la «Plataforma por una Vivienda Digna» (2003) y «V de Vivienda» en 2006. Experiencias puntuales que ya denunciaban en manifestaciones y acciones específicas el encarecimiento y la especulación, pero sin alcanzar aún niveles de masividad sostenida.
Durante las dos primeras décadas del siglo XXI, el acceso a la vivienda pasa así de estar articulado en torno a la expansión crediticia bancaria y la propiedad, a convertirse en un campo de lucha social y de clase, organización popular y disputa política de primera línea. La crisis no solo evidenció los límites del modelo inmobiliario, sino que abrió un ciclo de politización en el que la vivienda dejó de ser percibida como una aspiración individual para reaparecer como un problema colectivo. Sin embargo, las salidas estratégicas a esta problemática también encontrarían límites políticos en nuestra trinchera.
Crisis, desposesión y emergencia del conflicto (2008–2011)
El estallido de la crisis financiera internacional en 2008 supuso el derrumbe del modelo económico sobre el que se había sostenido el crecimiento español durante más de una década. La explosión de la burbuja inmobiliaria no afectó únicamente al sector de la construcción o al sistema bancario: golpeó de lleno las condiciones materiales de vida de amplios sectores de la clase trabajadora, especialmente aquellos que habían sido incorporados al ciclo económico mediante el endeudamiento hipotecario, la temporalidad laboral y la dependencia absoluta del salario.
La destrucción masiva de empleo fue especialmente intensa en sectores altamente precarizados y vinculados al propio ciclo inmobiliario —construcción, hostelería, servicios auxiliares o trabajo migrante— dejando a cientos de miles de familias sin capacidad para sostener pagos hipotecarios contraídos durante los años de expansión financiera. Entre 2008 y 2011, el desempleo se disparó mientras aumentaban de forma acelerada las ejecuciones hipotecarias y los desahucios.
Pero el elemento que convirtió esta situación en un conflicto social de gran alcance fue la naturaleza profundamente violenta del régimen hipotecario español. A diferencia de otros países, perder la vivienda no implicaba cancelar la deuda: tras el desahucio, las familias continuaban arrastrando cargas económicas de por vida. La crisis reveló así una realidad que había permanecido parcialmente oculta durante los años de supuesta bonanza: la vivienda no funcionaba como garantía de estabilidad, sino como un mecanismo de subordinación económica y disciplinamiento social.
En ese contexto, muchas personas experimentaron una ruptura brusca entre las promesas de ascenso social ligadas a la propiedad y la realidad material de la crisis. La imagen del «propietario integrado» empezó a resquebrajarse al ritmo de los embargos, el desempleo y la pobreza sobrevenida. La financiarización de la vivienda mostraba entonces su verdadero rostro: miles de familias trabajadoras expulsadas de sus hogares mientras las entidades bancarias eran rescatadas con recursos públicos.
Es precisamente en este escenario donde comienza a emerger un nuevo ciclo de organización social alrededor de la vivienda. En 2009 nace la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, inicialmente en Barcelona, impulsada por activistas provenientes de luchas vecinales y por el derecho a la vivienda previo. Su aparición marcó un cambio importante en la forma de abordar el conflicto habitacional: frente al aislamiento individual de las personas endeudadas, las PAH (Plataformas de Afectadas por la Hipoteca) construyeron espacios colectivos donde compartir experiencias, defenderse mutuamente y politizar una situación que hasta entonces se vivía muchas veces desde la culpa o el fracaso personal.
Las asambleas abiertas, el asesoramiento colectivo y las primeras paralizaciones de desahucios comenzaron a extender una idea sencilla pero profundamente disruptiva para el contexto de la época: si el problema era colectivo, la respuesta también debía serlo. El desahucio dejó progresivamente de percibirse como un drama privado para convertirse en una expresión visible de la crisis social y de los efectos del modelo inmobiliario español sobre la clase trabajadora.
En ciudades como Madrid, el aumento de los desahucios afectó especialmente a barrios obreros y periferias urbanas donde el endeudamiento había penetrado con más fuerza en los años anteriores. Allí es donde comenzaron a tejerse redes de solidaridad, apoyo mutuo y resistencia que posteriormente conectarían con las dinámicas asamblearias abiertas por el ciclo del Movimiento 15M.
La crisis de 2008 no generó automáticamente un movimiento de vivienda organizado, pero sí creó las condiciones materiales para su emergencia inmediata. La combinación entre el empobrecimiento, la pérdida de vivienda, el descrédito institucional y la ruptura de las expectativas de estabilidad abrió un nuevo escenario de conflicto social en el que la vivienda pasó a ocupar un lugar central dentro de las luchas de clase en el Estado español, y que no nos abandonaría hasta la actualidad.
El ciclo de las PAH y el 15M (2011–2014): organización, legitimidad social y expansión
La irrupción del Movimiento 15M supuso un salto cualitativo en el escenario político y social abierto tras la crisis. Las plazas, las acampadas y las asambleas populares expresaron un malestar acumulado frente al desempleo, la precariedad, la corrupción y la pérdida de expectativas de amplias capas de la población trabajadora, especialmente entre jóvenes y sectores golpeados por la crisis hipotecaria. En ese contexto, la lucha por la vivienda encontró un terreno fértil para expandirse y arraigar socialmente.
Las Plataforma de Afectados por la Hipoteca se multiplicaron por todo el territorio y comenzaron a consolidarse como una de las expresiones más reconocibles del nuevo ciclo de movilización. Su capacidad para combinar apoyo mutuo, acción directa y legitimidad social permitió romper parcialmente el aislamiento que sufrían miles de familias afectadas por ejecuciones hipotecarias y desahucios. La imagen de vecinas y vecinos frenando desahucios, enfrentándose colectivamente a comitivas judiciales y policía, o señalando públicamente a entidades bancarias, consiguió generar amplios niveles de simpatía social.
Uno de los elementos más relevantes de este periodo fue precisamente la construcción de espacios donde personas sin experiencia política previa comenzaron a organizarse colectivamente alrededor de problemas materiales inmediatos. Las asambleas de vivienda se convirtieron en lugares de politización cotidiana, aprendizaje colectivo y solidaridad práctica, especialmente en barrios obreros y periferias urbanas. En ciudades como Madrid, muchas PAH y asambleas de vivienda crecieron estrechamente vinculadas a las dinámicas abiertas por el 15M, espacios sociales okupados y a las redes comunitarias que emergieron en los barrios.
Durante estos años, el movimiento logró instalar la cuestión de la vivienda en el centro del debate público. La campaña por la ILP de la dación en pago, presentada en 2013 con más de un millón de firmas, fue probablemente el mayor ejemplo de esta capacidad de acumulación social. Aunque sus principales demandas fueron bloqueadas institucionalmente, la campaña evidenció hasta qué punto el problema habitacional había dejado de ser percibido como una cuestión individual para convertirse en un conflicto político de alcance general.
Al mismo tiempo, este crecimiento también mostró algunos de los límites que atravesarían el ciclo político. La centralidad de la emergencia social y la necesidad inmediata de responder a los desahucios empujaron muchas veces al movimiento hacia dinámicas centradas en la gestión del conflicto caso a caso. La enorme legitimidad social de las PAH convivía así con dificultades para consolidar estructuras más estables de organización de clase capaces de superar la lógica reactiva impuesta por la urgencia habitacional.
A pesar de esas contradicciones, el ciclo abierto entre 2011 y 2014 dejó una huella profunda. La vivienda se consolidó como un terreno central de conflicto social y miles de personas atravesaron experiencias de autoorganización y lucha colectiva que marcarían el desarrollo posterior del movimiento de vivienda en el Estado español.
Institucionalización y reconfiguración (2014–2019)
A partir de 2014, el ciclo abierto tras la crisis y el 15M comenzó a entrar en una nueva fase. El desgaste de las movilizaciones, junto con la apertura de expectativas electorales e institucionales, desplazó parte importante de la energía acumulada en los movimientos sociales hacia el terreno parlamentario y municipal. La irrupción de Podemos y de distintas candidaturas municipalistas expresó, en buena medida, ese intento de traducir el malestar social surgido durante los años anteriores en representación institucional, mediante una vía neorreformista de la que a día de hoy todavía se siguen dando algunos coletazos.
El movimiento por la vivienda no quedó al margen de este proceso. Muchas de sus figuras más visibles, cuadros organizativos y sectores militantes pasaron a integrarse —de forma directa o indirecta— en proyectos institucionales, especialmente en ciudades como Madrid o Barcelona. La llegada de candidaturas municipalistas a distintos ayuntamientos generó amplias expectativas en torno a la posibilidad de transformar las políticas de vivienda desde las instituciones y abrir una nueva etapa tras los años más duros de la crisis hipotecaria.
Sin embargo, este desplazamiento también tuvo consecuencias importantes para el propio movimiento. En muchos casos, la lógica de la movilización y la autoorganización fue perdiendo centralidad frente a dinámicas más orientadas a la interlocución institucional, la mediación administrativa o la gestión técnica del conflicto habitacional. Parte del tejido organizativo construido durante los años anteriores entró en una fase de desmovilización parcial, mientras la resolución de los problemas de vivienda volvía a situarse, en gran medida, en el terreno de la representación política.
Al mismo tiempo, el propio problema habitacional estaba cambiando de forma. Mientras descendían las ejecuciones hipotecarias más masivas de la primera etapa de la crisis, comenzaba a consolidarse una nueva ofensiva vinculada al mercado del alquiler, la especulación urbana y la entrada de fondos de inversión en barrios populares. La expansión de plataformas turísticas, la subida de rentas y los procesos de expulsión de población trabajadora transformaron progresivamente el mapa del conflicto, especialmente en grandes núcleos urbanos.
En este contexto comenzaron a surgir nuevas herramientas organizativas, como sindicatos de inquilinas e inquilinos y espacios de vivienda con una orientación más estable hacia la organización colectiva del conflicto. Estas experiencias recogían parte de la herencia acumulada por las PAH, pero también expresaban la necesidad de adaptarse a un nuevo escenario social y económico.
Las contradicciones del periodo también pusieron sobre la mesa algunos límites más profundos del ciclo anterior. La enorme legitimidad social alcanzada por el movimiento no siempre se tradujo en una consolidación de estructuras de clase capaces de sostener niveles altos de independencia política y organizativa frente a las instituciones. La integración de buena parte del conflicto en marcos institucionales y electorales tendió a desplazar horizontes más amplios de transformación social, reduciendo en muchos casos la lucha por la vivienda a demandas parciales o reformas gestionables dentro del propio sistema político y económico.
Si bien el periodo entre 2014 y 2019 pueda entenderse como una fase de repliegue, fue también un momento de transición y reconfiguración en el que el movimiento de vivienda comenzó a enfrentarse a nuevos problemas, nuevas formas de explotación y nuevas preguntas estratégicas sobre cómo reconstruir organización popular más allá de los límites impuestos por la institucionalización del conflicto.
De la crisis hipotecaria a la crisis del alquiler (2019–postpandemia)
A finales de la década y justo previo a la pandemia del COVID-19, el conflicto en torno a la vivienda había cambiado de forma, aunque no de raíz. Si durante los años posteriores a 2008 la imagen más visible de la crisis había sido la de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios ligados a la deuda bancaria, el nuevo escenario estuvo marcado por el encarecimiento del alquiler, la especulación urbana y la creciente imposibilidad de amplios sectores de la clase trabajadora —especialmente jóvenes, personas migrantes y trabajadores precarizados— de sostener una vida estable en las grandes ciudades.
En ciudades como Madrid, Barcelona, Granada, Sevilla o Valencia, la subida continuada de los alquileres se combinó con salarios estancados, temporalidad laboral y procesos de turistificación que expulsaban población trabajadora de barrios enteros. El acceso a la vivienda dejó de estar ligado principalmente a la propiedad hipotecada y pasó a expresarse cada vez más a través de alquileres abusivos, contratos —en el mejor de los casos— temporales, habitaciones sobreocupadas y una inseguridad residencial permanente. Para muchas personas, pagar el alquiler comenzó a absorber una parte desproporcionada del salario, consolidando una situación de dependencia y vulnerabilidad estructural.
En este contexto comenzaron a expandirse los sindicatos de inquilinas y distintas organizaciones de vivienda que intentaban responder a esta nueva fase del conflicto habitacional. Muchas de estas experiencias recogían herramientas heredadas del ciclo de las PAH —asambleas abiertas, acompañamiento colectivo, paralización de desahucios o negociación con propietarios—, pero adaptadas a una realidad marcada por el alquiler y la presencia creciente de fondos de inversión y grandes propietarios inmobiliarios.
La pandemia de COVID-19 profundizó aún más esta situación. El confinamiento y la crisis económica evidenciaron hasta qué punto la vivienda constituía una cuestión central para la reproducción de la vida de la clase trabajadora. Mientras millones de personas quedaban encerradas en condiciones precarias o perdían ingresos de forma abrupta, las rentas inmobiliarias continuaban funcionando como un mecanismo de extracción económica incluso en medio de la emergencia social.
Las medidas impulsadas durante esos años —moratorias parciales de desahucios, pequeñas reformas de la Ley de Arrendamientos Urbanos o posteriores intentos de regulación del alquiler— apenas modificaron los fundamentos estructurales del problema. Aunque introdujeron ciertos límites temporales o mecanismos de contención, no cuestionaron el peso del mercado inmobiliario, la concentración de propiedad ni la lógica especulativa que atraviesa el modelo de vivienda en el Estado español.
Al mismo tiempo, la nueva expansión del movimiento de vivienda volvió a poner sobre la mesa debates estratégicos que ya habían aparecido durante el ciclo anterior. La capacidad de generar apoyo mutuo y responder a situaciones urgentes siguió siendo una de las principales fortalezas del movimiento, pero también reaparecieron dinámicas centradas casi exclusivamente en la gestión de casos individuales o en la interlocución institucional. La herencia organizativa de las PAH seguía muy presente, tanto en sus aciertos como en algunos de sus límites.
En ese sentido, una parte del movimiento comenzó a plantear la necesidad de superar formas de intervención marcadas únicamente por la emergencia habitacional o por horizontes reformistas limitados. La cuestión de la vivienda volvía a mostrar que el problema no podía entenderse de forma aislada, separado de la precariedad laboral, las políticas migratorias, la brecha de género o el propio funcionamiento del capitalismo contemporáneo.
La experiencia acumulada durante estas dos décadas deja así una contradicción abierta. Por un lado, el movimiento de vivienda ha conseguido construir niveles importantes de legitimidad social, autoorganización y capacidad de resistencia. Por otro, sigue enfrentándose al riesgo constante de institucionalización, fragmentación y absorción dentro de marcos políticos incapaces de cuestionar las bases estructurales del modelo económico. Sin una perspectiva de clase más amplia, conectada con otros espacios de conflicto social y laboral, las luchas por la vivienda corren el peligro de quedar reducidas a formas de gestión parcial de la precariedad, fácilmente integrables dentro de un sistema que continúa haciendo de la vivienda un negocio para lucro de la clase dominante.
Hacia una confederación de vivienda como expresión de una lucha de clases con un horizonte anticapitalista
Las dos primeras décadas del siglo XXI han convertido la vivienda en uno de los principales terrenos de conflicto social en el Estado español. Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria hasta la crisis del alquiler posterior a la pandemia, el movimiento de vivienda ha sido capaz de articular formas de solidaridad, resistencia y organización popular que marcaron profundamente a toda una generación política. Las PAH, las asambleas barriales, los piquetes antidesahucios o los sindicatos de inquilinas lograron romper el aislamiento de miles de personas y situar en el centro una realidad que durante años había sido presentada como un fracaso individual y no como una consecuencia estructural del modelo capitalista de vivienda.
Al mismo tiempo, la experiencia acumulada durante este ciclo también deja lecciones y contradicciones que no pueden obviarse. La centralidad de la emergencia habitacional y la lógica de la gestión de casos concretos permitió sostener amplias redes de apoyo mutuo, pero dificultó en muchos momentos la consolidación de estructuras políticas y organizativas más estables, con capacidad para ir más allá de la respuesta inmediata. Del mismo modo, la integración de parte importante del movimiento dentro de dinámicas institucionales y electorales terminó desplazando buena parte de la fuerza acumulada hacia espacios sometidos a los límites del propio sistema político, debilitando la autonomía organizativa y reduciendo horizontes de transformación más profundos.
En el actual escenario de precarización creciente, ofensiva rentista y encarecimiento generalizado de la vida, la cuestión de la vivienda vuelve a plantear la necesidad de reconstruir herramientas de organización con mayor arraigo social, perspectiva de clase y capacidad de confrontación sostenida. Los nuevos sindicatos de vivienda y de barrio surgidos en distintos territorios expresan parcialmente esa búsqueda: espacios que intentan superar la fragmentación del ciclo anterior y conectar el problema habitacional con otras formas de explotación que atraviesan a la clase trabajadora, desde la precariedad laboral hasta el racismo institucional, la violencia patriarcal o la expulsión urbana de la población migrante y empobrecida.
En ese sentido, la necesidad de avanzar hacia formas más amplias de coordinación aparece cada vez con más fuerza. La construcción de una gran Confederación de la Vivienda —territorial, combativa y asentada sobre la autoorganización— podría constituir un paso importante para superar algunos de los límites del ciclo anterior. No únicamente como una suma de colectivos o plataformas, sino como una herramienta capaz de articular sindicatos de vivienda, organizaciones barriales y expresiones del sindicalismo de clase en una estructura común, con capacidad de generar conflicto sostenido y construir poder popular de clase desde abajo. Frente a la burocratización, la cooptación institucional o la dispersión organizativa, el reto sigue siendo construir un movimiento de vivienda con raíces profundas en los barrios y centros de trabajo, capaz no solo de resistir los efectos del mercado inmobiliario, sino de confrontar las condiciones materiales que hacen posible su existencia al sistema.
