Ayer, 9 de febrero, mientras la jornada de huelga comenzaba a tensionar la logística estatal, los sindicatos Semaf, CCOO y UGT anunciaron la desconvocatoria de sus paros tras un acuerdo de urgencia con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Ante esta retirada, las secciones ferroviarias de CGT, Alferro y el Sindicato Ferroviario (SF) han ratificado su voluntad de mantener las movilizaciones previstas para hoy, 10 de febrero, y mañana miércoles 11 al considerar que los términos del pacto no resuelven las carencias estructurales que afectan tanto a las plantillas como a la calidad del servicio público.
Promesas de inversión frente a la realidad del desmantelamiento
El acuerdo esgrimido por el Ministerio de Óscar Puente se presenta bajo la retórica habitual de «aumento de empleo e inversión». Sin embargo, conflictos ferroviarios pasados recuerdan que estos compromisos acaban diluyéndose de forma sistemática en tasas de reposición insuficientes que no detienen el vaciamiento humano de talleres y estaciones.
Existe, además, una divergencia estructural en el destino de dichas inversiones. Mientras se inyectan recursos en infraestructuras de Alta Velocidad diseñadas para la movilidad de las élites y la rentabilidad de las constructoras, el ferrocarril convencional —el que vertebra el territorio y sirve de soporte cotidiano a la clase trabajadora— agoniza por una desatención deliberada. Para la CGT, la desconvocatoria apresurada de las centrales mayoritarias actúa como una válvula de escape institucional para desactivar el conflicto social sin abordar las causas que lo provocan. Al retirar la presión en el momento de mayor incidencia, estas organizaciones se sitúan en la esfera de la cogestión de la precariedad, alejándose de una defensa integral y radical del transporte como derecho.
Razones para la perseverancia
La decisión de CGT, Alferro y SF de mantener el pulso hasta el miércoles responde a nudos críticos que el pacto ministerial no ha resuelto:
- La fragmentación del sector: La hoja de ruta de la administración sigue marcada por la máxima de «dividir para privatizar». La segregación de Renfe y Adif, sumada a la entrada de operadores privados en el mercado de viajeros, busca desarticular el carácter social del tren para convertirlo en un nicho de mercado. Mantener la huelga es, por tanto, un acto de resistencia contra la atomización de la clase trabajadora ferroviaria.
- Externalización y degradación técnica: El mantenimiento y la logística, pilares de la seguridad ferroviaria, están siendo transferidos de forma sistemática a empresas privadas con peores condiciones laborales. El acuerdo ministerial no garantiza la reversión de estas privatizaciones encubiertas, que no solo precarizan el empleo, sino que comprometen la calidad técnica del servicio.
- Autonomía obrera frente a la tutela estatal: Ceder ante promesas verbales de una administración con un amplio historial de incumplimientos supone aceptar la tutela de un Estado que prioriza la rentabilidad económica sobre la función social del transporte.
Hacia un modelo de transporte bajo control social
La continuidad del conflicto se ha visibilizado hoy con la salida a las calles de Santander por parte de la CGT. Los sindicatos han aprovechado la movilización para denunciar que, frente a la apuesta presupuestaria por la Alta Velocidad, resulta urgente priorizar la inversión en el mantenimiento y mejora de las líneas de ancho convencional y métrico, que constituyen la columna vertebral del transporte diario en la región.
Para los sindicatos que continúan la huelga, la firma de las centrales mayoritarias no garantiza la reversión del deterioro progresivo de las infraestructuras ni soluciona la pérdida de derechos laborales, por lo que entienden que el conflicto sigue abierto. Al mantener los paros a pesar del escenario de desconvocatoria general, CGT, Alferro y SF buscan evidenciar que la «paz social» no será efectiva mientras no se atiendan las demandas de fondo que afectan al servicio público y a la realidad de los trabajadores ferroviarios.
