Tras la petición de las familias, y en aplicación de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, el Gobierno ha aprobado la Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal a favor de Jon Paredes Txiki y Angel Otaegi, reconociendo así que fueron perseguidos «por razones políticas, juzgados sin garantías y víctimas de vulneraciones de derechos humanos», declarando «ilegales, ilegítimos y nulos» los Consejos de Guerra y las condenas a muerte que derivaron en sus ejecuciones durante el franquismo, según una nota de prensa difundida a los medios por el representante legal de las familias, Juanjo Álvarez.
Las familias de ambas víctimas solicitaron la reparación el 14 de enero de 2025 ante la Delegación del Gobierno en Euskadi. El abogado y catedrático Juanjo Álvarez elaboró la fundamentación jurídica, basada en los artículos 4, 5 y 6 de la Ley de Memoria Democrática, que establece la nulidad de las condenas dictadas por motivos políticos, ideológicos o de conciencia durante la Guerra y la Dictadura.
El Gobierno español reconoce ahora que Txiki y Otaegi fueron perseguidos por «razones políticas, juzgados sin garantías y víctimas de vulneraciones de derechos humanos». La declaración oficial subraya «la injusticia y arbitrariedad de los procesos», y afirma que «la reparación contribuye a restaurar la dignidad personal y familiar de ambos, así como a fortalecer la memoria democrática».
Las resoluciones están fechadas el 25 de noviembre de 2025 y firmadas por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España.
Las familias han agradecido la gestión de la Delegación del Gobierno en Euskadi, del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y de sus equipos de atención a víctimas, así como el apoyo previo del Gobierno Vasco y, en el caso de Txiki, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
El lehendakari, Imanol Pradales, ha recordado que desde 2012 el Gobierno Vasco había reconocido a Txiki y Otaegi como víctimas de la violencia de Estado, y que la reciente decisión del Gobierno español contribuye a completar el necesario reconocimiento público. Además, ha subrayado su compromiso como lehendakari «con el pleno reconocimiento de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos».
Estas dos declaraciones de reconocimiento se suman a las ya emitidas para los tres militantes del FRAP.
