De desórdenes públicos a delito penal: la criminalización de las protestas propalestina
Las cuatro de Valladolid y las ocho de Becerril tienen algo en común: son dos casos de protestas por Palestina que pueden considerarse delitos penales. John Barham, abogado de inmigración de Minnesota, alerta: los primeros pasos del ICE “fueron las detenciones a alumnado extranjero que se manifestaba por Palestina”.
Texto: Teresa Villaverde
El ICE detiene a una manifestante en octubre de 2025 en Portland, Oregón | Foto: US Immigration and Customs Enforcement.
03/06/2026
El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, resumía en su comparecencia del pasado 25 de mayo la política del Estado español para criminalizar la protesta: hablar de desórdenes públicos. “No estamos ante una cuestión de política internacional, es un asunto de orden público y convivencia”. Lo hacía a raíz de que se difundieran las imágenes de las cargas de la Ertzaintza en el aeropuerto de Bilbao contra integrantes de la Global Sumud Flotilla a su vuelta a casa después de que el Ejército israelí les liberara. La escena es de sobra conocida: activistas de la flotilla llegan al aeropuerto de Loiu y allí les esperan unas cuantas personas para darles la bienvenida después de haber sido secuestradas y, en algunos casos, torturadas por el Gobierno israelí. La Ertzaintza también está presente, según el comunicado del Ejecutivo vasco en el que se recogen las palabras del consejero, debido a que AENA requirió la presencia de los agentes para “garantizar la seguridad” en el aeropuerto “en una jornada especialmente concurrida debido a las finales de rugby” que se celebraban en la ciudad. En un momento dado los y las activistas se paran frente a la gente que les recibe y un agente considera que están entorpeciendo el paso, y decide liberar el espacio interrumpiendo la bienvenida y empujando ligeramente a un activista. Cuando este se separa y se acerca a la gente, cargan contra él.
Un comunicado de Gobierno vasco recoge “que algunas y algunos ciudadanos vascos pusieron en la diana a la Ertzaintza, cuyos miembros fueron víctimas del terrorismo de ETA
El vídeo es claro, como también son claras las imágenes en las que un policía empuja a una profesora jubilada que se manifestaba en Valencia en la huelga del profesorado. Ahí, el agente también considera que la mujer está entorpeciendo el paso y la empuja con fuerza, la tira al suelo la rompe el tabique nasal y la provoca una herida en la barbilla que necesitó de puntos de sutura.
Ambos ejemplos muestran las formas con las que la policía trata a la ciudadanía que se manifiesta o cuestiona actuaciones policiales. Lo saben especialmente, y así lo llevan denunciando tiempo, las personas racializadas a las que se somete a controles por perfil racial, por poner un ejemplo habitual que suele invisibilizarse.
Las evidencias de que hay agentes que hacen un uso ilegítimo de la fuerza son diversas, tanto en la Policía Nacional, los Mossos d’Esquadra o la Ertzaintza, y están documentadas por organizaciones como Amnistía Internacional o sindicatos. Sin embargo, el consejero vasco prefiere no afrontar este hecho y recurrir a ETA. Mientras el PNV se desmarca de las soflamas del PP o de Vox cuando recurren a la banda armada en la política estatal, tira de terrorismo si juega en casa para justificar los desmanes de sus fuerzas de seguridad. Así, un comunicado de Gobierno vasco recoge “que algunas y algunos ciudadanos vascos pusieron en la diana a la Ertzaintza, cuyos miembros fueron víctimas del terrorismo de ETA y de la llamada violencia callejera”. Una afirmación cuanto menos nostálgica que equipara denunciar la violencia de la policía a poner a sus agentes en el punto de mira.
Estados Unidos busca tachar de terrorismo manifestaciones propalestina
John Barham lleva 14 años ejerciendo como abogado especializado en migración en Minneapolis, ciudad del estado de Minnesota de los Estados de Estados Unidos y uno de los lugares donde el ICE (siglas en inglés del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos) está siendo más duro y violento. En Minnesota asesinaron, también frente a las cámaras, a Renée Good por defender a personas racializadas de las redadas de los agentes. Tres tiros. Lo hicieron delante de su mujer. Tenía 37 años.
El recrudecimiento en la brutalidad del ICE había comenzado, según explica Barham, bastante antes: “En Minnesota la onda empezó a cambiar cuando, en el segundo mandato de Trump, el ICE empezó a detener a estudiantes extranjeros que se manifestaban por Palestina acá”. Para él, esta detención a personas con visado fue uno de los primeros pasos en el autoritarismo del ICE. En Washington D.C., capital del país, la demostración de fuerza se daba con “la presencia tropas uniformadas y con fusiles en las esquinas de las calles, en las estaciones de metro”, mientras que en Minnesota se está notando con un mayor número de detenciones. El abogado achaca la ofensiva al hecho de que es uno de los estados con mayor oposición al presidente Donald Trump. “La Administración buscaba reprimir a los extranjeros en general acá y participar en manifestaciones o acciones propalestina es la excusa. Se nota que el Gobierno tiene lazos con Netanyahu, ahora quieren que cualquier apoyo a Palestina pueda ser considerado terrorismo”, alerta. Y señala que la corte de inmigración de Minnesota está habiendo cambios de jueces: “De repente están despidiendo algunos jueces de inmigración por otros que creo que tienen cero experiencia en el ámbito de inmigración. Los jueces están siendo reemplazados por gente leal a Trump”.
Los “5 de Ulm”, activistas de Palestine Action Germany, están acusados de pertenecer a una organización criminal
El caso estadounidense tiene sus particularidades y no es extrapolable tal cual al Estado español, pero sí conviene atender a algunas similitudes en la criminalización de las protestas y el control de la población. Sobre todo, porque en algunos países europeos se están dando ciertas similitudes. En Alemania, por ejemplo, los “5 de Ulm”, activistas de Palestine Action Germany, están acusados de pertenecer a una organización criminal y permanecen en una prisión de alta seguridad.
Las referencias a la banda terrorista ETA del consejero Zupiria y su denuncia de que la ciudadanía pone “en la diana” a la Ertzaintza son, en el mejor de los casos, muy desafortunadas y van en la línea de criminalizar a activistas alegando desórdenes públicos. Esta referencia no parece casual.
Tras la primera oleada de criminalización de la protesta iniciada en 2015 en el Estado español con la aplicación de la ley mordaza, el segundo ciclo comienza en 2022 con la reforma del Código Penal que eliminó el delito de sedición e introdujo el agravante en los desórdenes públicos. Según el artículo 557.2, si existe agravante las penas de prisión pueden ser de tres a cinco años si los hechos son cometidos “por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para alterar gravemente el orden público”.
En ambos casos la protesta propalestina pasa de tener sanciones administrativas a penales
Y así llegamos a dos casos en los que la imputación es penal, ambos de 2026 y relacionados con Palestina: el de Las cuatro de Valladolid que protestaron en la Vuelta Ciclista a España contra el equipo Israel Premier-Tech y el de Las 8 de Becerril que hicieron lo mismo en Becerril de la Sierra (Madrid). La represión penal de la protesta no se inicia con estos casos, pero sí suponen un hito importante. En ambos la protesta propalestina pasa de poder tener sanciones administrativas a penales. Además, en el caso de Valladolid, Fiscalía pide penas de cárcel altas y las encausadas podrían entrar en prisión por acciones de desobediencia civil no armadas, a pesar de no tener antecedentes.
El proceso de las 8 de Becerril sigue en fase de instrucción y la acusación viene por parte del Ministerio del Interior a través de la Guardia Civil. De momento, el juez lo está investigando. Dados los antecedentes de Valladolid, parece probable que se enfrenten a penas de cárcel.
Para John Barham la escalada de violencia del ICE en Estados Unidos ha llevado a un punto en el que la desafección social hacia el Gobierno de Trump es mayor que nunca. Aun así, es prudente: “Tenemos muy poca memoria, si la situación económica cambia y empieza a ir bien, igual se les olvida lo que es Trump”. Aun así, sí quiere destacar que la organización ciudadana está funcionando: “La gente junta actuando y luchando puede resistir, aquí lo están haciendo los vecinos. Estamos resistiendo a la ocupación federal”.
