Mientras los medios de comunicación y la clase política se empeñan en inflar el fantasma de la okupación, la realidad de la vivienda en Cantabria y en el resto del Estado es bien distinta. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Santander-Cantabria denuncia la manipulación del debate público: mientras los grandes titulares criminalizan a quienes buscan un techo donde vivir, miles de familias son expulsadas de sus casas por la especulación inmobiliaria y el descontrol de los precios del alquiler.
El «grave» problema de la vivienda en Cantabria no proviene de la okupación, sino de los niveles de alquiler inasumibles.
La PAH señala que el «grave» problema de la vivienda en Cantabria no es la okupación, sino los niveles de alquiler inasumibles. Menos del 0,0006% de las viviendas en el Estado están en procesos judiciales por okupación, y el 95% de esos casos afectan a inmuebles vacíos en manos de bancos y fondos buitre. En Cantabria, se estima que hay alrededor de 50.000 viviendas vacías frente a las 57 okupaciones registradas por el gobierno autonómico, que en su mayoría afectan a edificios abandonados con orden de derribo. Con casi 40 desahucios por cada caso de okupación denunciado, la falta de relación entre deshaucios y okupación es evidente.
A pesar de estas cifras, los titulares de prensa y voceros oficiales, continúan alarmando a la población con la ‘inquiokupación’, el supuesto peligro para la «seguridad» y la «usurpación» de viviendas, mientras ocultan las verdaderas causas de la crisis habitacional: la especulación inmobiliaria, la proliferación de viviendas turísticas (Cantabria es la tercera comunidad autónoma con más porcentaje de vivienda turística, solo superada por Baleares y Canarias) y la ausencia de una política efectiva de vivienda pública.
Las familias deben elegir entre pagar la renta o la comida
Para muchas familias, los alquileres son inasumibles. La precariedad obliga a elegir entre pagar el techo o la comida, mientras los jóvenes ven imposible su emancipación por los precios desorbitados. Frente a esta situación, numerosos colectivos llevan años exigiendo medidas como el control del precio del alquiler, la movilización de viviendas vacías y la regulación de la vivienda turística, que dispara los precios y vacía los barrios de su gente.
Sin embargo, el Gobierno de Cantabria sigue la hoja de ruta del capital. El consejero de Fomento y Vivienda, Roberto Media, ya ha dejado claro que la comunidad no aplicará la declaración de zonas tensionadas recogida en la Ley de Vivienda estatal. En su lugar, piden «más inversión» en vivienda pública, pero sin tocar los intereses de los grandes propietarios ni poner freno a la especulación.
El negocio de la vivienda sigue intacto mientras se criminaliza a quienes intentan sobrevivir. La narrativa del «okupa malo» no es más que una cortina de humo para desviar la atención de los verdaderos responsables de esta crisis: bancos, fondos de inversión y gobiernos cómplices que permiten que la vivienda, un derecho básico, siga siendo una mercancía. La solución no es más represión, sino organización y lucha para arrebatarles lo que nos pertenece.
