Mientras la maquinaria judicial y policial continúa al servicio de los intereses del Estado, las vecinas y vecinos demuestran una vez más que la organización popular es la única herramienta real para defender la vida. El pasado lunes 17 de marzo, el pueblo organizado consiguió parar el desahucio de David y su madre María Antonia, de 77 años, en Sancibrián (Santa Cruz de Bezana). Un ejemplo vivo de que solo el apoyo mutuo y la acción colectiva pueden frenar el despojo.
A primera hora, antes de que amaneciera, decenas de personas convocadas por la PAH y otros colectivos sociales ya estaban en el lugar, muchas de ellas después de pasar la noche resistiendo. Sabían que no podían confiar en ningún juez ni en la administración pública. Sabían que si no se plantaban allí juntas, la Guardia Civil echaría a esta familia a la calle sin contemplaciones.
El desahucio de María Antonia y David había sido señalado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU como una violación de derechos, al ejecutarse sin ofrecer ninguna alternativa habitacional. Pero la maquinaria judicial y policial del Estado español, lejos de respetar el dictamen internacional, llegó con un amplio dispositivo de la Guardia Civil y antidisturbios preparados para expulsarles por la fuerza. Fue la firmeza colectiva de quienes defendían la vivienda la que impidió el desalojo.
Este pequeño triunfo es solo un respiro. La amenaza sigue viva: la comitiva judicial se fue, pero volverá. Como ha ocurrido ya en tres intentos anteriores, el desahucio solo se ha suspendido, no se ha cancelado. La familia sigue pendiente de una alternativa habitacional que nunca llega porque el Estado abandona a quienes no encajan en los cálculos de su negocio inmobiliario.
Una lucha que se extiende a todo el territorio
Este desahucio parado no es un caso aislado, sino el reflejo de lo que ocurre a diario en todo el Estado. Según los datos publicados por el CGPJ y denunciados por la PAH de Santander en su último comunicado, 27.564 desahucios se ejecutaron en 2024, mientras 23.164 nuevas ejecuciones hipotecarias auguran un 2025 todavía más violento contra las familias trabajadoras. La especulación con el alquiler y la vivienda está destrozando vidas a un ritmo acelerado, y el Estado no solo lo permite, sino que lo garantiza.
Frente a esto, la única respuesta posible es la organización popular, la construcción de redes comunitarias que defiendan cada hogar, cada barrio, cada vida amenazada por la codicia de bancos, fondos buitre y rentistas de todo tipo.
El 5 de abril, todas a la calle
La PAH, junto a otros movimientos de vivienda, llama a movilizaciones en 24 ciudades el próximo 5 de abril. Pero sabemos que no basta con manifestarse un día. La defensa del derecho a la vivienda exige crear poder popular todos los días del año, con la ocupación y recuperación de viviendas vacías, la paralización de cada desahucio y la construcción de espacios de vida al margen del Estado y del mercado.
David y María Antonia no fueron expulsados porque su barrio, sus compañeras y compañeros, su gente, se plantó y resistió. Así se construye la verdadera alternativa: desde abajo y en común.
Frente al negocio de los desahucios, frente a la violencia del Estado y su aparato judicial y policial, solo nos queda el camino de la autodefensa y la solidaridad.
Nadie nos va a regalar el derecho a la vivienda. Lo construiremos con nuestras propias manos, en cada lucha, en cada barrio. Porque solo el pueblo salva al pueblo.
