La propuesta normativa del Ayuntamiento, amparada en la permisividad de la actual Ley del Suelo de Cantabria (LOTUCA 5/2022), amenaza con consolidar décadas de irregularidades urbanísticas en el litoral oriental, priorizando la propiedad privada sobre la integridad de los ecosistemas locales. Aunque presentada institucionalmente como un avance en la protección del territorio, la iniciativa nace rodeada de fuertes críticas por su incapacidad para afrontar el principal problema de fondo: las ilegalidades urbanísticas acumuladas durante años.
La gestión del territorio en Cantabria vuelve a anteponer los intereses desarrollistas y privados a los comunitarios y la preservación del medio natural. La tramitación de la Ordenanza Municipal de Protección del Suelo Rústico en Castro Urdiales ha levantado alarmas sobre lo que podría ser, en la práctica, una «amnistía encubierta» para las infracciones urbanísticas acumuladas durante décadas.
La organización conservacionista SEO/BirdLife ha señalado recientemente que el borrador de esta ordenanza no solo carece de un inventario exhaustivo de las edificaciones ya existentes en suelo no urbanizable, sino que podría abrir la puerta a la legalización de estructuras que se levantaron al margen de la norma. Una estrategia que sigue la misma inercia política que atraviesa gran parte de la región, donde el suelo rústico ha dejado de ser un espacio de valor ecológico y agrario para convertirse en un activo inmobiliario más.
En localidades como Oriñón, Islares, Sonabia o Sámano se ha disparado la construcción de «casetas de aperos» que con el tiempo terminan transformándose en viviendas de uso vacacional. Esta ocupación residencial encubierta ha fragmentado el territorio, deteriorado el paisaje y aumentado la presión sobre infraestructuras y servicios públicos.
La LOTUCA como marco de desprotección
La actual Ley 5/2022 de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, conocida como LOTUCA, es el instrumento que ha facilitado esta flexibilidad extrema, permitiendo adaptar la normativa a realidades de facto en lugar de corregirlas. Bajo el discurso de la «dinamización rural», el marco legal ha reducido mecanismos de control y ha consolidado un modelo de urbanismo disperso que fragmenta hábitats, privatiza el paisaje y debilita la disciplina urbanística.
Desde los movimientos de defensa del territorio se denuncia que «lo que se busca con esta ley es contentar los intereses caciquiles de las alcaldías que apuestan ciegamente por el modelo económico y desarrollista del turismo y cemento» a costa de la preservación de los suelos fértiles tipificados como suelo rústico.
El impacto en el litoral oriental
El municipio, marcado por su presión demográfica y su cercanía a Bizkaia, se ha convertido en un laboratorio histórico de desmanes urbanísticos. La denuncia de la organización ambientalista pone el acento en la falta de transparencia, la afección a la biodiversidad y la consolidación de ilegalidades. La zona oriental alberga ecosistemas litorales y de montaña que se ven directamente amenazados por la antropización descontrolada. El suelo rústico constituye una infraestructura verde clave que garantiza conectividad ecológica, recarga hídrica, regulación climática local y resiliencia alimentaria. Su ocupación irregular no solo degrada el paisaje, sino que compromete funciones ecosistémicas esenciales para el equilibrio territorial. La ausencia de un censo de viviendas en suelo rústico impide, además, conocer la magnitud real de la degradación.
La ordenanza de Castro es, en última instancia, una decisión política sobre quién tiene derecho a decidir el destino del territorio. Mientras las instituciones presentan los cambios como «seguridad jurídica», para los movimientos de defensa de la tierra representan una nueva ofensiva contra un patrimonio colectivo que, una vez fragmentado y hormigonado, resulta irrecuperable. Sin una actuación decidida frente a las ilegalidades existentes, advierten, no habrá verdadera protección del territorio, sino su normalización definitiva.
