Información extraída de Huellas Cantabria
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha rechazado aplicar medidas cautelares que habrían paralizado temporalmente la matanza de lobos en la comunidad, en el marco del recurso presentado por Ecologistas en Acción Cantabria y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica. Tal y como difunde Huellas Cantabria en sus redes, el recurso impugna la resolución de la Consejería de Medio Rural del pasado 2 de abril, que autoriza la extracción de hasta 41 ejemplares en los próximos dos años.
La decisión del tribunal cántabro llega poco después de que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia haya decidido lo contrario: suspender cautelarmente la caza del lobo en aquella comunidad, al considerar que los daños al sector ganadero no justifican el sacrificio de una especie clave en la biodiversidad.
Dicha decisión se suma a la exclusión del lobo del LESPRE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial). Esta retirada fue introducida por PP y Vox como disposición adicional en la Ley 1/2025 de prevención del desperdicio alimentario, una maniobra que ha sido tachada de “ilegal y torticera” por organizaciones ecologistas. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Defensor del Pueblo, que cuestiona precisamente esa modificación legislativa por vulnerar derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva y la protección del medio ambiente.
Tal y como informan organizaciones ecologistas, la Consejería de Medio Rural de Cantabria sostiene que existen más de 200 lobos en la comunidad, basando sus cálculos en 23 manadas multiplicadas por una supuesta media de 9 individuos. Sin embargo, toda la literatura científica apunta a que en la Cornisa Cantábrica las manadas apenas superan los 5 ejemplares de media. Además, nueve de esas manadas comparten territorio con Asturias y Castilla y León, por lo que no pueden considerarse enteramente cántabras.
Esta estimación interesada permite a la Consejería justificar la eliminación del 20% de la población lobera regional, en aplicación de una norma autonómica. A juicio de las organizaciones recurrentes (Ecologistas en Acción Cantabria, Federación DEAN, Verdes EQUO Cantabria)se trata de una maniobra para “legitimar la eliminación masiva de ejemplares sin respaldo legal, ni científico, ni ético”. Matar 41 lobos supone, según los cálculos científicos eliminar casi el 50% de los lobos de Cantabria, un daño, sin duda irreparable para una especie en estado de conservación desfavorable.
Según el último Censo Nacional de la especie (realizado con datos remitidos por las propias CCAA), el crecimiento de la población lobuna entre 2015 y 2025 ha sido apenas del 1% anual, contando en la actualidad con unas 333 manadas en toda España, muy lejos de las 500 manadas que los expertos consideran el mínimo para garantizar la viabilidad futura de la especie.
La situación se agrava al conocerse que el último informe sexenal que España remitirá a la Comisión Europea —elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica— reafirma el estado de conservación desfavorable del lobo a nivel estatal, Cantabria incluida, en consonancia con las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En ellas se prohíbe expresamente autorizar cupos de muerte cuando no se ha demostrado una recuperación suficiente de la especie.
Hay que recordar que la sentencia de julio de 2024 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que no puede determinarse si el lobo está en situación favorable o desfavorable atendiendo los datos de una región en concreto, sino que debe considerarse la totalidad del territorio de la especie, cosa que ha soslayado el Gobierno de Cantabria.
Mientras se esperan pronunciamientos de mayor calado, la actitud del Gobierno de Cantabria parece más alineada con una política de exterminio apresurado que con una estrategia de conservación responsable, con el objetivo de obtener réditos políticos a corto plazo
