“Algunas de las restricciones que pesan actualmente sobre la prostitución son simplemente una extensión y subrayado de las que pesan tradicionalmente sobre todas las mujeres. La
aplicación de la violencia legitimada socialmente, las limitaciones de los derechos de
propiedad y libre desplazamiento, la falta de derechos de tutela sobre los hijos, el control
externo de su conducta y de su salud por su propio bien y la asignación de indefensión,
dependencia emocional e inmadurez, son todos ámbitos en los que las mujeres como grupo
han tenido que batallar para lograr el reconocimiento de sus derechos, y en los que las
prostitutas permanecen discriminadas.”
Dolores Juliano
En España, la prostitución no es ilegal. Este dato, aparentemente simple, encierra una
contradicción que el ordenamiento jurídico lleva décadas negándose a resolver. No es ilegal
ejercerla, pero tampoco está reconocida como trabajo. Se tolera en los márgenes, se
invisibiliza en el centro, y quienes la ejercen pagan el precio de esa ambigüedad con su
seguridad, su salud y sus derechos.
Cualquier persona en situación administrativa regular puede darse de alta como autónoma
para ejercer el trabajo sexual. Sobre el papel, existe esa vía. En la práctica, es un camino
estrecho que excluye a la mayoría: a las migrantes en situación administrativa irregular, que
son precisamente quienes más necesitan un marco legal que las proteja; a quienes no
tienen ingresos estables suficientes para afrontar la cuota; y a todas las que trabajan en
relación de dependencia, para quienes los empresarios ya utilizan la figura de la falsa
autónoma como coartada. Este régimen se desentiende de quienes más lo necesitan y deja
fuera a las más vulnerables. El régimen de autónomas no es una solución, es una salida de
emergencia mal señalizada.
El Código Civil añade otra capa al problema. Sus artículos 1.271 y 1.275 excluyen de
contrato todo aquello contrario a las leyes o a “las buenas costumbres”. La prostitución no
es ilegal, pero choca con la moral. Ahí está la clave: no es un problema jurídico, es un
problema moral. Y una moral, conviene decirlo sin rodeos, de raíz profundamente católica.
Porque cabe preguntarse: ¿por qué es más digno trabajar en una cadena de montaje que
ser trabajadora sexual? ¿Qué hace al sexo tan sagrado que los cuerpos feminizados no
puedan generar los mismos derechos que unas manos? El trabajo sexual no es exclusivo
de mujeres cis: lo ejercen también mujeres trans, hombres —incluidos hombres gais—,
personas no binarias y demás cuerpos feminizados. Lo que tienen en común no es la
anatomía sino la misma exclusión: sus cuerpos se toleran en lo privado y se persiguen en lo
público. Unas manos que trabajan se ven, se respetan, se sindicalizan. Un cuerpo
feminizado que trabaja sexualmente se esconde, se sanciona, se moraliza. A quien no se le
reconoce dignidad estará por lo tanto excluida de ser reconocida como alguien con
capacidad de agencia —lo cual no solo podría suponer un caso de paternalismo jurídico
contraproducente, sino también de trato discriminatorio. Eso no es feminismo, es herencia
del nacional-catolicismo reconvertida en política pública.
El Código Penal complica aún más el panorama con el delito de proxenetismo, cuya
definición de “explotar” sigue sin estar suficientemente determinada. La distinción entre
explotación y mero lucro es fundamental: garantizar derechos no es lo mismo que explotar.
De hecho, si se hiciese una interpretación amplia del término, pudiera incluso considerarse
a la propia Administración como proxeneta, ya que al menos indirectamente se termina
lucrando de los impuestos que recauda en los establecimientos donde se ejerce la
prostitución. Un sector de la doctrina jurídica sostiene que la prostitución por cuenta ajena
podría encuadrarse en el artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores como Relación Laboral
de Carácter Especial, igual que la minería o el deporte profesional. Una regulación
construida con las propias trabajadoras, que limite el poder empresarial al máximo, que
garantice autonomía absoluta sobre las condiciones del servicio —ni qué servicios realiza,
ni de qué forma, ni con qué clientes—, y que establezca jornada, retribución, causas de
despido y jubilación anticipada. No es una utopía: es lo que ya existe para otros trabajos
que el legislador consideró suficientemente especiales como para merecer un marco propio.
Mientras ese reconocimiento no llega, la Ley de Seguridad Ciudadana —la ley mordaza—
actúa como mecanismo de control territorial. Las expulsa de los centros urbanos, las
empuja a las afueras, a los márgenes donde no hay luz, no hay testigos, no hay red. La
misma lógica que persigue a migrantes sin papeles en la calle: se tolera que estén, mientras
no se vean. Es lo que desde la teoría política se llama higienización del espacio público:
limpiar la ciudad de aquello que incomoda, no resolverlo. La misma ley les impide
anunciarse con normalidad, lo que las empuja a plataformas alternativas donde el
capitalismo cobra peaje: más clandestinidad, precios más altos, menos seguridad. A más
clandestinidad, menos derechos. Es una ecuación tan sencilla como cruel.
El PSOE, por un lado, tuvo la oportunidad de romper esa lógica. El anteproyecto de ley que
presentó hace poco más de un año recuperaba la tercería locativa —la imposibilidad de que
alguien ceda un espacio para el ejercicio del trabajo sexual— como herramienta reguladora
usada durante la dictadura. Fracasó. Su fracaso parlamentario evitó reintroducir una figura
típica de los países abolicionistas donde las trabajadoras quedan condenadas al estigma y
a la clandestinidad. Por otro lado, mientras expulsaban a las trabajadoras de los núcleos
urbanos a la clandestinidad, han permitido desde la institución una estrategia empresarial —
y capitalista— a costa de la precariedad de las trabajadoras sexuales. En Andalucía, en los
años de gobierno del PSOE, bajo licencias municipales de hostelería y espectáculos, han
operado clubes de alterne donde la explotación laboral y las condiciones de esclavitud han
sido lo habitual, especialmente para las migrantes en situación administrativa irregular. No
es un dato menor viniendo de un partido que lleva años apropiándose del lenguaje
feminista. El autodenominado gobierno más feminista de la historia ha condenado a muchas
mujeres y cuerpos feminizados a la exclusión jurídica, la precariedad y la esclavitud. Eso es
violencia institucional.
Es 1 de mayo, y hay una conversación que el movimiento obrero sigue evitando. CCOO y
UGT han derramado sangre —en sentido literal y figurado— para arrancar derechos en
fábricas, oficinas, campos y hospitales. Saben mejor que nadie lo que cuesta cada
conquista laboral, lo que significa que alguien te mire y decida que tu trabajo no cuenta. Lo
saben, y aun así se niegan a reconocer el trabajo sexual como trabajo. La incoherencia es
tan grande que merece nombrarse sin eufemismos: en un sistema capitalista en el que cada
persona vende su fuerza de trabajo para sobrevivir, ¿qué criterio determina qué fuerzas de
trabajo merecen derechos y cuáles no? ¿El tipo de esfuerzo? ¿El grado de dignidad que le
atribuimos desde fuera? ¿La moral sexual heredada de una Iglesia que lleva siglos
decidiendo qué hacemos con nuestros cuerpos?
El término “trabajadora sexual” no lo inventó ninguna académica: lo acuñó Carol Leigh,
activista y trabajadora sexual, a finales de los años setenta, en una autodefinición anterior a
la noción académica de “prostituidas”. Lo hizo para nombrar la agencia, para reclamar un
lugar en el espacio feminista en igualdad, para reunir bajo un mismo paraguas todas las
formas de trabajo sexual: prostitución, pornografía, striptease, masaje erótico, asistencia
sexual. Trabajo sexual es trabajo. Y trabajo sexual es, también, una identidad política.
Trata y trabajo sexual no son lo mismo. Confundirlos —deliberadamente o por desidia— no
protege a las víctimas de trata: las desprotege, porque borra las diferencias que permitirían
intervenir de forma eficaz. Lo que no es consentido, lo que involucra menores, lo que se
ejerce bajo coacción: eso es violencia, y tiene que tener sanción penal. Lo que es
intercambio consensuado entre personas adultas es otra cosa, y merece otro marco.
Porque nadie vive mejor sin derechos.
Dar derechos a quienes no los tienen nunca ha perjudicado a nadie. Nunca. Lo que
perjudica es seguir mirando hacia otro lado mientras personas trabajan sin red, sin contrato,
sin sindicato y sin que nadie salga a la calle por y con ellas el primero de mayo.
