El anteproyecto de ley de vivienda de Cantabria, un documento ideológico para proteger a rentistas y especuladores
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Este año 2025 sigue marcando la tónica en Cantabria de una desproporción clara entre los muchos más lanzamientos por desahucio que los verbales por ocupación ilegal. Tal y como informa periódicamente el medio Elfaradio, «Los Juzgados de Primera Instancia registraron en el primer trimestre de 2025 2 demandas de verbales posesorios por ocupación ilegal de vivienda frente a 7 de un año antes, lo que supone un descenso del 74,4 por ciento. A nivel nacional, este tipo de demandas fueron más: un 5,2 por ciento. Si se analiza este parámetro en relación a la población, se observa que la tasa de demandas por ocupación ilegal de vivienda por cada 100.000 habitantes se sitúa en Cantabria en 0,3, inferior a la media nacional (1,2).»
Sin embargo, el anteproyecto de ley de Cantabria, que acaba de salir recientemente el 29 de mayo en periodo de audiencia e información pública hasta el 30 de junio, apunta directamente, en una clara ofensiva para la gente pobre, a la ocupación de viviendas abandonadas y los impagos de alquiler, cuestiones distintas aunque la campaña mediática de los últimos años haya conseguido meterlas en un mismo pack. Dicho anteproyecto de ley apuntala claramente los intereses del rentismo, en su versión macro o popular, es decir, grandes y pequeños propietarios, así como a caseros y especuladores. Prueba de ello es que entre las medidas, hay un importante protagonismo de las dedicadas a combatir la «okupación ilegal» y la «inquiocupación». Entre las mismas se encuentra la creación de una oficina de Oficina de Apoyo a Víctimas de estos dos anteriores conceptos nombrados que manejan. Es decir, una clara imitación del programa de Ayuso en la comunidad de Madrid que, en vistas de la poca utilidad que ha tenido para la población, sólo responde a una medida de marketing político, en este caso del partido popular. Precisamente por tratarse de una medida a nuestro modo de entender más publicitaria que otra cosa, no debería preocupar tanto. Lo que sí resulta más grave y amenazante para las clases populares es lo siguiente;
«El texto recoge también la intervención de los ayuntamientos, a través de la policía local, en casos de ocupación flagrante, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En caso de ocupación flagrante, la policía local podrá, en el ámbito de sus competencias, proceder al desalojo inmediato de los ocupantes, siempre respetando los procedimientos legales existentes.»
Si seguimos leyendo aún empeora más. La guerra contra los pobres se aclara en la siguiente medida;
«las personas contra las que, en los últimos cinco años, se hubiera dictado alguna resolución judicial o administrativa por motivo de la ocupación ilegal de un inmueble, no podrán ser beneficiaras de ninguna de las ayudas o programas previstos en esta Ley.»
Bromas a parte, el endurecimiento de las condiciones para hacer de un lugar vacío un techo donde poder cubrir una necesidad vital o un derecho constitucional no reconocido, si preferís, se hace cada vez más dificil, teniendo referentes aún peores en la Italia gobernada por Meloni. Nadie ocupa por ocio y placer, sino por necesidad material o convicción política. Dicho anteproyecto de ley, un documento claramente ideológico y político, está escrito para proteger a gente que le importa bastante poco la justicia social. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Hagamos algo de memoria reciente.
Desde 2020 asistimos a una campaña mediática sin precedentes en relación a «los okupas» a pesar de su escasa y anecdóctica incidencia. Desde entonces, esta campaña basada en criminalizar a las personas que ocupan, que ya ha logrado convencer a una importante parte de la opinión pública a golpe de titulares falsos, o simplones y amarillistas en el mejor de los casos, ha recibido una respuesta desde los movimientos sociales centrada generalmente en señalar los bulos, disputar los datos, visibilizar la desproporción del trato mediático, así como vincular los intereses de bancos, fondos de inversión etc en el trato sesgadamente interesado hacia la demonización de quienes viven ocupando. Sin embargo pocos artículos han hecho hincapié, como ya señalamos hace tiempo en otro número, sobre la necesidad de pensar en qué pasaría si la ocupación en efecto fuera abundante, multitudinaria y amplia. ¿Para quién sería un problema?.
En ese año, 2020, se publicaba un texto llamado «Okupación; el fantasma de sobremesa» de Ana Coluta. El mismo, de los pocos que han ido más allá en la crítica a la campaña mediática contra la ocupación, comienza con estas palabras
«La reciente campaña mediática contra la ocupación de viviendas no ha sido la primera, pero si una de las mas intensas de los últimos tiempos. Su lanzamiento, en vísperas de un probable recrudecimiento del conflicto por la vivienda, no parece casual. La crisis económica y sanitaria ha puesto en alerta a los sectores implicados, y este parece un primer movimiento de una parte. Esta campaña está empezando a tener respuestas, sobretodo en forma de artículos y en redes sociales. En estas respuestas, se ha denunciado que el fenómeno de la ocupación de casas está menos extendido de lo que los medios sugieren con tono alarmista. Los datos y las estadísticas refuerzan esta denuncia. Además se ha criticado, con razón, que se está confundiendo intencionadamente okupación con allanamiento de morada. Por último, se ha tratado de centrar de nuevo el debate sobre el problema del acceso a la vivienda, que es la causa primera que provoca la ocupación de propiedades.»
«La situación de calma tensa que vivimos, parece la antesala de una mayor conflictividad social, también en torno al tema que tratamos. Por eso las respuestas defensivas son imprescindibles, pero convendría tratar de ir un poco más allá y retomar la iniciativa en el conflicto, para eso puede ser útil examinar aspectos menos visibles o menos explorados. Además, frente a campañas de este tipo, los datos y las estadísticas suelen ser útiles solo a medias, porque de lo que se trata en este caso es de si ocupar viviendas y locales es legítimo o no.»
Os invitamos a releer el artículo de Ana Coluta y sacar vuestras propias conclusiones
