Nos encontramos en un momento clave para la educación, que sobrepasa las discusiones sobre métodos y curriculums y se centra en un cambio total de paradigma sobre qué entendemos por educación y sobre la función de la escuela dentro de la sociedad.
La nueva situación de la educación es muy distinta de la que se vivió tras la dictadura. Con la democracia se construyó una educación pública con la participación activa del profesorado, y con el estímulo y el apoyo de los poderes públicos. Una escuela que tuvo como reto la igualdad de oportunidades, la democratización de los centros y las buenas prácticas profesionales. Ello dio sus frutos y, por primera vez en mucho tiempo, las clases populares accedieron a la universidad. Pero hoy se ha iniciado una política antisocial en el sistema educativo, en contra del profesorado y dirigida a que la educación sirva a los poderes económicos.
Partíamos de un viejo paradigma, que considera la educación un derecho universal y un bien público que la administración debe garantizar en condiciones de calidad y de igualdad, y un factor de desarrollo personal, de emancipación social y una de las herramientas para hacer posible una sociedad cohesionada, inclusiva y justa. Este modelo busca los contenidos, valores y metodologías que mejor pueden ayudar a una educación global y que puedan compensar el desigual capital cultural y social con el que el alumnado llega a la escuela. Por este modelo luchamos durante la transición y habíamos avanzado mucho.
Pero llegaron los vientos neoliberales y los gobiernos (central y autonómicos) cambiaron el paradigma e impusieron un nuevo modelo que se deriva de la progresiva imposición del neoliberalismo a escala mundial, avalado por las directrices de los organismos supranacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio, Unión Europea…). Este modelo parte de la educación como un bien individual cuyo valor es básicamente económico y, por lo tanto, debe estar sujeto a las leyes del mercado como cualquier otra mercancía.
La educación pasa así a estar al servicio de la economía en su doble vertiente: por un lado, debe ser «adaptada» a las necesidades de las empresas y del mundo laboral y, por otro, debe ser «rentable», gestionada con criterios empresariales y ser susceptible de negocio privado. El Estado entonces ya no debe garantizar el derecho a la cultura y a la formación, sino que son los individuos los que deben «invertir» en educación, con lo que los «educandos» o sus familias se convierten en «clientes», con derecho a elegir y a exigir resultados que rentabilicen su «inversión». Los educadores, a su vez, pasan a ser meros trabajadores al servicio de las demandas del mercado, que se limitan a implementar currículums y metodologías que los «expertos» decidieron y que los nuevos gestores de los centros llevan a la práctica de forma «eficaz»: más resultados con menos recursos.
El neoliberalismo organiza la educación
La OMC preconiza la liberalización de este servicio. El Banco Mundial recomienda la privatización y la gestión empresarial de los centros educativos, la competitividad entre las escuelas, la imposición de unas «competencias básicas» que orienten los contenidos de la educación a nivel mundial adecuándolos a las necesidades de los puestos de trabajo, una disminución del gasto público destinado a educación y un aumento del financiamiento individual. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) propaga también políticas educativas al servicio de la economía, como los famosos informes PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes). Los resultados de estos informes acaban decidiendo qué es calidad, orientando los currículos (todos los países desean adelantar puestos en el ránking) e imponiendo unos aprendizajes coincidentes con lo que PISA evaluará.
La UE marca estas directrices: «Los ministros de Educación apuestan por combinar una mejor formación de los profesores, sistemas más exigentes de evaluación de su rendimiento y la creación de nuevos incentivos profesionales.» (Bruselas, 23/09/2009).
Las nuevas directrices neoliberales en educación se están implantando en todo el Estado español. La LOE (Ley Orgánica de Educación 2/2006) ya impuso las nuevas pautas y las autonomías han hecho el resto. Las fórmulas son iguales para todos los territorios: «consolidación y ampliación de los centros privados-concertados», «autonomía de centros», «direcciones profesionalizadas», «organización jerárquica en los centros públicos», «evaluación externa», «incentivos por resultados», «precarización y desregulación laboral del profesorado», «privatización y externalización de los servicios educativos». Medidas que tienen como objetivo poner la educación bajo las leyes del mercado y así favorecer las empresas privadas.
Privatización
La privatización es uno de los elementos básicos del nuevo modelo. Se concreta en la consolidación y ampliación de la doble red, con un aumento de los centros concertados, de los niveles educativos que reciben subvención pública en centros privados y de las cantidades dedicadas a la concertación. Ello sin una normativa clara ni medidas eficientes para que los centros privados que reciben financiación pública cumplan con sus obligaciones de gratuidad, de no selección del alumnado, de subsidiariedad con la pública y de laicidad. En realidad, los concertados siguen aumentando, continúan cobrando cuotas a los padres y madres y seleccionando al alumnado y tienen mayoritariamente un ideario religioso. ¿El resultado? Más dinero público gestionado por patronales privadas, una mayor fractura social (de clase social y de origen cultural) del alumnado entre centros públicos y privados concertados y un control ideológico por parte de los centros religiosos de muchos de nuestros jóvenes.
Por otro lado, aumenta la privatización y externalización de los servicios educativos (comedores, transporte, limpieza, evaluación, formación, etc.), así como algunos tramos educativos (educación de cero a tres años, de personas adultas, Formación Profesional, educación on-line, etc.).
Autonomía de centros
La «autonomía» se ha convertido en la nueva «fórmula mágica» para resolver todos los problemas. Se modifica de raíz el significado que durante mucho tiempo tuvo esta palabra. La autonomía aplicada a los centros educativos se generalizó con la llegada de la LOGSE (Ley de Orientación General del Sistema Educativo, 1/1990), ligada a la innovación pedagógica, a la adaptación del proceso de aprendizaje a los ritmos diferentes del alumnado y a la comprensividad de la ESO. Era una autonomía ejercida por el profesorado, con un funcionamiento democrático del claustro y la participación de familias, alumnado y personal no docente, dentro de los Consejos Escolares.
Pero lo que tenía que ser un instrumento en manos de profesorado para mejorar la educación se ha convertido en una imposición desde afuera y desde arriba. Las administraciones imponen, con fórmulas jerarquizadas, no democráticas ni participativas. Esta nueva aplicación de la autonomía va ligada a los Proyectos de Centros, a la evaluación de los resultados y a comparar los centros según sus resultados, lo que implica suministrar información para que los padres y madres puedan elegir con conocimiento de causa. La autonomía debe servir también para adaptarse con mayor rapidez a las nuevas demandas del mercado laboral.
Por otro lado, esta nueva manera de concebir la autonomía implica el traspaso de responsabilidades desde la administración hacia el profesorado. Los resultados, entonces, ya no son responsabilidad del sistema ni de la administración, sino del centro. Ello exime al Estado de su obligación de suministrar los recursos necesarios y garantizar la calidad, y deja en manos de los «gestores educativos» la responsabilidad de dar una educación de calidad.
Gestión autoritaria
Para implementar esta autonomía se propone reforzar la autoridad y las funciones de las direcciones para que puedan tomar decisiones en la gestión al margen del profesorado, de las asociaciones de padres y de los consejos escolares. Una gestión en la que las direcciones desempeñarán funciones propias de la patronal supondrá avanzar hacia un modelo autoritario, que eliminará la participación y la capacidad de decisión de la comunidad educativa en la gestión de los centros y dificultará el trabajo en equipo que garantiza el buen funcionamiento de un centro. Caminar hacia ese sistema acabará con su gestión democrática y atomizará su capacidad de resistencia.
Evaluación e incentivos
Pretenden «rentabilizar» la educación y para ello es necesario «incentivar» al profesorado en función del resultado de los alumnos. De ello se han hecho diversos intentos en distintas comunidades. En Andalucía, el Plan de Calidad pretendía aumentar el número de aprobados a cambio de hasta 7.000 euros por docente. La mayoría del profesorado lo rechazó y fue un fracaso. En Asturias se implementó el Plan de Evaluación docente con una gran resistencia del profesorado. En Cataluña, la LEC (Llei d’Educació de Catalunya) liga la carrera docente a los resultados del alumnado.
Las evaluaciones son positivas y necesarias, pero siempre y cuando se evalúe para mejorar, no para clasificar o penalizar. Deben ser colectivas y deben servir para mejorar las estrategias, pero no estar vinculadas a incentivos individuales del profesorado.
La crisis global
Por si fuera poco, llegó la crisis, producida por la codicia de bancos, financieras y especuladores, con el beneplácito de nuestros gobernantes. Y los mismos que la produjeron han decidido que quienes van a pagar los platos rotos van a ser las propias víctimas: los trabajadores y trabajadoras.
En educación asistimos ya a las nuevas medidas de los gobiernos central y autonómicos: recorte de plantillas y presupuestos, más alumnos por aula, menos profesorado para atender la diversidad, más precariedad laboral para interinos y substitutos y, junto a ello, un recorte del salario de los docentes del cinco al siete por ciento. La crisis ha servido como excusa para completar las medidas neoliberales en educación: menores presupuestos públicos y peores condiciones laborales.
Resistencia y lucha
Frente a estas medidas ha habido resistencia y lucha por parte del profesorado. Éstas han sido desiguales en los distintos territorios, como desigual ha sido también la actitud de los sindicatos mayoritarios. En Cataluña es donde la contestación ha sido más importante: cuatro huelgas del profesorado de la educación pública, manifestaciones masivas con participación de toda la comunidad educativa y un sinfín de concentraciones locales en contra de la LEC y sus decretos.
En otros territorios se han movilizado en contra de las nuevas medidas: concentraciones en Extremadura contra la nueva Ley Extremeña de Educación; huelga y manifestaciones en Asturias para la retirada del plan de evaluación docente; boicot en Andalucía al Plan de Calidad de la nueva Ley de Educación andaluza (LEA) y rechazo a los cambios que la Consejería de Educación pretende hacer en los Reglamentos Orgánicos; protesta en Mallorca por la Ley de Autoridad del Profesorado; protestas en la Comunitat Valenciana por falta de recursos; oposición en La Rioja por las ayudas al bachillerato privado… Son algunos ejemplos.
Están empezando además en todas partes movilizaciones contra los recortes de plantillas y la disminución de los sueldos. La lucha para detener la consolidación del nuevo modelo autoritario y privatizador y para recuperar las dignas condiciones de trabajo será larga.
Una lucha de todas y todos Una cuestión fundamental es si la sociedad es consciente de la importancia que tiene el tipo de educación del cual nos dotemos, de la importancia de una educación pública y mayoritaria para la cohesión social, para el desarrollo económico y para la mejora de las relaciones sociales. Una sociedad dividida, con guetos y exclusiones, una sociedad que no puede ofrecer una educación de calidad a todos, que no puede ofrecer una educación en valores positivos (de solidaridad en vez de individualismo y competitividad) para todos sus niños/as y jóvenes, está destinada a la inestabilidad, al aumento de la violencia y a la confrontación social.
Es imprescindible que el debate sobre la educación traspase los muros de las escuelas y llegue a todos los sectores sociales. Que se pueda debatir hacia dónde debe avanzar la educación en este país.
Este artículo ha sido publicado en el nº 44 de la Revista Pueblos, septiembre de 2010.
