A finales de febrero el mundo docente se vio sacudido por la noticia de que el equipo directivo del IES La Morería de Mislata (Valencia) dimitía por la falta de recursos y de respuesta administrativa ante los quince procedimientos activos en el centro (de sus 550 estudiantes) por conductas suicidas o autolesivas. Esta situación se está viviendo en muchos centros educativos que se encuentran indefensos ante la falta de recursos humanos y materiales para esta creciente problemática que tiene de fondo dar amparo y sostén a la infancia y adolescencia. De no hacerlo, estaríamos condenando a las personas jóvenes a “sufrir las consecuencias durante la edad adulta, viéndose la salud física y mental de la persona perjudicada y restringiéndose sus posibilidades de llevar una vida plena en el futuro”, como explica la Organización Mundial de la Salud.
“En primer lugar”, aclara Marta García del Rey (psicóloga clínica en una Unidad de Salud Mental Comunitaria en Andalucía), “es importante reflexionar sobre el contexto y las dos crisis que nos vienen atravesando en estos últimos años: la económica de 2008 y la sociosanitaria de 2020-2021. Ambas han aumentado la pobreza y las desigualdades sociales de la población y, por tanto, los problemas de salud, entre ellos los de salud mental”. Estas crisis, que han golpeado con fuerza a la población general, se hacen todavía más evidentes en las personas jóvenes, que viven inmersas en la desesperanza ante una crisis económica permanente y una crisis climática que están dinamitando sus futuros.
Desde 2019, el suicidio es la principal causa de muerte de jóvenes en nuestro país y, según el Instituto Nacional de Estadística, los casos siguen creciendo. De enero a junio de 2022 hubo 2.015 suicidios, un 5 por ciento más que el mismo semestre del año anterior. A esto habría que añadir las tentativas y las ideaciones suicidas, cuya ratio se situaría en unos 20 intentos por cada suicidio efectivo (datos de la OMS).
Silvia Hurtado de Mendoza Acosta es orientadora escolar y lleva 25 años trabajando en la educación pública en distintas zonas y diez en el IES Cantely de Dos Hermanas (Sevilla): “Antes no nos encontrábamos prácticamente con casos de ideaciones suicidas o autolesiones, eran situaciones muy aisladas y casi inexistentes. Ahora cada año veo a los adolescentes peor y los datos están ahí: derivaciones a centros de salud disparadas, el volumen de alumnado con asistencia psicológica aumentando muy rápidamente y la creación de nuevas figuras como la coordinación de bienestar y protección en la comunidad escolar”. En abril de 2022 se aprueba en el Congreso de los Diputados la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia, lo que ha repercutido en la implantación este curso 22/23 de este nuevo rol educativo que tiene como objetivo principal la “prevención, detección y protección del alumnado frente a la violencia”. Una figura que, según los sindicatos, a muchas Comunidades Autónomas llega sin la dotación correspondiente de recursos personales, materiales, temporales o de formación.
Otra de estas figuras es la de la enfermera referente escolar, que en Andalucía se creó a partir de la Covid-19 para que sirviese como enlace entre los centros de salud y los centros educativos. Una de estas enfermeras es Mª Ángeles Roncero del Pino, que atiende a nueve centros en la zona de Dos Hermanas: “La situación actual en materia de ideaciones suicidas o autolesiones es abrumadora. Cada día me encuentro con nuevos casos”.
Según Hurtado de Mendoza, “lo que hay en el centro es el reflejo de cómo está la sociedad en general. No solamente se está disparando la demanda de atención en salud mental en los jóvenes, sino también en los adultos”. Unas demandas que nuestro Sistema de Salud no puede atender, debido según García “a que no ha habido una buena gestión, previsión y planificación de los recursos. Se han creado pocas plazas de Psicólogo Interno Residente (PIR) y se están jubilando muchas compañeras y compañeros, lo que hace que muchas plazas de Psicología Clínica no se estén cubriendo. Además de la escasez de recursos, los cambios de profesionales son cada vez más frecuentes debido a que no se facilita la continuidad.”
Más ansiedad y adicciones, consecuencias de la pandemia
La Fundación ANAR (Ayuda a niños y adolescentes) constata en su Estudio sobre Conducta Suicida y Salud Mental en la Infancia y la Adolescencia en España que existe un determinado perfil de riesgo a la hora de presentar conductas suicidas: mujer joven (13-17 años) procedente de una familia migrante, con historial de autolesiones y que ha sufrido abuso sexual. Entre los menores de 12 años destaca el acoso escolar como factor principal. Asimismo, las personas con discapacidad y aquellas pertenecientes al colectivo LGTBIQA+ son más propensas a presentar estas actitudes ya que están expuestas a más discriminación y exclusión social.
Según dicho estudio, la crisis de la Covid-19 ha influido en el aumento de conductas suicidas entre las personas jóvenes debido a ciertos determinantes psicosociales: el hacinamiento, el empobrecimiento de las familias y el empeoramiento de las condiciones laborales, los problemas de salud, la violencia familiar, el abuso de las tecnologías, las dificultades de acceso a la salud mental, los duelos y la imposibilidad de celebrar rituales de despedida, la falta de ejercicio físico al aire libre o el aislamiento social debido al cierre de centros educativos y la imposibilidad de interactuar y jugar entre iguales. A este respecto, García recuerda que “la adolescencia es un periodo evolutivo de mucha vulnerabilidad, un momento de crisis, donde el sujeto empieza a diferenciarse, y donde son muy relevantes los vínculos con los iguales. El confinamiento ha supuesto que el menor esté más presente en el domicilio familiar lo que ha dificultado que se creen espacios que promuevan la autonomía y de intimidad”.
Junto con las familias, los centros educativos son el segundo agente de socialización y un espacio donde desarrollarse plenamente y donde se promuevan la autoestima y el bienestar. En definitiva, un espacio donde las personas se sientan acompañadas y valoradas, más allá de la transmisión de unos conocimientos concretos. O al menos debería encaminarse a ello. Es por esto por lo que juegan un papel fundamental en la prevención y detección de intentos de autolisis y autolesiones, así como en la salud mental y el bienestar del alumnado en general.
“Aunque no quieras verlo, es imposible. El profesorado está cada vez más sensibilizado con las necesidades afectivas del alumnado. El alumnado está esperando que les veamos, que les miremos”, asegura Hurtado de Mendoza. Pero, realmente, ¿qué puede hacer el profesorado? ¿Qué factores de protección se pueden promover desde las instituciones educativas? “La clave podría estar”, responde García, “en comprender qué le ha pasado y qué le está pasando a esta persona para realizar este tipo de conductas, a lo cual no se puede acceder, no se revela, si el o la menor no tiene un vínculo seguro con la persona docente. Para ello es fundamental crear un espacio de confianza para acompañar y sostener, estando presentes y accesibles”. García plantea la “creación de espacios de cuidado para las docentes, en los que se pueda hablar de estas situaciones tan complicadas, ya que una persona a nivel individual no puede sostener si no es sostenida por un equipo”. Además, la especialista insiste en que sería fundamental “incluir a las familias y trabajar de manera coordinada con ellas, así como con Atención Primaria y Salud Mental para dar un abordaje integral a esta problemática”.
Por su parte, Roncero recomienda hablar con el alumnado, “ofrecerles el apoyo, el desahogo, estar ahí, mostrarse disponibles y confiables para que sepan a quién recurrir si se encuentran peor”. Además, considera absolutamente esenciales la formación que se realiza en la comunidad educativa en cuanto a diversidad sexual y de género, relaciones de pareja, hábitos de vida saludables, promoción de la autoestima, prevención de los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), sostenibilidad, educación sexual, buen uso de las redes sociales, interculturalidad… “Ahora tienen referentes, se nombra”, señala.
El buen hacer del profesorado y los talleres puntuales no pueden ser, sin embargo, las únicas claves. Los centros educativos se enfrentan a muchas limitaciones a la hora de atender la salud mental de su alumnado. “Aparte de los recursos personales (escasez y falta de personal) y materiales, también estaría la necesidad de tener una formación especializada y capacidad de contención”, afirma García. “La incorporación de psicólogos en los centros educativos podría resultar eficaz si se dotase a cada centro de un número suficiente de profesionales ya que, en el caso contrario, sucedería lo mismo que ocurre con los orientadores: que están sobrecargados y no podrían proporcionar una atención de calidad”.
Hurtado de Mendoza encarna esta sobrecarga ya que atiende a más de 500 alumnos y alumnas: “Un centro educativo no puede ni debe mirar hacia otro lado, pero evidentemente las ratios (cantidad de profesorado en relación a la cantidad del alumnado por clase) tan disparadas dificultan la atención al alumnado”. Roncero lo confirma: “Al final hay que priorizar los casos más graves con ratios tan elevadas y tan pocos profesionales. El factor tiempo en estos casos es fundamental”.
No, tu malestar no es tu culpa
La salud mental ha calado en las redes sociales, los medios y el discurso político, en especial después de la pandemia de la Covid-19. “Parece que también ha existido una polarización: hemos pasado del estigma, de la necesidad de ocultar, al extremo opuesto; a la necesidad de mostrar, al deber de cuidarla y de ir al psicólogo o tomarte un psicofármaco para ello”, relata García. “Este discurso de responsabilizar a la persona de aplicar estrategias y respuestas individuales para resolver problemas que, en muchas de las ocasiones, son colectivos y sociales, dificulta el pensar y cuestionar la base estructural del malestar; resolviéndose solo una pequeña parte, ya que este tipo de problemas sociales requerirían respuestas también colectivas. Se debe actuar desde todos los ámbitos: familiar, educativo, sanitario y social. La implicación tiene que ser por parte de toda la sociedad, de manera que se fomenten espacios de cuidado sin violencias”.
Según Hurtado de Mendoza, las personas adultas “no estamos siendo lo suficientemente sensibles para ver las carencias de nuestra infancia y adolescencia y prever cómo les afectarán en el futuro”. Y aquí está el reto para todas nosotras, especialmente (pero no solamente) aquellas personas que nos dedicamos profesionalmente a acompañar a jóvenes porque todas, en algún punto de nuestras vidas, tendremos cerca a una persona joven de la que ser referente y sostén.
